La Junta barajó crear otro «fondo de reptiles» en su Fundación de Empleo
En 2008 se planteó sustituir la agencia IDEA por la Faffe para pagar los ERE, pero lo desechó al no tener encaje legal
Día 07/06/2012 - 21.35h
felipe guzmán
La Consejería de Empleo manejaba un «plan B» para financiar prejubilaciones después de que la Intervención General de la Junta pusiera objeciones entre 2005 y 2008 al procedimiento de pago que la juez Mercedes Alaya considera ilegal. La alternativa que barajaba y que al final no llegó a materializarse por escollos jurídicos consistía en sustituir la agencia IDEA por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)
como ente pagador de las ayudas, muchas de las cuales fueron a parar a
falsos trabajadores. Para darle visos de legalidad se pensó en hacer una
encomienda de gestión desde la Consejería de Empleo, lo que en la
práctica suponía desviar los fondos para ERE al nuevo organismo de la administración paralela de la Junta que hace un año se integró en el Servicio Andaluz de Empleo debido a la cuestionada reordenación del sector público.
Lo
que se buscaba con esta fórmula era «instrumentalizar los convenios de
prejubilaciones a través de la Faffe en lugar de con IDEA», en palabras
del entonces director de Administración y Finanzas de esta agencia, Antonio Diz-Lois. Así lo revela un correo electrónico remitido por este directivo el 3 de junio de 2008 a Ramón Díaz y al exdirector general del organismo de la Junta, Jacinto Cañete.
En
este revelador email, al que ha tenido acceso ABC y que está
incorporado a los atestados de la Guardia Civil sobre el fraude de los
ERE, Antonio Diz-Lois le pidió a Díaz que preparara una reunión urgente
con el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, sustituto de Francisco Javier Guerrero
al frente del departamento que concedía las ayudas. Contratado por la
Faffe, el exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz fue entre 2005 y 2008
mano derecha del Guerrero, principal imputado en el caso. Diz-Lois, que
se encargó del presupuesto de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social (DGTSS), no había hecho más que aterrizar en la agencia
IDEA cuando planteó a Díaz «una reunión urgente para ver los temas de
los convenios de la DGTSS». «Si te parece —añade— se puede fijar el
siguiente orden del día, coméntalo con el director general», en alusión a
Márquez, que apenas llevaba un mes al frente de la Dirección de Trabajo.
Entre
las cuestiones a abordar enumeró cuatro: analizar la posibilidad de
«instrumentalizar» las ayudas a través de la Faffe; «examinar la
situación real de los convenios firmados, pendientes de firmar y los
saldos reales de cada una de las pólizas»; determinar «los
procedimientos a llevar a cabo para los pagos y liquidación de los convenios»
y, por último, «seleccionar las operaciones a pagar a corto plazo».
También le pregunta sobre el conocimiento de este tema «a nivel de
viceconsejeros y si ya se ha tomado alguna decisión al respecto».
El
«plan B» no prosperó. En lugar de anular las ayudas al percatarse de
que estaban plagadas de irregularidades, los sucesores de Guerrero
optaron por sustituir los convenios por encomiendas de gestión a IDEA para pagar una deuda con aseguradoras de 343 millones.
Según la exasesora laboral María José Rofa, que declaró como imputada
el 2 de febrero ante la Guardia Civil, se planteó desviar los pagos a la
Faffe porque IDEA, a diferencia de esta fundación, había dejado de
depender de la Consejería de Empleo y estaba adscrita a la de
Innovación. Rofa explicó que esta segunda vía se desechó porque la Faffe
«no debía gestionar este tipo de funciones, ya que la norma legal no
permitía ese tipo de encomiendas», según recoge el atestado policial.
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