Andalucía
La Junta impone por decreto los recortes tras fracasar la negociación
CSIF, UGT y CC. OO. retomarán las movilizaciones. IU deberá asumir ante sus bases el ajuste a los funcionarios
Día 16/06/2012 - 09.07h
JUAN FLORES
juan flores
Solo han traído «buenas intenciones», la Consejería «no ha movido una sola ficha»,
su esfuerzo ha sido «insuficiente», la «negociación ha sido un
paripé»... Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron ayer
los representantes sindicales de los empleados públicos de la Junta
para referirse al fracaso de la negociación que han mantenido con la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y que dan por concluida. El objetivo era tratar de reducir el alcance de los recortes del plan de ajuste de la Junta, que pretende ahorrar 777 millones de euros bajando el sueldo un 5% de media a los funcionarios.
Sin
embargo, señalan los sindicatos, el documento no se ha modificado
sustancialmente y se aprobará como decreto el próximo martes en Consejo
de Gobierno. Después se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento andaluz, donde los sindicatos tampoco esperan grandes cambios, por lo que continuarán con las movilizaciones, entre ellas, una gran marcha ante el Palacio de San Telmo el próximo 20 de junio, donde acudirán todos los representantes de la función pública.
Malestar sindical
CSIF-A, CC. OO. y UGT
se mostraron ayer muy molestos con los recortes de la Junta, una vez
finalizado el encuentro de ayer con la consejera de Hacienda y
Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo,
y que certificó el fracaso de las negociaciones. De hecho, la reunión,
la tercera para tratar de llegar a un acuerdo in extremis, alcanzó las
tres horas. Sin embargo, el diálogo como tal no ha existido porque la
Junta no se movido de su postura, señalan desde CSIF-A. Su presidente, José Luis Heredia, no duda en calificar la negociación de «paripé».
Así las cosas, el decreto se aprobará, mantienen desde CSIF, el próximo martes en Consejo de Gobierno, aunque la consejera solo aclaró ayer que será antes de fin de mes. El documento propone diminuir en entre 25 y 30 millones el recorte previsto de
777 millones, una cifra que lograrán reduciendo el dinero destinado al
pago de alquileres. También se garantiza que ningún empleado público
cobre menos de 1.000 euros por jornada completa -un logro que CSIF relativiza por cuanto hay muy pocos «mileuristas»
en la administración-. Además, la bajada de sueldo a los interinos se
reduce del 15% del salario a un 10%, mientras que los altos cargos de la
Junta, incluidos el presidente y consejeros, aumentarán la reducción de
su sueldo del 5 al 7,5%, una cifra, con todo, muy alejada del 30% que
planteaba CSIF y que era similar a la que aplicó a su salario el
presidente francés, François Hollande.
Y se introduce la cláusula de reversibilidad de las medidas para
que sean temporales, algo que los sindicatos también rechazan, por
cuanto exigen fechas concretas, mientras que la Junta lo fía a que se
retome la normalidad en la entrada de ingresos en la comunidad autónoma.
La consejera destacó que una vez aprobado el texto está abierto a su «mejora» cuando se tramite en el Parlamento, «siempre que no se pongan en riesgo los objetivos del plan».
Ante
esta situación, Heredia lamentó que la consejera acudiera a la reunión
solo con «buenas intenciones, pero ninguna negociación». Desde UGT-A, Antonio Tirado añadió
que el esfuerzo de la Junta, aunque destacable, ha sido «insuficiente» y
auguró que habrá «despidos» y detrimento en la prestación de servicios.
Desde CC. OO., José Blanco, señala que las medidas planteadas «no suponen una modificación sustancial del plan».
Pero más allá de las dolorosas consecuencias que tendrá para el bolsillo de los trabajadores públicos,
el fracaso de la negociación también supone un revés para el Ejecutivo
andaluz de coalición y, especialmente, para IU, cuyo coordinador general
y vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas,
forzó el aplazamiento en la aprobación del decreto para tratar de
consensuarlo con los sindicatos. Al cerrarse la negociación sin acuerdo,
IU tiene que asumir el recorte planteado, ponerse frente a los
sindicatos y propiciar un recorte que afecta directamente a sus bases.
Baste recordar que los consejos provinciales de IU en Sevilla y Córdoba pidieron a su grupo parlamentario que votara en contra del plan de ajuste en el Parlamento.
IU igual de «culpable»
Desde IU, su portavoz parlamentario, José Antonio Castro,
insistía ayer en que las «mejoras» introducidas en el decreto son
básicamente las planteadas por su formación, aunque se mostró
comprensivo el rechazo de los sindicatos, por lo que tratarán de
modificarlo más en el Parlamento. Pero cuando se apruebe el decreto,
reconoce Castro, será de PSOE e IU,
aunque insiste en que los cambios introducidos suponen una mejora en
«lo máximo posible» en contexto donde el recorte «venía impuesto» por el
Gobierno de Rajoy y donde IU tiene tres consejerías en el Gobierno y, entre ellas, no se cuenta la de Hacienda.
Esto,
sin embargo, no convence al presidente de CSIF: «IU es tan culpable de
lo que está pasando como el PSOE. Valderas es vicepresidente de la
Junta».
No hay comentarios:
Publicar un comentario