Acyco presentó un ERE por sus relaciones con la Junta y el PSOE

Anticorrupción pide 3,5 millones de euros para Poto y 153.000 para Barrero

mercedes benítezabcdesevilla / sevilla

Día 17/05/2012 - 08.20h

JUAN FLORES

Encarnacio Poto, imputada en el caso ERE, ayer en el juzgado con su abogado Javier Jimeno Puche

Obtención indebida de subvenciones, prevaricación y cohecho son los delitos que ayer imputó la juez Alaya a Encarnación Poto, imputada en el caso ERE que ayer se acogió a su derecho y no declaró. Sin embargo Poto, que ni siquiera quiso que la magistrada le leyera el escrito de imputaciones, se enfrenta a la petición de una fianza millonaria por parte de la Fiscalía. Anticorrupción solicitó que pague 3,5 millones de euros como medida real en base a las imputaciones que le hizo la juez. Unas imputaciones relacionadas con su inclusión en el ERE de Acyco pese a que siguió trabajando como presidenta de esa empresa y por incluir a dos intrusos.

Poto se remitió a su declaración ante la Guardia Civil y negó haber destinado 109.620 euros de la Junta para ayudas sociolaborales a pagar al bufete Garrigues y afirmó que ese dinero se destinó a contratar a personal eventual, cuyos contratos aportó, y que la factura de Garrigues salió de la empresa, según dijo su defensa.

Después de Poto declaró también como imputado Gabriel Barrero, director de recursos humanos de Acyco, a quien la juez imputa obtención indebida de ayuda de la administración, prevaricación y malversación. Su imputación se basa en la inclusión en el ERE de Poto a sabiendas de que seguiría como presidenta del consejo de administración y permitiendo que se beneficiara de ello. Y por su participación en la solicitud de ayuda excepcional por 109.620 euros «alegando que era para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo cuando en realidad era para el abono de la minuta de Garrigues». Y por la inclusión de dos intrusos.

El fiscal solicitó que Barrero pague una fianza de 153.000 euros para cubrir solidariamente las ayudas dadas. En su declaración, que duró casi cinco horas, Barrero admitió que Poto jugó un papel importante en el ERE de Acyco y que este se basó en que ésta «tenía relaciones políticas e institucionales con cargos del PSOE y de la Junta de Andalucía». Y también tenía relaciones con el alcalde de Dos Hermanas y conocía personalmente a Fernando Toscano, que era director general de Cooperativas de la Junta y hermano del anterior. El imputado, que aseguró que las órdenes venían de Poto y la hoja de ruta la iba marcando el despacho de Garrigues, dijo que Poto le había dicho que «todos los gastos relativos al ERE iban a ser financiados por la Junta». E insistió en las relaciones que ésta tenía con la administración.

No era necesario, dice el abogado

Barrero admitió que, dada la falta de liquidez que tenía Acyco, si la Junta no hubiese asumido la financiación, «probablemente no se hubiese realizado» el ERE. También que el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, era «una persona muy cercana» a la empresa. Dijo que «posiblemente el ERE no era necesario» para el funcionamiento de la empresa. E incluso que, para la concesión de la ayuda sociolaboral, la empresa no realizó solicitud por escrito a la Administración. Barrero admitió que Poto cobraba dietas de 3.000 euros por ir a cada consejo de administración. Y no pudo explicar porqué si se celebraba uno al mes, en 2010, cobró más de 98.000 euros. Unas cantidades que tildó de «excesivas».