Cabezera

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lunes, 11 de junio de 2012

Soto exige a la Junta la “urgente” modificación de Ley de Servicios Sociales de Andalucía por estar “obsoleta"




Afirma que la Ley "ni tan si quiera establece como un derecho los Servicios Sociales Básicos"

Pide a Montero que "concrete" una fecha de inicio de modificación de la Ley Insta a la Administración al desarrollo de los art. 23.2 y 37.1 del Estatuto andaluz

Llama al compromiso de todos los grupos políticos con quienes "más están sufriendo la crisis"

Acusa al Gobierno andaluz de no ejecutar 351 millones de euros presupuestados para desarrollar la Ley de Dependencia

Informa de que los ayuntamientos "soportan más de 600 millones" en competencias "impropias"

La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, exigió hoy a la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, la "urgente" modificación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que está vigente desde 1988, "por estar obsoleta" y porque "esta Ley destinada a ser la columna vertebral de las políticas Sociales, ni tan si quiera establece como un derecho de los andaluces los Servicios Sociales Básicos", añadió.

Soto, quien intervino en la Comisión de Salud y Bienestar Social que hoy se celebró en el Parlamento andaluz, también pidió a Montero que "concrete" una fecha de inicio de modificación de la citada Ley, e instó a la Junta de Andalucía al desarrollo legislativo de los artículos 23.2 y 37.1 del Estatuto de Andalucía, que recogen la inclusión social y la reta básica.
En este sentido, explicó que "hemos escuchado demasiadas veces la promesa del Gobierno socialista de la aprobación de la Ley de Inclusión Social y el derecho subjetivo a la Renta Básica como una prestación económica", si bien, "como con casi todo el articulado del Estatuto no lo han cumplido", criticó.
"La crisis afecta a todos, pero a unos más que a otros y los más vulnerables necesitan especialmente el apoyo de la Administración Pública", subrayó la diputada popular, quien recordó que Estatuto de Autonomía andaluz "garantiza en su apartado de Derechos Sociales" (Título I): la protección social, jurídica y económica a las familias, mayores, menores, personas con discapacidad, personas con dependencia o a aquellas en situación de riesgo social. Por esto, hizo un llamamiento al compromiso de todos los grupos políticos con quienes "más están sufriendo la crisis".
DEPENDENCIA
Respecto a la Ley de Dependencia, Soto recordó que Andalucía es "una autonomía de primera con competencias plenas", lo que implica que la Junta "tiene competencias para tomar decisiones propias" en esta materia, por lo que exigió a la titular de este departamento que "deje de ocultar todas las carencias y recortes tras la coartada del Gobierno de la Nación", quien "ha garantizado las prestaciones en Dependencia en los PGE con un incremento de 18,7 por ciento", mientras que "fueron ustedes, el PSOE y Zapatero, los que bajaron el presupuesto de 2011 un 10%", recordó.
"Son ustedes quienes han recortado en dependencia", criticó Soto, quien censuró la postura del Gobierno andaluz al "no quitar grasa política, preferir mantener el gasto público al social, recortar la prestación de servicios a los más vulnerables", así como disminuir "los sueldos a los trabajadores" de la Junta de Andalucía y "congelar la Ley de Dependencia en diciembre de 2010", apuntó.
"Nunca se ha aplicado el Grado I nivel 2 y no se han dado curso a los expedientes de este grado y nivel", lamentó la dirigente popular, quien invitó a la consejera Montero a que "pregunte a los trabajadores de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia cuántos miles de expedientes llevan años en los cajones o pregunten a las miles de familias afectadas a las que crearon falsas expectativas cuanto tiempo llevan esperando su prestación".
También recordó que el Gobierno andaluz ha dejado de aplicar 351 millones de euros presupuestados en los últimos años para el desarrollo de la Ley, toda vez que los ayuntamientos andaluces "se enfrentan anualmente a más de 1000 millones de euros en la prestación de los Servicios Sociales y sólo en competencias impropias soportan más de 600 millones", indicó.
Por último, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, exigió un Plan de pago urgente para las organizaciones sin ánimo de lucro y las entidades locales.

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