La Cámara de Cuentas implica a Griñán y Chaves en la financiación irregular de los ERE

Advierte de que el actual presidente autorizó desvíos al «fondo de reptiles» que «no se ajustan» a las normas de la Junta

antonio r. vegaabcdesevilla / sevilla

Día 28/05/2012 - 01.35h

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El presidente José Antonio Griñán y su predecesor en el cargo, Manuel Chaves

La Cámara de Cuentas apunta con munición pesada a la cúpula del Gobierno andaluz en el caso de los ERE. La responsabiliza directamente de la financiación irregular del fondo para subvencionar a empresas en crisis. En un avance de una auditoría monográfica sobre los ERE, que aún está pendiente de aprobar el pleno del órgano fiscalizador, éste da un nuevo giro de consecuencias inquietantes para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán: advierte del incumplimiento de la ley por parte de éste cuando era consejero de Economía y Hacienda (2004/2009) a la hora de desviar dinero al «fondo de reptiles», que sirvió para subvencionar a prejubilados incluidos en ERE de empresas donde nunca habían trabajado y a empresarios cercanos al PSOE y a la Junta. El estudio, al que ha tenido acceso ABC, cuestiona dos modificaciones presupuestarias autorizadas y firmadas por él como responsable político de las finanzas en el Gabinete de Manuel Chaves. Pero también pone bajo sospecha una docena de operaciones del mismo tipo que, al superar el tope de 3 millones de euros, pasaron por el filtro del Consejo de Gobierno en la etapa de Chaves.

Catorce modificaciones

Los auditores de la Cámara de Cuentas no hacen distinciones y ponen en entredicho las catorce modificaciones presupuestarias analizadas, que ascendieron 101.242.865,84 euros, autorizadas entre 2001 y 2010. Señalan que, aunque los desvíos presupuestarios contaran con informes favorables de la Intervención General –que dependía de Griñán—, tanto el actual presidente andaluz como responsable único de aumentar dos veces la partida 31-L, como el Ejecutivo en bloque, violentaron las reglas de juego administrativo utilizando el sistema de transferencias de financiación para repartir subvenciones millonarias entre empresas. Es el mismo argumento que esgrimió la Intervención General en tres informes entre 2005 y 2007 que los responsables autonómicos nunca tuvieron en cuenta: el procedimiento, que consistía en desviar los pagos a través de la agencia autonómica IDEA (antiguo IFA), no era el «adecuado».

La Cámara de Cuentas, un órgano fiscalizador de extracción parlamentaria, avala la teoría de la Intervención: «Pese al cumplimiento de los trámites e informes preceptivos, y a la exposición concreta en cada expediente de los fines que se persiguen y de las alteraciones que se producen en los presupuestos del IFA/IDEA […], el Consejo de Gobierno y el Titular de la Consejería de Hacienda han autorizado a lo largo del periodo 2001 a 2010, modificaciones de créditos que no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta». En una década, la Junta aumentó en 125,87 millones de euros los créditos iniciales de la partida 31-L para empresas en crisis, lo que supone un 24% más de la cuantía presupuestada.

La auditoría, que circunscribe su análisis a aspectos contables –la responsabilidad penal la determinará el juzgado—, tiene una enorme trascendencia para la investigación, pues afianza la teoría trazada por la juez que investiga el fraude, Mercedes Alaya, quien considera ilegal no sólo la constitución del «fondo de reptiles» sino el procedimiento de pago establecido para las ayudas. Atendiendo a esta hipótesis, la magistrada ha puesto en su punto de mira en sucesivos autos al Consejo de Gobierno por aprobar modificaciones presupuestarias saltándose los filtros legales.

Desmonta la defensa

A su vez, el informe desmonta la defensa jurídica mantenida hasta ahora por la Junta para sacudirse sus responsabilidades en la gestión de los ERE. El propio Griñán alegó recientemente que los cambios presupuestarios «se hicieron con la autorización de la Intervención General de la Junta de Andalucía y, por tanto, conforme a la legislación vigente». La Cámara advierte ahora de que tales informes no eran suficientes, como tampoco la coartada de que el programa 31-L se financiaba con presupuestos aprobados por el Parlamento andaluz.

La auditoría, que fue encargada por el propio Gobierno andaluz en la pasada legislatura a modo de cortafuegos para frenar la onda expansiva que provocó el escándalo de los ERE, actúa como una bomba de relojería. Se vuelve en contra de quienes lo encargaron, porque implica en el procedimiento ilegal que dotó durante diez años con 647 millones de euros a la partida 31-L, que dio pie al fraude de los ERE, tanto al actual presidente de la Junta y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, como a todos los altos cargos que tomaron parte en los Consejos de Gobierno que durante una década avalaron el método de las transferencias de financiación.

Por ley, éstas deberían haberse destinado a gastos de funcionamiento de la agencia IDEA en lugar de desviarse al pago de ayudas sin justificación a priori ni a posteriori y, en ocasiones, hasta sin solicitud previa. La Junta debería haberlas canalizado como subvenciones excepcionales. Pero esta fórmula exigía un control más riguroso de los gastos al que no estaba dispuesta. Así, la Cámara de Cuentas concluye que «los créditos que se modifican —Transferencias de Financiación— no se corresponden con la naturaleza económica de los gastos propuestos». Es decir, que no se pueden destinar al pago de prejubilaciones para garantizar la «paz social» amenazada por las continuas crisis industriales, objetivo de la partida 31-L de la Consejería de Empleo.

La auditoría avisa de que las operaciones presupuestarias deben tener la conformidad de la Dirección General de Presupuestos o el informe favorable de la Intervención General de la Junta. Unos requisitos que se cumplen en doce expedientes, «salvo en dos casos». En la mayoría de las modificaciones se justifica el aumento del dinero para los ERE en la necesidad de «atender necesidades derivadas de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo y proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas».

En los últimos meses, el PP ha hecho públicas modificaciones presupuestarias comprometedoras para el presidente. El 26 de mayo de 2011, el líder del PP-A, Javier Arenas, desveló en un Pleno del Parlamento la primera operación elevada por Griñán al Consejo de Gobierno, en noviembre de 2007, por la que se restaron 7,44 millones a varias partidas para proyectos de empleo y cursos de formación para «inflar» el «fondo de reptiles». La Junta defendió que tales operaciones no eran ilegales.