Andalucía / córdoba
La Junta no paga ni un euro a un niño autista con ayuda concedida
Día 24/01/2013 - 07.23h
Bienestar aprobó una asignación mensual de 416 euros el pasado mes de julio
Una madre cordobesa, Rocío Crespo Quesada lleva más de seis meses topándose con los oídos sordos de la administración.
Su historia tiene un argumento inmemorial: la de una madre que trata de
garantizarle a su prole las mejores condiciones de vida posibles y
arranca el día de hace seis años en el que nació el menor de sus seis vástagos.
«Él padece un tipo de autismo que le impide tener un comportamiento
plenamente normalizado y vimos que su caso cuadraba con las ayudas que
da la Junta de Andalucía para personas dependientes», asegura esta mujer de 49 años.
Después de un concienzudo diagnóstico en la unidad de Salud Mental del Hospital Reina Sofía,
el menor obtuvo la acreditación de dependiente en Grado III y Nivel 1
el 16 de julio de 2012 por parte de los Servicios de Valoración de la
Dependencia, que forma parte del organigrama de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
El documento oficial que especificaba los detalles de la dependencia
del hijo de Rocío Crespo le concedía a ella, además, el derecho a una Prestación Económica por Cuidados en Entorno Familiar. En otras palabras: la madre del niño autista pidió
a la Administración una ayuda económica directa y no que contratase a
una tercera persona para que atendiera a su hijo. Es una de las
posibilidades que otorga la norma que regula la atención a dependientes y
la Consejería de Salud y Bienestar Social
accedió a este requerimiento. «Yo no trabajo fuera de casa y puedo
ocuparme del niño, emplear el dinero que la Administración nos dé en
actividades que son necesarias para su desarrollo: no necesitamos que venga nadie de fuera», afirma Rocío.
La cantidad que la Junta de Andalucía le concedió a esta
familia fue, tal y como se detalla en la documentación que facilitó a
este periódico, de 416,98 euros al mes.
La autorización para liberar este dinero en doce pagos anuales Salud y
Bienestar Social fijaba que su perceptora recibiría además 2.824 euros
en concepto de atrasos de la ayuda, puesto que aunque se concedió de
hecho en julio de 2012 estaba vigente desde el 1 de enero de ese año.
Pero Rocío Crespo Quesada no ha recibido hasta la fecha ni
un solo euro de la Administración autonómica. Ni un euro ni una
explicación acerca de por qué en su cuenta bancaria no se ha producido ingreso económico
alguno, asevera esta mujer. «Hemos intentado por activa y por pasiva
que nos den una explicación, y sin éxito, sólo nos dicen, y de viva voz,
nunca por escrito, que la Junta no dispone en estos momentos de dinero
disponible para correr con el compromiso que tienen con mi hijo».
Batalladora desde primera hora, Rocío Crespo le dirigió un escrito de
queja oficial a la delegada Bienestar Social en Córdoba, María Isabel Baena,
el 25 de julio de 2012, dos semanas después de que su ayuda fuera
concedida y de la que, entonces, se extrañó de que no tuviera noticia.
«Le pido que haga efectivo sus pagos que se han generado por la razón de
la situación de dependencia de mi hijo y de quien soy cuidadora a todos los efectos», señalaba la comunicación.
En relación a este caso, la Delegación de Salud y Bienestar
Social reconoció ayer que Rocío Crespo no cobra el dinero asignado «al
igual que otros casos puntuales de beneficiarios» cuya asignación fue
aprobada antes del Real Decreto 20/2012 del 13 de julio, «que reformó el
sistema de atención a la dependencia
y que, entre otras medidas, eliminó el pago por parte del Estado de la
cotización de las cuidadoras». Hasta la entrada en vigor de este
decreto, era necesario que la persona solicitante de la prestación
económica adjuntara el correspondiente convenio con la Seguridad Social
para el pago de dicha cotización,
«del que entendemos que deben disponer todos aquellos casos de personas
con el Programa de Atención Individual (PIA) realizado antes de la
entrada en vigor del decreto».
El pasado noviembre, cuando expiró el plazo dado por el
Gobierno central para que las personas cuidadoras definieran si
continuaban o no de alta en la Seguridad Social (corriendo
el pago de la misma por cuenta del interesado), la Junta detectó que
había personas cuyos PIAs databan de antes del decreto y que no habían
aportado el correspondiente convenio con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social que el Estado debió facilitarles, de manera que no
estaban de alta en el sistema para el pago de la ayuda económica. «La Junta está intentando solventar esta situación», aclaró Bienestar Social, que gestiona en Córdoba a 9.000 beneficiarios de estas prestaciones.
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