El pago de la refinanciación de las pólizas de los prejubilados tiene que hacerse en los próximos cinco años
Un certificado de la compañía Generali revela que la Junta no sólo
conocía a los intermediarios, sino que fijaba para ellos comisiones
millonarias por encima del precio del mercado
La figura del intermediario no es legal en la administración y fue negada por la Junta en el Parlamento
Rojas dice que estos datos ponen a la Junta "en el disparadero" y que Griñán tendrá que asumir responsabilidades políticas
A sólo cuatro días del comienzo de las comparecencias en la Comisión de
Investigación de los ERE fraudulentos en el Parlamento de Andalucía, el
PP ha revelado que la Junta tendrá que pagar 286 millones de euros
hasta el año 2017 a las empresas aseguradoras de los ERE. Se trata de un
compromiso de pago de la refinanciación de las pólizas desde este año
2012 a cinco años vista, para que las aseguradoras puedan a su vez
abonar el dinero a los prejubilados. En muchos casos ese dinero se ha
dejado de pagar, precisamente por la morosidad del gobierno de Griñán.
De esos 286 millones de euros, 252,7 millones son los compromisos
pendientes de refinanciación, y 33,3 millones son intereses de
deslizamientos de deuda al 5,5 por ciento.
A juicio del portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, esta
información sobre el pago a las aseguradoras y a las empresas
intermediarias, es "una de las piezas más graves" del fraude de los ERE
que "pone a la Junta en el disparadero". Los datos proceden de la
documentación enviada por la propia Junta que además, ha recordado el
dirigente popular, reconoce en otro documento que "no le consta" que
exista documentación sobre los procedimientos de selección de estas
aseguradoras. Estas respuestas carentes de cualquier otro tipo de
explicación, más el reconocimiento del pago de 286 millones que el
gobierno andaluz tiene que pagar de las arcas públicas hasta 2017 han
levantado más sospechas sobre el modo en qué se elegían estas empresas
aseguradoras; o quién en el gobierno se encargaba de la selección.
Para Rojas es un "escándalo de tomo y lomo" que debe dilucidarse en la
comisión porque además, como ha advertido el portavoz popular, "se trata
siempre de las mismas empresas". Una 'querencia' que se repite en el
caso de los intermediarios.
Las intermediarias que han aparecido en el transcurso de la
investigación, y que eran las encargadas de negociar las pólizas con las
empresas aseguradoras –a modo de 'brokers'- es otro de grandes
escándalos del caso ERE. No sólo, como ha recordado Rojas, porque esta
figura del intermediario está "tajamente descartada" en la
administración pública, no tiene cabida legal, sino porque como ya
denunció hace meses al PP, había constancia de que las comisiones que
recibían por negociar con las aseguradoras eran millonarias y estaban
muy por encima del precio del mercado, elevándolas hasta el 10, 12, ó 15
por ciento –el precio medio de mercado ronda el 3 por ciento-. "Aquí no
sólo había intermediarios, sino que nos costaban muchísimo dinero",
apuntó el portavoz del PP.
En ese momento la Junta negaba la existencia de intermediarios y el
pago de ninguna comisión. Sin embargo, ha sido ahora, cuando se ha
tenido que enviar al Parlamento la documentación requerida por los
grupos parlamentarios, cuando el PP ha tenido acceso a un certificado de
la compañía de seguros Generali con fecha 7 de marzo, referida a las
comisiones de Uniter que recoge las comisiones que recibió la
intermediaria Uniter dejando claro que el gobierno andaluz mintió en el
Parlamento.
Dicho certificado deja meridianamente claro que además era el propio
gobierno el que fijaba las comisiones de los intermediarios, ya que en
una nota aclaratoria al final del documento, Generali informa de que
"con fecha 6 de febrero de 2012, la Junta de Andalucía ha ordenado a
Generali suspender cualquier abono futuro de los citados porcentajes de
comisión al mediador de las citadas pólizas". A este respecto, Rojas se
ha preguntado por qué la Junta fijaba las comisiones de los
intermediarios, y cómo es posible que negaran la existencia de los
mismos cuando al mismo tiempo gestionaban sus porcentajes de comisión.
El PP considera que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán,
tiene que asumir responsabilidades en este asunto, por cuanto el pago de
las comisiones lo tenía que autorizar la Consejería de Economía y
Hacienda, de la que aquel fue titular desde 2004 a 2009. "Es un paso más
en la responsabilidad que tiene Griñán en la trama de los ERE",
concluyó Rojas
"Con esta información se demuestra que la Junta mintió y que hasta
ahora ha ocultado, de forma consciente, el pago de estas comisiones",
dijo el portavoz popular, quien añadió que "todo esto ha ocurrido por la
falta de control", y que se trata de una trama que "premeditada para
favorecer que el dinero circulara arbitrariamente, sin control, para
comprar voluntades, pagar favores y mantener una red clientelar".
No hay comentarios:
Publicar un comentario