Andalucía
La Junta veta que los miembros del Gobierno declaren por los ERE
El Ejecutivo autonómico devalúa la comisión de investigación parlamentaria mientras se estrecha el cerco policial sobre los responsables políticos
Día 06/06/2012 - 07.28h
efe/ eduardo abad
Mientras
el cerco policial se estrecha sobre algunos de los máximos responsables
de la Junta desde 2001 hasta la actualidad por el escándalo de los ERE,
el Gobierno andaluz desveló ayer su verdadera intención sobre el
alcance que debe tener la comisión de investigación que se va a crear en
el Parlamento para acotar las responsabilidades políticas. Según la
opinión de la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, el Ejecutivo no
ve motivos para que en la comisión indagatoria comparezcan ni el actual
presidente, José Antonio Griñán; ni su antecesor, Manuel Chaves, ni ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno, actuales o anteriores.
Pese
a que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, manifestara el
pasado 8 de mayo en una entrevista con Canal Sur que no tenía
inconveniente en comparecer en la comisión de investigación
parlamentaria sobre los ERE, su consejera de la Presidencia, Susana Díaz,
aseguró ayer que no había motivos para que la declaración de Griñán se
llevara a cabo. Ni la de él, ni la del expresidente Manuel Chaves, o la
del exconsejero Gaspar Zarrías, que asimismo se mostró dispuesto a ser interrogado en sede parlamentaria.
Ayer,
tras la reunión del Consejo de Gobierno y en el transcurso de una rueda
de prensa, Susana Díaz dijo que en base a las conclusiones del atestado
de la Guardia Civil sobre el caso de los expedientes de regulación de
empleo (ERE) fraudulentos, conocido el pasado viernes, no existen «elementos probatorios» que
justifiquen la declaración del actual presidente de la Junta, José
Antonio Griñán; de su antecesor, Manuel Chaves, y de cualquier otro
miembro del Consejo de Gobierno.
Según
la consejera, hasta ahora no se ha podido demostrar que algún miembro
del Ejecutivo andaluz tuvo conocimiento de que se estuvieran cometiendo irregularidades o ilegalidades en relación con ERE.
En
cualquier caso, matizó Susana Díaz, la constitución de la comisión de
investigación, método de funcionamiento y nombre de los comparecientes,
dependerá exclusivamente de los grupos políticos que están representados
en la Cámara autonómica. Son aspectos, añadió, que aún no se han
decidido, para apuntar a continuación que «yo no encuentro en estos
momentos ningún motivo ni ninguna justificación» para que se llame al
presidente de la Junta, debido a que en el mencionado atestado no hay, a
su juicio, «elementos probatorios que nos lleven a pensar que tengan
que ir ni el presidente —tampoco en su condición de exconsejero de
Economía— ni ningún miembro del Consejo de Gobierno», incluido el exjefe del Ejecutivo, Manuel Chaves.
En prisión
En este sentido, y dado que el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero,
están en prisión por orden judicial, la consejera de la Presidencia fue
preguntada si la comisión de investigación del Parlamento tiene alguna
razón de ser. Al respecto, Susana Díaz señaló que existe una voluntad en
la Cámara de desarrollar esta comisión en las próximas fechas, «pero es
cierto que algunos de los posibles comparecientes se encuentran en la
situación en la que se encuentran».
Y
sobre la duración de la comisión, la consejera no quiso confirmar una
información de «El País» sobre la intención del presidente Griñán de
zanjar los trabajos antes de que concluya el verano, al objeto de comenzar el nuevo curso político en septiembre sin
hipotecas. Díaz aseguró que es muy respetuosa con los distintos
órganos, «y tendrán que ser el Parlamento y los grupos los que decidan
el trabajo y cómo se va a desarrollar».
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