Cabezera

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miércoles, 1 de agosto de 2012

El PP cree que la consejera de Salud es «la morosa número uno»

El PP cree que la consejera de Salud es «la morosa número uno»

Acusa a María Jesús Montero de estar poniendo en peligro servicios fundamentales para la ciudadanía y muchos puestos de trabajo

Día 31/07/2012 - 23.16h
«La consejera de Salud y Bienestar Social ha hecho un doctorado en impagos y un máster en desmantelamiento». Esta es la acusación que en el día de ayer realizó la vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana María Corredera, contra María Jesús Montero por la política de recortes que está llevando a cabo desde su departamento y que, según la dirigente popular, están poniendo en riesgo servicios fundamentales para la ciudadanía y numerosos puestos de trabajo.
Corredera compareció ayer en rueda de prensa junto al secretario regional de su partido en materia de sanidad, Ignacio Souvirón, para hacer un repaso sobre las medidas que está tomando Montero en sus ámbitos de gobierno y reprochó que quiera estar «en misa y repicando» con la campaña puesta en marcha por el PSOE contra las decisiones del Ejecutivo central y Rajoy.
La dirigente popular echó en cara a la consejera, a la que definió como «la morosa número uno de Andalucía», que el 97 por ciento de las más de 770.000 facturas que ha presentado la Junta durante el plan de pago a proveedores pertenecen a Salud, con un valor de 2.500 millones de euros. «Sorprende que los que hacen los mayores recortes sanitarios en Andalucía intenten tapar eso con una campaña», declaró la vicesecretaria del PP regional, quien tachó de «falta de responsabilidad» la actitud de los socialistas.
Corredera denunció los impagos a distintos colectivos sociales, como asociaciones de ayuda a discapacitados, de tratamiento a drogodependientes o a las residencias de ancianos, «que han denunciado que se les deben pagos de los meses de marzo, abril, mayo y junio».
Incluyó en el listado de impagos a las familias de acogida y acusó al Gobierno socialista de adeudar «más de 13 millones a 300 pequeñas y medianas empresas que prestan servicios complementarios a más de 2.000 colegios públicos y unos 250 millones a unos 415 centros concertados».

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