La vicesecretaria del PP andaluz, Alicia Martínez
Son los Ayuntamientos los que están asumiendo el pago de los alquileres
sociales para familias sin recursos, competencia de la Junta de
Andalucía
Alicia Martínez denuncia que la Junta está "haciendo caja" con la venta
de viviendas sociales que están destinadas al alquiler para familias
sin recursos
La Junta adeuda desde hace tres años las ayudas al alquiler a los jóvenes
El 19 por ciento de las ejecuciones presupuestarias que se producen en España son a familias andaluzas
La vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP andaluz, Alicia
Martínez, acusó hoy a la Junta de Andalucía y concretamente a la
consejera de Fomento, Elena Cortés, de incumplir el Estatuto de
Autonomía de Andalucía por su "inacción" en vivienda social. Martínez
afirmó que la Junta "no está haciendo absolutamente nada" en materia de
vivienda, y que, sin embargo, son los Ayuntamientos los que están
asumiendo el pago de los alquileres sociales de familias sin recursos, a
pesar de que la administración competente es la Junta de Andalucía.
La dirigente del PP andaluz recordó que el artículo 56 del Estatuto
dice que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de vivienda, que incluye (...) la planificación, la ordenación,
la gestión, la inspección y el control de la vivienda; el
establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de
las Administraciones Públicas de Andalucía en materia de vivienda y la
adopción de las medidas necesarias para su alcance; la promoción pública
de viviendas; (...) y la normativa sobre conservación y mantenimiento
de las viviendas y su aplicación.
"A la consejera le corresponde la promoción de vivienda pública, tal
como dice el Estatuto, para ponerla a disposición de las familias más
necesitadas, en riesgo de exclusión social y que han sido desahuciadas
de sus viviendas, porque no pueden afrontar el alquiler o la hipoteca",
explicó la portavoz popular.
Alicia Martínez puntualizó que, al contrario, "hoy son los
ayuntamientos, una vez más, quienes están prestando auxilio a las
personas que se quedan sin vivienda, haciendo frente al pago de
alquileres sociales".
De igual forma, el Gobierno andaluz sigue sin hacer frente a la deuda
en las ayudas al alquiler a los jóvenes andaluces que llevan hasta tres
años esperando a percibir la ayuda prometida y aprobada, lo que les está
generando una situación límite: 60 millones en deuda de los programas
de alquiler, a inquilinos y agencias.
Denunció que la consejera de Fomento ha "dado carpetazo" al Plan de
Vivienda y que el gobierno del PSOE e IU "no den respuesta" al drama que
se plantea para las familias que afrontan una ejecución hipotecaria.
Las ejecuciones hipotecarias en Andalucía representan el 19% de las que
se practican en España y su número, desde 2008, ha superado las 68.000.
Alicia Martínez reveló que frente al anunciado "Plan de Defensa" de la
Consejería, que ha quedado reducido a una ventanilla de información, en
las capitales de Andalucía, donde gobierna el PP, ya se han hecho
convenios con los Colegios de Abogados y con la Diputación para prestar
servicio de asesoramiento y mediación.
Recordó que "es la Junta de Andalucía la que tiene que afrontar una
gestión eficaz del Parque Público de Viviendas con cerca de 70.000
viviendas sociales en alquiler, sobre las que tiene la competencia de la
conservación", que tampoco está asumiendo. Reveló que la Junta está
"haciendo caja" al "vender" viviendas sociales de alquiler aprovechando
la externalización de su gestión.
La vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP andaluz aportó
cifras que ponen de manifiesto el fracaso de la Empresa Pública de Suelo
de la Junta (EPSA). Así, aclaró que en los tres primeros años del Pacto
(2008, 2009 y 2010) EPSA sólo ha entregado 1.477 VPO a los andaluces,
un 0,5% de las 300.000 VPO prometidas.
Por último, denunció que mientras la Junta está invirtiendo en la
rehabilitación de barriadas en el extranjero, haya desistido de actuar
en barriadas que lo necesitan con urgencia o asentamientos chabolistas,
como es el caso de El Vacie, en Sevilla, pesar de que existe un Plan de
Choque para ello que no se ha puesto en marcha.
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