Guerrero tira de la manta

Guerrero tira de la manta e implica a Chaves y su Gobierno ante la juez Alaya

El ex director general de los ERE asegura que el propio Gabinete del expresidente le encargó una gestión

mercedes benítez / sevilla

Día 08/03/2012 - 08.25h

Anunció hace varias semanas que iba a tirar de la manta y parece que lo está cumpliendo. Francisco Javier Guerrero, durante nueve años director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal imputado en la trama de los ERE, no dejó ayer títere con cabeza en su declaración ante la juez Mercedes Alaya, instructora del escándalo que ha puesto al Gobierno de José Antonio Griñán contra las cuerdas.

Guerrero, el ex alto cargo del Ejecutivo andaluz que denunció ante la Guardia Civil la existencia de un fondo para pagar ERE fraudulentos del que se beneficiaron dirigentes socialistas, sindicales, y familiares y amigos —incluido su chófer, con el que compraba cocaína a costa de este erario público—, implicó ayer a la práctica totalidad del Gobierno en la trama. Así, en una declaración de nueve horas ante la magistrada sevillana dejó muy claro que la cúpula de la Junta de Andalucía estaba al tanto de todo lo que hacía, que eran conscientes de que el procedimiento era irregular e incluso citó como partes fundamentales del engranaje al ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, a los ex consejeros de Empleo, Jose Antonio Viera y Antonio Fernández, y al ex titular de Asuntos Sociales, Isaías Perez Saldaña.

Gestión para Chaves

Guerrero, quien ocupó su cargo de 1999 a 2008, siempre bajo la presidencia de Manuel Chaves, aludió incluso al propio ex presidente andaluz. Según su testimonio, le llamaron desde el gabinete de Chaves para que desde su dirección general se solucionara el problema laboral de una empresa de limpieza, Bilore, que el entonces presidente iba a visitar al día siguiente.

«Cada consejero se interesaba por lo suyo: Zarrías, por Santana; Viera, la Sierra Norte»

También dijo haber recibido indicaciones de Agustín Barberá, exconsejero de Empleo, para que solucionara un problema con Industrial Auxiliar Naval de Cádiz. Un tema, que según admitió ante la juez Alaya, se salía del presupuesto ya que le supuso un incremento de una partida de 26 millones de euros. En la maratoniana declaración —que se suspendió durante poco más de una hora para comer— Guerrero no tuvo reparos en admitir que «nadie en el Gobierno puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas», ya que los procedimientos ahora investigados eran conocidos por toda la jerarquía gubernamental andaluza. «Toda la Junta lo conocía», aseguró ante la jueza Alaya.

El ex alto cargo andaluz especificó que los miembros del Gobierno no sólo estaban al corriente de los procedimientos utilizados en la Consejería de Empleo, sino que eran parte activa y hacían un seguimiento de aquellos asuntos que podían interesarles, ya que cada consejero preguntaba con frecuencia por las ayudas que iban destinadas a su provincia.

En este sentido, explicó que Gaspar Zarrías —secretario general del PSOE jiennense— se interesaba por las ayudas destinadas en Jaén a Santana Motor, la empresa de automoción que pasó a titularidad de la Junta de Andalucía y que terminó cerrando sus puertas tras recibir más de 600 millones de euros de inversión pública. Asimismo, el onubense Isaías Pérez Saldaña preguntaba con frecuencia por las subvenciones concernientes a la Faja Pirítica de Huelva y José Antonio Viera —hasta el pasado mes secretario general del PSOE de Sevilla— se interesaba por las operaciones que suponían inversiones públicas en la Sierra Norte sevillana, muchos de cuyos protagonistas están hoy imputados en la causa judicial de los ERE fraudulentos.

Guerrero, que trabajó con Viera y Fernández de consejeros, matizó que los miembros del Gobierno «jamás le pusieron reparos» y que informaba de todas las ayudas en el consejo de dirección de la Consejería, en el que estaban presentes el consejero, viceconsejero y delegados provinciales.

Las imputaciones

Guerrero ha sido imputado por la juez por seis delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales, dos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil. Durante la lectura de las imputaciones al exdirector general, una proceso que duró casi una hora, la juez relató que casi todas las ayudas que daba eran para ayuntamientos del PSOE o personas realacionadas con esa formación.