El caso ERE fue «una pantalla para saquear los fondos públicos»
El fiscal pide más investigación sobre el destino del dinero público
Día 22/03/2012 - 08.27h
JUAN FLORES video: atlas
La Fiscalía sostiene que el sistema de subvenciones ideado por la Junta de Andalucía desde la Consejería de Empleo era «una pantalla para saquear fondos públicos», dada la creación de numerosas empresas creadas ex profeso para recibir fondos y que posteriormente no desarrollaban ninguna actividad.
La calificación del Ministerio Público figura en el auto judicial que ordenó la madrugada de ayer el ingreso en prisión de Juan Francisco Trujillo, el exchófer de Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo que gestionó durante nueve años el fondo presupuestario —conocido como «fondo de reptiles»— de 647 millones de euros destionados por la Junta a pagar ERE. La relación entre Guerrero y Trujillo resume el modus operandi del fraude, ya que ninguna de las empresas que crearon (y que obtuvieron subvenciones) existía con anterioridad ni funcionaron nunca. «Todo fue una pantalla para recibir dinero», sostiene el fiscal, una pantalla para, mediante el uso de las empresas, «ayudar a otros a obtener ilícitamente fondos públicos».
Tras la escandalosa declaración de Trujillo en la que admitió que él y su jefe se gastaron casi un millón de euros en cocaína de las arcas públicas (25.000 euros al mes), la Fiscalía Anticorrupción sostenía su petición de prisión en que el imputado llevó a cabo «una labor continuada de saqueo de los fondos públicos» en un período prolongado de tiempo tanto en su propio beneficio como cooperando conscientemente en el beneficio de su jefe, Francisco Javier Guerrero, también en prisión. Seguramente por eso el Ministerio Público, que tiene pendiente que la instructora le conteste a una batería de diligencias entre las que se encuentran las declaraciones del actual director general de Trabajo y el resto de imputados, ha pedido a la juez que siga investigando. «Es necesaria una mayor investigación sobre el descubrimiento del destino del dinero público», concluía el fiscal, de quien partió la iniciativa de imponer al exchófer fianza de 2.300.000 euros por las subvenciones y las ganancias que obtuvo de forma ilícita.
La gravedad de lo manifestado por el exchófer provocó que, si al inicio de la declaración, la juez le imputaba sólo once delitos, al término de ésta saliera con el doble: veintidós. La lista es casi un compendio del Código Penal. Tres delitos de obtención indebida de ayudas públicas, seis de falsedad en documento mercantil, seis de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, tres de falsedad en documento oficial y uno de alzamiento de bienes figuran en su haber. Y la juez asegura que esos delitos «podrían incluso aumentar en el desarrollo de la investigación».
De momento son dos las personas en prisión ya que hace diez días ingresaba en la cárcel el propio Guerrero. Pero no se descarta que haya más. De hecho la acusación de Manos Limpias solicitó la entrada en prisión de todos los imputados basándose en la alarma social que han generado.
No es de extrañar a juicio de lo manifestado por el chófer que, además de admitir el enorme gasto en cocaína, aseguró que, pese a que su formación se limitaba a la de Técnico Administrativo de FP cobraba como chófer de Guerrero un sueldo de 2.000 euros más 700 u 800 euros en dietas. Pero además su jornada laboral no era estresante. Tras recoger al exdirector general y a la espera de que llegara la hora de comer para acompañarle a los restaurantes, Trujillo se quedaba en el despacho de Guerrero y «departía con las secretarias». Luego iban a comer a los restaurantes «Cabo Roche» o al «Mesana». Y luego a los locales de copas donde el entonces director general despachaba asuntos de las subvenciones.
Pero Trujillo también admitió que, con ese dinero, además de comprar droga, hacía «prestamos» a su propio jefe que le pedía 300 o 1.000 euros. Unas cantidades que le daba en metálico «que nunca le devolvió» y que él tampoco le reclamó jamás. Y, en cuanto a los regalos, el imputado admitió que compró un piano que le costó 4.000 euros y que se lo llevó en una furgoneta a la casa de El Pedroso.
El testimonio del exchófer reveló —además de que cobraba el paro de forma fraudulenta— el poder de Guerrero, que le puso en contacto con un directivo de la antigua Caja San Fernando que le dio un crédito de 350.000 euros sólo con un certificado de la subvención. También fue llamativo que el exconductor dijese que acudió dos veces a Madrid a recoger dinero de un directivo de Vitalia que le entregó dos sobres de dinero.
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