La Junta cambió la ley para pagar los abogados de sus imputados en los ERE

A pesar de que está personada como acusación y por ello pidió prisión para Guerrero, también sufraga la defensa del actual director general de Trabajo

alberto garcía reyes / sevilla

Día 14/04/2012 - 22.08h

El nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se modificó a través de un decreto firmado por Griñán y Mar Moreno

El gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que ha recalcado con cansina insistencia que fue quien denunció la trama de los ERE «caiga quien caiga», actúa sin embargo también como defensa de los cargos imputados por la juez Mercedes Alaya a los que discrecionalmente considera inocentes.

Es, por tanto, acusación y defensa al mismo tiempo. Y de la misma manera que por un lado pidió prisión para su exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, por el otro sufraga la defensa del actual, Daniel Alberto Rivera. Esta flagrante incompatibilidad, detectada por los propios servicios jurídicos de la Junta, ha sido denunciada por el mismo Guerrero, que aseguró a los periodistas durante su declaración judicial que ni él ni el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, tienen cobertura jurídica de la administración mientras que hay otros que sí. Pero, ¿cómo es posible legalmente que la Junta actúe en un mismo proceso en ambos bandos, la acusación y la defensa? La respuesta está en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 23 de diciembre, viernes y víspera de Nochebuena.

El presidente, José Antonio Griñán, y la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, firmaron un decreto «por el que se modifica el Reglamenco de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados». Y en su artículo 93, titulado «Reglas Especiales», se procede a la siguiente modificación: «En los casos en los que, resultando procedente la defensa de las autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía por los letrados y letradas del Gabinete Jurídico, pudiera existir incompatibilidad material por la posición procesal que la Comunidad Autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos, la Consejería competente, previo informe del Gabinete Jurídico, podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa de aquel personal».

No se aclara quién decide si resulta procente la defensa y cuáles son los parámetros para tomar esta decisión. Y se da cobertura legal al doble posicionamiento con recursos públicos. Es decir, tanto la acusación como la defensa de las autoridades que arbitrariamente se acuerde se pagan con el erario.

Pero no es la única cuestión paradójica. También resulta curiosa la forma en que la Junta está aplicando esta nueva normativa. A Guerrero y a Rivas no se consideró oportuno ofrecerles los recursos de la administración. Sin embargo, al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, imputado por la juez Alaya, sí. El Gobierno elige a quién apoya y a quién no. Fuentes de la Junta han confirmado a este periódico que el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha ordenado contratar los servicios de un conocido despacho de abogados de Málaga para defender a Rivera. El citado bufete ya ha enviado incluso una primera factura de más de 21.000 euros que se pretende abonar por la modalidad de contrato menor. Las mismas fuentes aseguran que la Intervención General ha puesto reparos al acuerdo. Pero no por el hecho de contratar la defensa, ya que el decreto de Griñán y Mar Moreno avala la acción de Recio, sino porque se considera que el abogado seguirá cobrando minutas y no se pueden adjudicar a una misma defensa distintos contratos menores, ya que podría entenderse que se están fraccionando facturas para no sacar a concurso la adjudicación. Un defecto de forma, vamos.

La Junta no puede defenderlo porque es acusación

A fecha de hoy todavía no se ha dado curso a ese contrato, según ratifican las citadas fuentes, pero la primera factura del despacho malagueño está en la Consejería de Empleo desde antes de las elecciones esperando a que se encuentre una fórmula para ser abonada. Pero el propio Boletín Oficial confirma la doble cara de la Junta de Andalucía en todo este proceso en el que se ufana de colaborar con la Justicia, pero usa los fondos públicos para defender a los socialistas imputados que por razones no argumentadas públicamente considera limpios. Es, por tanto, la propia administración pública la que estaría haciendo un juicio paralelo al determinar quiénes tienen derecho y quiénes no a pagarse su defensa con el erario.

El exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión tras declarar ante la juez de instrucción número 6, se ha quejado amargamente de esta circunstancia. Porque el PSOE está gobernando la administración con los mismos criterios con los que gestiona orgánicamente el partido. De hecho, ha expulsado de sus filas a Guerrero y a Rivas, pero no a Rivera. El rasero es exactamente el mismo que para el pago de los abogados. Y, de paso, se traslada el problema al Gabinete Jurídico. Basta con citar un dato de la factura del bufete malagueño: en ella se menciona que se hace cargo de la defensa de Daniel Alberto Rivera porque los servicios jurídicos de la Junta han rehusado a hacerlo por incompatibilidad procesal. La Junta no puede defenderlo porque es acusación. Pero la nueva normativa aprobada por Griñán y Moreno ha logrado solucionarlo: gracias a su ardid jurídico, los andaluces estamos pagando al que acusa y al que defiende. A ver cuál de los dos es mejor.

Las dos caras del Gobierno socialista

Ambos han tenido la misma responsabilidad y han sido igualmente imputados por el caso de los ERE. Pero la Junta ha decidido que al primero lo acusa y al segundo lo defiende. A Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo desde 2000 a 2008, primero lo expulsó del partido y luego le pidió prisión al estar la institución personada como acusación. Sin embargo, a Daniel Alberto Rivera, actual director general de Trabajo, se le mantiene en el puesto y se le sufragan los servicios jurídicos para que se defienda. Mientras tanto, Griñán sigue asegurando que la Junta está colaborando «caiga quien caiga».