Alaya acusa a la Junta de ocultarle informes que facilita a imputados
La juez de los ERE, «sorprendida» de que la defensa del ex consejero Fernández tenga documentos que ella pidió y no ha recibido. La Junta asegura que es un «un error» y afirma que envió los informes requeridos hace un año
Día 25/05/2012 - 07.52h
Nuevo auto de la juez instructora del caso ERE y nuevo rifirrafe entre la instructora del sumario y la Junta de Andalucía a
cuenta de una información que ésta vuelve a pedir y que el Ejecutivo
andaluz dice haber entregado hace un año. Mercedes Alaya firmó el pasado
18 de mayo un auto en el que solicita nuevas diligencias y da un varapalo a la Junta de
Andalucía, personada en la causa como acusación particular. Según
Alaya, la Administración andaluza sigue sin facilitarle mucha de la
información que el juzgado le pide.
La
jueza asegura en la resolución que «ha sorprendido enormemente» al
juzgado que, pese al requerimiento reiterado a la Junta de Andalucía
para que le enviara los informes sobre
los reparos del a Intervención General, al final haya tenido
conocimiento del citado informe a través de la documentación aportada
por el letrado del exconsejero Antonio Fernández en su recurso contra el auto de prisión.
Según Alaya, lo único que le había enviado la Junta de Andalucía era
«un escueto legajo de documentación donde no constan ni el Informe de la
Intervención Delegada oponiendo reparos a los pagos de dicha ayuda
sociolaboral ni el informe definitivo de la Intervención General de la
Junta de Andalucía.
«Eso demuestra —dice la juez— el fácil acceso que las defensas pueden tener
de la documentación de la Junta de Andalucía y las contínuas
dificultades que la Administración pone a este juzgado, lo cual
contrasta con su posición de acusación particular». Por ello le pide
«por última vez y sin dilación alguna» que aporte el expediente íntegro
relativo a la ayuda sociolaboral concedida a Hijos de Andrés Molina y cada uno de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como el escrito de discrepancia de la Viceconsejería de Empleo.
Sin
embargo fuentes del Gobierno aseguraron ayer que ese informe al que
hace referencia la magistrada está incorporado al sumario desde hace más de un año,
concretamente desde el 29 de marzo, y que se encuentra en el folio
3.274 de las diligencias. En este sentido fuentes de la Junta matizaron
que la instructora les había reclamado esa documentación el 21 de marzo
de 2011 y que se la remitieron el día 29 de marzo. Así, la consejera de Presidencia, Susana Diaz,
aseguró que se trata de un «error» porque la Junta ya envió esos
informes y calificó de «desproporcionada» la fianza impuesta a
Fernández.
Pero
el auto de la juez también solicita más información al Ejecutivo,
incluyendo las fichas presupuestarias y memorias de transferencias
corrientes y de capital al IFA/IDEA en los años 2002, 2004 y 2008.
La
magistrada, que ha impuesto recientemente al exconsejero Antonio
Fernández que se encuentra en prisión la fianza más alta de todo el caso
(807 millones de euros)
también sigue pidiendo diligencias de investigación. Después de que
esta semana mantuviera una reunión con los fiscales anticorrupción, la
magistrada también ha hecho varias peticiones a la Administración autonómica.
Así, pide a las consejerías de Empleo y de Innovación que entregue diversa documentación de los años 2001 a 2010,
entre ellos los expedientes íntegros de modificaciones presupuestarias
de los capítulos IV a VII y los gastos de ambas que guarden relación con
las agencias de la Junta IFA e IDEA, que tramitaron las ayudas investigadas
Por
otra parte, le pide a IFA/IDEA que aporte las actas del consejo rector.
las normas de procedimiento en lo relativo a la gestión económica de la entidad y los expedientes individualizados que
tenga la Agencia de las subvenciones a 59 empresas, todas ellas
investigadas en el procedimiento. Igualmente la juez solicita los
expedientes tramitados bajo la figura de encomienda de gestión así como las mencionadas en los informes de la Auditoría de la Intervención General de la Junta de Andalucía correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009.
Pero también solicita a la Junta de Andalucía los expedientes de subvenciones a otras empresas que aún no se habían incorporado ala
causa. Entre ellas Alpha Corporte, Antonio Gálvez Peluqueros, Consorcio
de Compensación de Seguros, EDM Séneca, Fundación San Telmo, Jerez
Industrial, Novomag Manufacturas Metálicas, San Sebastián de Guadalcanal
S.C.A y Taller de Libros S.L.
Además
Alaya también pide a a la Agencia Tributaria que investigue los
ingresos recibidos y pagos realizados por el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís
y sus relaciones con otras entidades como la aseguradora Uniter, Lógica
Estratégica Empresarial —empresa propiedad del chófer de la Junta
encarcelado Juan Francisco Trujillo— y la empresa sevillana Virgen del Espino.
Por ello, pide a los peritos de la Agencia Tributaria que procedan al «análisis pormenorizado de los ingresos recibidos y pagos realizados» por Villasís con otras entidades.
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