El portavoz de Función Pública del PP, Rafael Ruiz Canto
El Grupo Popular registra una treintena de enmiendas al Plan de
reequilibrio financiero de la Junta centradas en la austeridad, el
adelgazamiento de la administración paralela y el ahorro en el gasto
Propone que se fije por ley un garantía de retribución mínima de 1.000
euros netos mensuales para los funcionarios andaluces y la eliminación
de las tasas para procesos selectivos de la administracion para los
parados
Pide que se termine con las cesantías, la productividad y las ayudas a vivienda para los altos cargos políticos de la Junta
Los andaluces nos ahorraríamos el IVA de las encomiendas de gestión que la Junta encarga a la administración paralela
El PP critica que el PSOE e IU aprovechen este plan de cargarse el plan
de calidad educativa y paralizar dos obras de infraestucturas que
darían empleo a casi 7.000 andaluces
El portavoz de Función Pública del PP en el Parlamento de Andalucía,
Rafael Ruiz Canto, ha presentado en rueda de prensa la treintena de
enmiendas que el PP ha registrado en la Cámara Autonómica al proyecto de
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de
Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta
de Andalucía, procedente del Decreto Ley 1/2012 de 19 de junio. Se trata
de un paquete de medidas "asumibles, coherentes y efectivas", centradas
en la austeridad, el adelgazamiento de la macroadministración paralela y
el ahorro en el gasto superfluo y que, en caso de aceptarse, evitaría, a
juicio del PP, el recorte en los sueldos de los empleados públicos
andaluces.
Las enmiendas del PP apuestan por bajar la carga tributaria de los
andaluces, superior al resto de la comunidades autónomas, de manera que
propone la supresión de la subida del IRPF; del incremento en el
impuesto de Patrimonio por superar un 10 % el marco estatal básico; y el
de actos jurídicos documentados, previsto del 1,2 % al 1,5 % en su
segunda subida en ocho meses.
FUNCIONARIOS
La alternativa del PP aboga por devolver a los funcionarios los
derechos retributivos perdidos con los recortes de Griñán, así como el
recorte del diez por ciento de la jornada y sueldos de los trabajadores
interinos previsto para los años 2012 y 2013--. Además, proponen fijar
por ley una garantía de "retribución mínima" de 1.000 euros netos para
funcionarios y que cualquier alteración en ayudas de acción social que
reciban estos trabajadores sea revisada por los sindicatos, además de
que las reducciones salariales se limiten a 2012, como ha establecido el
Gobierno central.
Para los parados, el PP ha propuesto la gratuidad de las tasas para los
que concurran a los procesos selectivos de personal de la
Administración.
Los "recortes", a juicio de Rafael Ruiz, deben centrarse en los altos
cargos, de ahí que su grupo plantee la reducción de "al menos un 50 por
ciento" de su número, así como la "suspensión" de sus productividades y
la "eliminación de las cesantías" de "exaltos cargos y asimilados", o de
la subvención de las viviendas de los altos cargos.
HACIENDA PÚBLICA
Rafael Ruiz explicó que el PP ha pedido que se cree una Oficina de
Control Presupuestario, a la que deban rendir cuentas todos los entes
dependientes de la administración.
Como medida de ahorro, entre las enmiendas del PP se encuentra un "plan
de contención y reducción del gasto operativo y corriente" que
incluiría la "reducción de las asignaciones a partidos políticos y de
las transferencias corrientes en materia de concertación a sindicatos y
organizaciones empresariales", así como la reducción del gasto de
atención protocolaria, la eliminación de, "como mínimo, el 70 por
ciento" de la flota de coches oficiales; ajustar "al menos el 50 por
ciento" el gasto en cooperación exterior, la reducción de las partidas
dirigidas a sufragar gastos de intereses por demora y de las
"encomiendas de gestión y los encargos de ejecución a entidades
instrumentales".
El PP propone igualmente suprimir la oficina de la Junta en Madrid y
ajustar la red de estas oficinas fuera de la región, a la vez que
reducir en un 80 % la partida de "Gastos indeterminados", aumentar la
reducción de publicidad institucional en un 70 % y ahorrar un 25 % en
alquileres de sedes. También reducir un 40 % el "sobredimensionado
sector" de los entes públicos, cuyos puestos directivos deberían
quedarse en la mitad.
Otra propuesta del PP es reducir un 50 % el presupuesto de cooperación
exterior para "dar prioridad a las familias andaluzas", suprimir los
intereses de demora "pagando al día, y no como se ha hecho durante
treinta años, y eliminar las encomiendas de gestión de la Administración
a los entes instrumentales públicos para evitar el IVA de esa
facturación
CRÍTICAS A LAS ENMIENDAS DE PSOE-A E IULV-CA
Por último, el portavoz de Función Pública del Grupo Popular en el
Parlamento ha criticado las enmiendas presentadas a este plan por los
dos grupos que sustentan el Gobierno andaluz --PSOE-A e IULV-CA--, que
contemplan, según ha explicado, "la creación de un impuesto sobre el
aprovechamiento cinegético en Andalucía, la eliminación del Plan de
Calidad Educativa y del Plan de Cultura Emprendedora", así como la
suspensión de dos obras anunciadas dos días antes de las elecciones
andaluzas, la A-308 Iznalloz-Darro, que debería suponer 1.700 empleos
directos y 3.000 indirectos, y la Autovía Almanzora-A-7, con otros 2.000
puestos de trabajo con ejecución pública-privada
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