Defiende el derecho fundamental a la Educación consagrado en el art. 27 de la Constitución y 21 del Estatuto de Andalucía
Paniagua afirma que el derecho fundamental está siendo vulnerado ante
el consentimiento de las autoridades académicas y con "la complacencia y
apoyo" de la Consejería de Educación
Declara que "el que no quiere ir a clase, que no vaya, pero que no impida que los demás lo hagan"
Precisa que la vulneración se está produciendo especialmente en la Universidad de Sevilla
NNGG-A ha pedido hoy al Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo,
que actúe de oficio en defensa del derecho fundamental a la Educación
consagrado en los artículos 27 de la Constitución y 21 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía ante lo que considera una "flagrante
vulneración" de este derecho que asiste a los miles de estudiantes
andaluces "que quieren ir a clase, estudiar y examinarse".
El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Andalucía, Luis
Paniagua, consideró hoy que el Defensor del Pueblo debe actuar porque
entra en el ámbito de sus competencias el defender "un derecho
fundamental que está siendo vulnerado ante la aquiescencia de las
autoridades académicas y con la complacencia y apoyo de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, que han alentado una huelga
política en lugar de velar por los intereses de la mayoría de alumnos
andaluces".
"No nos encontramos ante una colisión de derechos, porque el único
derecho fundamental que entra en este asunto es el de la Educación. Y
está en un rango muy por encima al del paro académico, que no huelga,
que recoge el Reglamento General de la Universidad de Sevilla. El
derecho a la huelga es sólo para los trabajadores y en este caso nos
encontramos ante un paro académico, es decir, que el que no quiere ir a
clase, que no vaya, pero que no impida que los demás los hagan",
explicó.
Precisó que esta vulneración se está produciendo especialmente en la
Universidad de Sevilla y que el resto está actuando con respeto a los
derechos de todos. En este sentido, dijo que por ello "la única
discriminación que hay en este asunto no es la que la Junta enarbola
frente al Gobierno de España, sino la de los estudiantes que quieren
estudiar, no pueden hacerlo y ven cómo los alumnos de otras
universidades sí pueden hacerlo".
Paniagua consideró que la regulación reglamentaria del derecho al paro
académico "podría y debería haberse hecho en unos términos que no
impidieran el legítimo ejercicio del derecho a la educación, que sí es
un derecho fundamental, pero como no ha sido así debemos entender que
los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Estudiantes de la
Universidad de Sevilla son contrarios a derechos fundamentales".
Añadió que el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce el derecho a
la Educación en su artículo 21, pero no habla en ninguno de sus
artículos de huelgas o paros académicos, por lo que, concluyó, el
Gobierno andaluz debe actuar para proteger el derecho de los estudiantes
a estudiar y examinarse y Chamizo, intervenir de manera contundente en
el ámbito de sus competencias para garantizar que los derechos
consagrados en la Constitución y el Estatuto no se sigan vulnerando.
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