Cabezera

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domingo, 19 de agosto de 2012

El PP apuesta por una administración más eficaz, menos politizada y que responda al interés general de los andaluces


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Carlos Rojas durante la rueda de prensa de esta mañana

El PP propone que se establezca por Ley que sólo podrá haber un máximo de diez Consejerías
También pide que se eliminen las Delegaciones del Gobierno y que no se creen las Delegaciones Territoriales
También propone la eliminación de la posibilidad de crear estructuras u órganos de ámbito territorial provincial o inferior a la provincia
Apuesta por una administración más profesional y menos politizada
Solicitan que el ejercicio de potestades públicas y administrativas se limite a funcionarios y autoridades públicas

El portavoz del Grupo Parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas, apostó hoy por una administración más eficaz, menos politizada y que responda al interés general de los andaluces. Así lo manifestó en la presentación de las enmiendas del PP al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de la administración de la Junta en lo relacionado a determinados aspectos de la organización territorial.
Rojas destacó que la exposición de motivos de estas enmiendas es realista y que enmarca el Proyecto de Ley en las medidas e iniciativas adoptadas para cumplir el compromiso de consolidación fiscal para reducir el déficit público.
En este sentido, indicó que las medidas de racionalización y de austeridad del gasto público exigen una reducción lo más amplia posible del número de altos cargos.
Entre algunas de estas enmiendas, destacó que se establezca por Ley que sólo podrá haber un máximo de diez Consejerías, así como que se eliminen las Delegaciones del Gobierno y que no se creen las Delegaciones Territoriales, ya que, según explicó, "ambas medidas conllevarían una reducción notable reducción de los altos cargos".
Asimismo, señaló que desde el PP se pide que los Delegados Provinciales ostenten la representación ordinaria de varias Consejerías en función de los servicios periféricos que se les asignen pretendiendo con ello reducir su número al menos a la mitad.
También explicó que su formación pide la eliminación de la posibilidad de crear estructuras u órganos de ámbito territorial provincial o inferior a la provincia y afirmó que, en este sentido. "el PP dice de forma clara que no a los coordinadores provinciales de la vicepresidencia de Valderas, ya que ello supone engordar aún más la administración de la Junta de Andalucía".
Además destacó que el PP propone medidas para hacer una administración más profesional y menos politizada e indicó que para ello se proponen medidas como que los Directores Generales tendrán que ser funcionarios, así como que el nombramiento del personal directivo de las entidades instrumentales se haga atendiendo a los principios de mérito, capacidad, competencia profesional y experiencia en el puesto a desempeñar.
Otras de las propuestas a las que se refirió Rojas es que el ejercicio de las potestades públicas y administrativas se limite a funcionarios y autoridades públicas y aseguró que se consideran necesarios un Código de Buenas Prácticas, un Plan de Contención y Reducción del gasto operativo corriente y un Plan de Transparencia en el ámbito del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Administración Autonómica.
El popular afirmó que el Gobierno andaluz tendrá que presentar al Parlamento de Andalucía un nuevo Plan de reordenación y racionalización del sector público andaluz, previamente negociado en los órganos de negociación establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Finalmente, aseveró que el PP también propone la eliminación del nuevo plazo que el Gobierno andaluz pretende para cumplir con la obligación de aprobar un Reglamento que desarrolle las modificaciones establecidas en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
"El Gobierno andaluz ha incumplido claramente el plazo y afirmó que lo que tiene que hacer es aprobar inmediatamente este Reglamento, que debe regular como incluirán los altos cargos y otros cargos públicos, en su declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones, las relaciones en materia de contratación con todas las Administraciones Públicas y entes participados de los miembros de su unidad familiar", agregó.

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