Ferreira exige "un golpe de timón mediante propuestas, compromisos firmes, realidad, plazos y presupuestos"
Recuerda que la Junta tiene las competencias desde hace 15 años
Afirma que Consejería "ha sido maltratada de manera inmisericorde por los continuos cambios de su cúpula"
Critica el "constante colapso" judicial, la "escasez" de medios, los recortes presupuestarios y la adopción de medidas insuficientes
Cifra en casi un 45% los asuntos pendientes en los juzgados andaluces y mas del 75% en las ejecutorias
Aboga por un pacto por la Justicia, "consensuado entre partidos políticos y operadores jurídicos"
Exige la implantación Plan Integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género
Califica como "nula" la gestión del Gobierno en materia de inmigración
Recuerda que la Junta tiene las competencias desde hace 15 años
Afirma que Consejería "ha sido maltratada de manera inmisericorde por los continuos cambios de su cúpula"
Critica el "constante colapso" judicial, la "escasez" de medios, los recortes presupuestarios y la adopción de medidas insuficientes
Cifra en casi un 45% los asuntos pendientes en los juzgados andaluces y mas del 75% en las ejecutorias
Aboga por un pacto por la Justicia, "consensuado entre partidos políticos y operadores jurídicos"
Exige la implantación Plan Integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género
Califica como "nula" la gestión del Gobierno en materia de inmigración
El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario del PP andaluz, Juan
Ramón Ferreira, criticó hoy que el consejero de Justicia, Emilio De
LLera, estrenara su cargo con declaraciones "alejadas de los problemas
reales de la Justicia y más próximas a la defensa de los intereses de
los imputados por el escándalo de los EREs, que a la defensa de los
intereses generales de los andaluces", lo que a su juicio, ha provocado
el aumento "de la preocupación del conjunto de jueces y magistrados
andaluces", quienes esperaban "un golpe de timón" mediante "propuestas,
compromisos firmes, realidad, plazos y presupuestos".
Durante la Comisión de Justicia en la que compareció el nuevo titular del ramo, Ferreira aseguró que su formación esperaba "que usted corrigiera el rumbo errático que se ha llevado hasta ahora" y "marcara la dirección correcta", para "poder ofrecerle nuestro apoyo". "Nos han vuelto a decepcionar y van a volver a defraudar a los andaluces", subrayó Ferreira, quien recordó a De LLera que "la Junta de Andalucía tiene transferidas las competencias de justicia desde el año 1997", y que por tanto, el PSOE es "el responsables desde hace 15 años".
Durante la Comisión de Justicia en la que compareció el nuevo titular del ramo, Ferreira aseguró que su formación esperaba "que usted corrigiera el rumbo errático que se ha llevado hasta ahora" y "marcara la dirección correcta", para "poder ofrecerle nuestro apoyo". "Nos han vuelto a decepcionar y van a volver a defraudar a los andaluces", subrayó Ferreira, quien recordó a De LLera que "la Junta de Andalucía tiene transferidas las competencias de justicia desde el año 1997", y que por tanto, el PSOE es "el responsables desde hace 15 años".
En este sentido, añadió que la Junta de Andalucía "no van a tener
fácil echarle a la culpa a otros de sus males, aunque estoy seguro que
lo intentaran". Entre las carencias que Andalucía sufre en esta materia,
el diputado popular citó los asuntos pendientes y las sentencias sin
ejecutar, lo que configura "un constante colapso judicial" en la
Administración judicial.
Asimismo, subrayó que la Consejería de Justicia "ha sido maltratada
de manera inmisericorde en los últimos tiempos por los sucesivos
gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía", y lamentó los continuos
cambios en este departamento desde su cúpula, "por la que han pasado
cuatro consejeros en cuatro años", hasta las direcciones generales y
delegaciones provinciales.
Según Ferreira, otra de las características de la gestión del PSOE,
ha sido los continuos vaivenes de las competencias, que "han ido de un
sitio para otro, con una falta absoluta de compromiso en la gestión",
originando una paralización en "la cobertura de las carencias y
necesidades, y en la mejora de la justicia, hasta convertir a la
administración autonómica en un problema añadido y no en parte de la
solución", criticó.
"Se han perdido los cuatro últimos años y seguimos donde nos
encontrábamos al inicio de la anterior legislatura, es decir, muy lejos
de alcanzar, siquiera aproximarnos, a la meta del rendimiento óptimo de
la justicia", lamentó el diputado popular.
En este sentido, afirmó que "la escasez de medios, los recortes
presupuestarios, la adopción de medidas insuficientes, cuando no
inadecuadas, y el retraso en la puesta en marcha de otras, han agravado
la situación en nuestros juzgados y deteriorado la percepción de los
ciudadanos hacía un servicio básico y esencial, provocado cuantiosos
perjuicios para el justiciable".
También reprochó al presidente de la Junta, José Antonio Griñán,
hacer referencia alguna a la justicia en su discurso de investidura, así
como "el raquítico contenido del acuerdo del bipartito que se convierte
en señales de alarma sobre las intenciones de la coalición PSOE-IU",
opinó.
Pésima gestión socialista
Del mismo modo, el portavoz del GPP mostró su preocupación por el
aumento de asuntos pendientes en los juzgados andaluces durante la
pasada legislatura, que han superado el 43%, es decir, casi unos 615.000
expedientes, así como el número de ejecutorias, que sufrieron "un
espectacular porcentaje superior al 75%, superando ya las 450.000",
añadió.
"Las infraestructuras judiciales son otro calamitoso ejemplo de
pésima gestión por parte del Gobierno andaluz. Hoy, todavía, se siguen
ejecutando actuaciones contempladas en el Plan de Infraestructuras
Judiciales 2002-2009, que tres años después de la fecha prevista para su
finalización, apenas alcanza un grado de ejecución del 60%", lamentó.
Respecto a las Ciudades de la Justicia, Ferreira indicó que aunque la
creación de éstas fue anunciada por el Gobierno socialista en 1996, a
día de hoy sólo funcionan Málaga y Almería.
"El Alto Tribunal andaluz ha subrayado que sedes y dependencias
judiciales se encuentran en una deficiente situación y carentes de
medios acordes con la necesaria prestación de calidad de la justicia en
nuestra comunidad y con edificios dispersos e inadecuados, con costosos
alquileres en paralelo y servicios duplicados, que incide en costes,
calidad y servicio", argumentó.
Por esto, aseguró que la política desplegada por la Junta en materia
de infraestructuras ha acarreado, además, un desorbitado gasto en
alquiler de sedes judiciales, que según apuntó, ascendió a más de 75
millones de euros en la pasada legislatura.
Pacto por la Justicia
Por todo lo anteriormente reseñado, Ferreira abogó por un pacto por
la Justicia, "consensuado entre partidos políticos y operadores
jurídicos, con los compromisos y las medidas para la prestación de
calidad de este servicio esencial en un Estado de Derecho", subrayó.
En este sentido, consideró necesario desarrollar la Oficina Judicial;
reformar la Ley de Demarcación y Planta; modernizar las
Infraestructuras judiciales; un calendario realista de Ciudades de la
Justicia; gestionar eficaz y eficientemente de recursos humanos y medios
materiales; transformación tecnológica e impulsar la mediación y el
arbitraje como alternativa a la vía judicial.
Asimismo, abogó por la implantación de un plan de choque en
coordinación con el CGPJ, TSJA y Ministerio de Justicia, para reducir el
volumen de asuntos pendientes y mejorar la ejecución de las sentencias.
Violencia de Género
En relación a la lucha contra la violencia de género, competencia que
en el nuevo organigrama de la Junta de Andalucía pasa a depender de la
Consejería de Justicia, incidió en que las actuaciones en esta materia
"son pocas cuando se trata de salvar vidas", y exigió la implantación
Plan Integral de sensibilización y prevención contra la violencia de
género contenido en el art. 8 de la Ley de Medidas de Prevención y
protección integral contra la violencia de género, que fue aprobada con
apoyo del GPP, a finales de noviembre de 2007.
"De dicho Plan iba a depender la práctica totalidad de la política a
desplegar por el Gobierno andaluz en materia de lucha contra la
violencia de género, ya que los ejes de intervención del mismo eran
Justicia, Salud, Medios de Comunicación, Cuerpos de Seguridad del
Estado, Educación, Empleo y Atención Social", pero "concluyó la
legislatura y lo seguimos esperando, cuatro años después de su
aprobación", criticó.
En este sentido, recordó que Andalucía registra, por tercer año
consecutivo, una de cada cuatro muertes por violencia de género que se
producen en España.
Inmigración
Por último, el portavoz de Justicia del GPP, Juan Ramón Ferreira,
lamentó que la gestión del Gobierno "ha sido más que mala, nula, porque
han incumplido las promesas que el Sr. Griñán anunció en el discurso de
investidura de 2009". En este sentido enumeró como promesas incumplidas,
la adaptación la inmigración a la nueva coyuntura y a las actuales
necesidades del mercado de trabajo, avanzar en la equiparación de los
derechos políticos y sociales de los inmigrantes, y la aprobación del
III Plan Integral de la Inmigración en Andalucía, concluyó.
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