Andalucía
La juez cuestiona si la Junta dio «orden» de no investigar el «fondo de reptiles»
Alaya acusa a Fernández de hacer «dejación absoluta» de funciones en el Gobierno andaluz para «enriquecer a unos» y «empobrecer las arcas»
Día 25/04/2012 - 08.10h
jesús spínola
El cerco del fraude de los ERE cada vez acorrarala más al presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. La juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó ayer a las 6.45 horas,
tras cuatro días y 40 horas de tenso interrogatorio, prisión
provisional y sin fianza para quien fuera consejero de Empleo bajo el
mando de ambos, Antonio Fernández, al entender que hay riesgo de fuga y podría «entorpecer» la instrucción.
Despejada
la comprometida situación penal de Fernández, el foco de la
investigación se pone ahora sobre puestos más altos en la jerarquía
política del Ejecutivo, siguiendo la teoría de la pirámide que ya
enunció en noviembre. En el auto de prisión, de 77 páginas,
la magistrada pone de manifiesto tanto la «ilegalidad» como la laxitud
en el control del sistema de reparto del dinero de los ERE.
Se pregunta si hubo «alguna orden o decisión política» para que la Intervención General de la Junta,
que dependía entonces de Griñán siendo consejero de Economía (2004/09),
no actuara con más severidad contra el fondo ilícito emitiendo un
informe de actuación. Este órgano fiscalizador hizo tres resoluciones
entre 2005 y 2007 alertando de que el procedimiento no era adecuado,
informes que fueron desoídos y rebatidos por IDEA,
la agencia a la que Empleo desvió los pagos para eludir los controles
legales. «Habrá que seguir investigando por qué no se concluyó por la
Intervención, al rechazar las alegaciones de IDEA, con el informe de
actuación, y si en dicha omisión pesó de alguna forma alguna orden o
decisión política», advierte Alaya, que afea a Fernández, al que se
refiere en el auto como «experto jurista», que no tuviera en cuenta los
reparos.
La
juez apunta directamente a la cúpula del Gobierno y desmonta el
cortafuegos creado en torno a Griñán, quien no se ha cansado de repetir
que no se cambió el procedimiento porque los informes de Intervención
eran meras observaciones. Y, en cualquier caso, la viceconsejera de
Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, actual consejera en funciones, nunca se los hizo llegar a su superior.
Diez años de descontrol
El «fondo de reptiles» nació de un convenio firmado el 17 de julio de 2001, por Fernández y el también exconsejero de Empleo José Antonio Viera (que
está aforado al ser diputado). El objetivo, según la juez, era
«institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la
concesión de ayudas públicas» y permitir el «uso abusivo» y «grosero» de
fondos para «ayudas fraudulentas» a círculos empresariales próximos al
PSOE. «Lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo (diez años)
se haya podido olvidar el cumplimiento de la ley», advirtió.
Por acción o por «dejación absoluta», a juicio de Alaya, la gestión de Fernández generó «un enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad por
el despilfarro continuado de sus fondos, y todo ello con una
inconmensurable falta de control, autorizada, conocida y consentida,
entre otros, por el Sr. Fernández». Sobre él pesan seis delitos:
falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación, prevaricación,
fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La juez accedió a la severa medida preventiva que pidió la Fiscalía Anticorrupción, además del PP y Manos Limpias, y de la que se desmarcó la Junta. En el auto advierte de que puede enfrentarse a 18 años de prisión.
Alaya le culpa del «despilfarro continuado» de 477,62 millones de euros,
es decir, 79.469 millones de pesetas de fondos públicos. En la década
que permaneció como viceconsejero y consejero (2000/10), se concedieron 837 ayudas para ERE con 21 intrusos por 395,46 millones de euros y 294 ayudas directas a empresas que ascendieron a 82,15 millones a través del llamado «fondo de reptiles».
Fernández es el tercero de los 50 imputados en
la trama que entra en prisión y el exalto cargo andaluz de mayor rango
que se enfrenta a esta drástica medida preventiva, que vuelve a poner
contra las cuerdas al Gabinete de Griñán. En el arranque de la campaña
de las autonómicas, la Guardia Civil escoltó a su subordinado, el ex
director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, hasta un furgón policial para su traslado a prisión tras decretarlo la juez. Diez días después, lo hizo el chófer de éste, Juan Francisco Trujillo,
acusado de once delitos. Trujillo aseveró que durante tres años gastó
alrededor de 25.000 euros al mes para comprar y consumir cocaína con su
exjefe.
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