El Gobierno acuerda
con las CCAA una postura unida sobre la nueva Política Agraria en Europa
El objetivo común es
defender los intereses de los agricultores para tener un sector agroalimentario
de referencia dentro y fuera de España.
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La
posición de España sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), es la
del Gobierno, la de todas las CCAA y la de todos los agricultores.
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La
aplicación de la nueva PAC deberá proteger la igualdad de todos los
agricultores y contribuir a fortalecer el sector agroalimentario español.
Las claves de la postura española
La propuesta de presupuesto para la PAC de la Comisión
constituye el mínimo aceptable para España en las negociaciones.
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El
alcance de la Reforma deberá supeditarse al mantenimiento de las dotaciones
presupuestarias.
El mantenimiento de los actuales regímenes de limitación de
la producción es clave para garantizar la estabilidad de los mercados.
España mantiene que los Estados puedan limitar la superficie
sobre la que se apliquen los pagos directos.
La transición a un modelo regional debe limitarse a un
porcentaje que permita un cierto reequilibrio de las ayudas, pero que no ponga
en peligro determinadas producciones y territorios.
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El
periodo transitorio debe ser lo más amplio posible.
España defenderá la aplicación de criterios flexibles en la
aplicación regional del Pago Básico.
El porcentaje del 30% de las ayudas directas destinado al
componente verde se considera excesivo y debe reducirse.
Las medidas deben proporcionar beneficios medioambientales
pero sin poner en peligro la competitividad y viabilidad de las explotaciones.
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La
superficie de tierras de cultivo sujeta a diversificación debe elevarse y el
número de cultivos reducirse.
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El
porcentaje de superficie de interés ecológico debe reducirse e incluir como tal
los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua y las leguminosas.
El pago a jóvenes agricultores debe ser obligatorio.
La ayuda asociada debe ser ambiciosa y flexible.
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Debe
extenderse a otros sectores en dificultades con relevancia socioeconómica o
medioambiental.
El régimen para los pequeños agricultores es una buena
oportunidad para simplificar la gestión
·
Se
debería poder incluir automáticamente a los agricultores que cumplan sus
condiciones, salvo que se manifestaran en contra.
Es una prioridad disponer de una red de seguridad para el
sector agrario, con
unas medidas de mercado más eficaces, rápidas y automáticas.
Las
medidas relacionadas con la pérdida de confianza del consumidor, deben ser
financiadas en su totalidad por la Unión Europea.
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