Cabezera

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miércoles, 8 de agosto de 2012

La Junta reconoce que las ayudas de los ERE no se publicaron en el BOJA


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Rafael Salas y Rafael Carmona durante la rueda de prensa en la sede del PP andaluz

Carmona afirma que existe poco interés y actividad por parte del gobierno andaluz porque se trabaje sobre el asunto de los ERE
Denuncia la falta de comunicación del presidente de la Comisión de Investigación, Ignacio García, con el PP
Acusó a García de favorecer los intereses del gobierno que son los de no investigar y que no se sepa toda la verdad de que ha sucedido con el caso de los ERE

El coordinador de Economía y Hacienda del PP andaluz, Rafael Carmona, afirmó hoy que la Junta de Andalucía es la que ha certificado que ninguna de las ayudas relacionadas con los ERE irregulares fueron publicadas en los boletines oficiales. Las declaraciones de Carmona parten de la documentación que se ha remitido al PP para preparar los interrogatorios de la comisión de investigación parlamentaria que comenzará el próximo 21 de agosto.
"Están reconociendo ahora lo que venimos denunciando desde hace más de año y medio y es que todo el procedimiento es ilegal y que se hacía con la intención de ayudar a los satélites del PSOE", agregó.
Además, Carmona explicó que el PP ha conocido una relación de los expedientes de revisión de oficio de las ayudas a empresas y destacó que la Junta ha relacionado un total de 93 empresas, la mayoría de ellas radicadas en el entorno de la Sierra Norte a las que se les reclaman 48 millones de euros y de las que 88 están en trámite y 5 han sido declaradas nulas, cuatro de ellas por la administración autonómica y una por sentencia judicial.
En este sentido, destacó que llama la atención el desfase entre estos 48 millones de euros y los 130 millones que en su día reconoció la Junta que se habían otorgado y calificó como "muy significativo" que las cuatro resoluciones de nulidad declaradas por la administración estén fechadas el 17 de julio de 2012. Carmona afirmó que esto pone de manifiesto que no hay interés por recuperar el dinero y que "si la administración autonómica y la Junta ha dicho que las ayudas son nulas esto quiere decir que no había procedimiento".
Además, mencionó otros aspectos llamativos de esta documentación que le ha sido entregada al PP a raíz de la comisión de los ERE entre la que destacó el que a la comisión se le haya remitido un listado con 100 intrusos pese a que el informe del que fuera ex director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, aseguraba que se habían detectado hasta 200 y apuntó que de este listado sólo se ha recuperado el reintegro de dos de las ayudas ante lo que se preguntó si es que la Junta no tiene interés en recuperar el dinero de éstas.
"Hemos visto que hay muy pocas resoluciones exigiéndole el reintegro. ¿Qué pasa que es que tienen muy poco interés, no es posible administrativamente o es que no tienen maquinaria posible para que estos expedientes se pongan en marcha y se consiga que devuelvan el dinero. La realidad es clara y es que hay contradicciones y una falta de diligencia y desinterés por parte de la Junta por recuperar ese dinero repartido entre amigos del poder y del PSOE", agregó.
El coordinador del PP andaluz afirmó que existe poco interés y actividad por parte del Gobierno andaluz porque se trabaje sobre el asunto de los ERE, al mismo tiempo que denunció la falta de comunicación del presidente de la Comisión de Investigación, Ignacio García, con el PP.
"No sabemos nada de lo que está sucediendo. No sabemos si los comparecientes han sido citados, si han recibido la citación, si van a comparecer o no...La comisión va mal y con problemas y esto lo que hace es reafirmar lo que ya denunció el PP y es que el presidente de la comisión se cree que tiene plenos poderes para actuar en solitario y nosotros entendemos que está abusando de esas competencias porque una comisión parlamentaria debe reunirse, debe conocer el parecer de los distintos grupos y debe tener vida y comunicación", apuntó.
Finalmente, aseveró que es una comisión "muerta" y acusó a García de favorecer los intereses del gobierno que son los de no investigar y que no se sepa toda la verdad de que ha sucedido con el caso de los ERE.

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