La Cámara de Cuentas alerta del nulo control a las subvenciones de la Junta
El órgano fiscalizador detecta desvío de inversiones para pagar nóminas, gastos de propaganda, apertura de senderos, jornadas de turismo o seguros agrarios
Día 22/05/2012 - 08.22h
No es casual que la Consejería de Empleo fuera el epicentro del escándalo de los ERE. La Cámara de Cuentas de Andalucía desvela en
un informe publicado ayer que los mecanismos de control tampoco
funcionaron con el rigor que merece el dinero público en el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE), que depende de la misma consejería, así como en
otros departamentos del Gobierno como Agricultura, Medio Ambiente, Innovación y Obras Públicas.
En concreto, pone el foco en la escasa vigilancia que el SAE realiza a
las cuantiosas subvenciones que dedica al año a fomentar la contratación
en empresas.
El informe sigue la pista al destino de las transferencias de capital en los presupuestos de 2007, 2008 y 2009.
Extrae una muestra de 29 millones distribuidos en 52 documentos de
pago. Concluye que «no se realiza seguimiento y control sobre el
cumplimiento de los compromisos contraídos por los beneficiarios de los
fondos que, gestionados por el SAE, se destinan a financiar políticas de
empleo, de estabilidad laboral y fomento de la contratación indefinida».
«Esto implica el desconocimiento respecto a la consecución del fin u
objeto pretendido con la subvención y, en su caso, si procede requerir
su reintegro», señala la Cámara de Cuentas, que está ultimando otra
auditoría monográfica sobre el fraude de los ERE que presentará en
breve.
Lo ilustra con un caso concreto, el de un incentivo de 805.923 euros que el SAE dio a la empresa Konectanet Andalucía SL,
de Bollullos de la Mitación (Sevilla), a cambio de incrementar sus
trabajadores indefinidos durante cuatro años. «La revisión del
expediente ha constatado que no existe evidencia documental del control
y seguimiento de la situación del personal respecto de la fecha desde
la que se concedió la subvención», afirma. El SAE alegó que consultó
vidas laborales y que sólo ha pedido la devolución de 9.162 euros
correspondientes a tres contratos que causaron baja.
Sin justificar
El
informe, de 32 páginas, está plagado de reparos por el mal uso que la
Junta realiza de las transferencias de capital, que por ley deben destinarse a la creación de activos fijos
(lo que comúnmente se conoce como inversiones) y subvenciones. Sin
embargo, con frecuencia las emplea en pagar sueldos del personal de la
administración paralela de la Junta o a financiar jornadas de turismo, pólizas de seguros agrarios, la apertura de senderos o incluso gastos en propaganda.
En
lo que respecta a las subvenciones, la Cámara de Cuentas detecta que el
SAE y las consejerías de Innovación y de Obras Públicas dictaron ocho resoluciones de exoneración
por 5,24 millones de euros. Es decir, se saltaron el precepto legal que
prohíbe dar más dinero a quienes no presentan facturas de ayudas
anteriores y les «perdonaron» la obligación de «justificar» los fondos
«en tiempo y forma» para seguir pagándoles subvenciones «sin que conste
una motivación suficientemente adecuada y soportada». Destaca que esta mala praxis
suele ser habitual en Obras Publicas, con las ayudas que da a
ayuntamientos para rehabilitación de viviendas y edificios. Este
departamento concedió esta «medida de gracia» a los consistorios de
Zalamea La Real (27.165 euros) y el Ayuntamiento de Sevilla (178.417),
cuando este estaba gobernado por el socialista Alfredo Sánchez
Monteseirín. Para hacerse una idea de la magnitud económica que se mueve en transferencias, entre 2007 y 2009 se abonaron 10.079 millones de euros.
La
auditoría, que insta a las consejerías al «cumplimiento riguroso de las
normas de control sobre las subvenciones», pone de manifiesto la falta de archivo y registro informático sobre
los libramientos pendientes de justificar en el sistema de contabilidad
interna, denominado Júpiter, que utiliza la Administración.
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