Andalucía / ere fraudulentos

El fiscal cree que la Junta ideó los ERE para repartir dinero sin control

El PP y Manos Limpias pedirán el ingreso en prisión del exconsejero Antonio Fernández

mercedes benítez / sevilla

Día 23/04/2012 - 11.18h

jesús spínola

Antonio Fernández (derecha), exconsejero de Empleo, junto a su letrado

«¿No es cierto que, con la excusa de la paz social, el sistema fue ideado por la Junta de Andalucía para poder disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior en beneficio de determinadas personas y en perjuicio de resto?». Esa fue la última pregunta formulada ayer por el fiscal anticorrupción al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que respondió que no, pero que da una idea de la gravedad de los cargos. Tras esto, el panorama para el imputado es bastante negro, después de tres días de intensas declaraciones (con jornadas de doce horas apenas interrumpidas por breves recesos para comer).

Se le acusa de seis delitos, cuatro continuados de prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación y negociación prohibida a los funcionarios, otros dos de cohecho y uno de falsedad. Y ello supone que la magistrada Mercedes Alaya tendrá que decidir al final qué hacer con Fernández después de que, al menos el PP y Manos Limpias —el fiscal aún no se ha pronunciado— soliciten el ingreso en prisión. El exconsejero podría, por lo tanto, enfrentarse a una petición de varios años de cárcel.

Y eso que Antonio Fernández fue capaz de mantener el tipo ante la juez los dos primeros días y sólo ha empezado a flaquear casi al final (como cuando reconoció la inclusión de intrusos en Calderinox o las irregularidades en los ERE de Río Grande o Surcolor).

Pero la actitud de la juez en el interrogatorio deja muy poco espacio para la duda. Parece tener claro su responsabilidad como titular de la Consejería y que debía estar al tanto de todo lo que ocurría. «Usted fue corresponsable del uso descuidado y abusivo del dinero público», le recriminó. Y el fiscal anticorrupción tampoco ha disimulado su contrariedad ante algunas de las respuestas del exconsejero, al que ayer se veía visiblemente cansado. «Se le nota que no puede más», comentaba un letrado.

Aún así, el exalto cargo se defendió con uñas y dientes insistiendo en la legalidad de un sistema que, dijo, fue avalado por un documento de la Intervención de la Junta de Andalucía, aunque no pudiera presentar ese papel por escrito. Así, recalcó en las preguntas del fiscal anticorrupción que cuando Juan Márquez (también imputado) llegó a la Dirección General de Trabajo para sustituir a Francisco Javier Guerrero, pidió un informe para conocer la legalidad del sistema. Y tras ello, siempre según su versión, IDEA aseguró en ese informe avalado por la Intervención que el convenio marco era correcto en líneas generales, aunque había que cambiar el sistema de transferencias de financiación por encomiendas de gestión. Fernández no pudo aportar ese escrito al juzgado y se remitió a información interna.

Durante el interrogatorio del fiscal, admitió que no se daba publicidad ni antes ni después de conceder las ayudas porque nadie de los servicios técnicos le dijo que hubiera que hacerlo. Además, la defensa de Fernández recalcó que el propio exconsejero paró una ayuda en el segundo ERE de Mercasevilla porque no le parecía correcto.

Previamente, el imputado acabó el interrogatorio de la juez con un alegato de defensa de su inocencia. «Siempre he trabajado bajo el criterio de la legalidad presupuestaria», recalcó, tras haber respondido a 200 preguntas de la juez. Y también se defendió de la acusación de la instructora de haber participado en el ERE de González Byass, la bodega en la que trabajó hasta que entró en política. De hecho, la juez lo acusa porque hay actas de esas reuniones. Sin embargo, Fernández sostuvo que sólo se reunió con el presidente de González Byass a petición de éste y en esa cita le informaron de que había sido incluido en la póliza y que se extinguía su relación laboral con la empresa. El exconsejero dijo que cuando, en julio de 2008, llamaron a los 94 trabajadores para firmar la citada póliza, sólo acudieron 93 porque él no fue. Pero la juez cree que si el imputado no llegó a cobrar los 385.000 euros de esa póliza es porque se inició la causa penal.

En la recta final, a preguntas del letrado de la Junta, el imputado admitió que no se preocupaba de pedir los expedientes de las ayudas concedidas, ante lo que la juez Alaya le indicó: «Acaba de dar usted un titular de prensa». Hoy continúa el proceso.