Andalucía / fraude en empleo

Investigan si el dinero de los ERE volvía al bolsillo de los altos cargos

mercedes benítezabcdesevilla / sevilla

Día 12/01/2013 - 22.50h

La Guardia Civil rastrea si parte de los comisiones infladas que cobraron los mediadores fueron devueltas a imputados

gogo lobato

Antonio Fernández, exconsejero de Empleo

La principal línea de investigación en el caso de los ERE fraudulentos está centrada en averiguar «el destino dado a los fondos públicos», según los últimos autos del juzgado número seis de Sevilla. Buena parte de ese dinero repartido de forma irregular por parte de la Junta en comisiones volvió supuestamente a su origen, aunque no a las arcas públicas, sino a algunos de los altos cargos que otorgaban las subvenciones y que se quedaban con un pellizco de ese dinero.

De hecho, la Guardia Civil, que solicitó hace ya más de dos meses al juzgado de instrucción que dictara secreto del sumario sobre las actuaciones para tener más libertad de acción, y que sigue manteniendo esa pieza bajo secreto, está ahora centrada en investigar si parte de esas comisiones volvió a altos cargos de la Junta que intervinieron en la concesión de las ayudas fraudulentas.

Entre ellos el exviceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, o el que hacía las veces de conseguidor, Juan Lanzas. Todos ellos, como ya informó ABC, están siendo investigados por la UCO por supuesto enriquecimiento propio y de algunos de sus familiares. Para ello, la Benemérita ha pedido información a los bancos, una documentación que se ha retrasado y que ha motivado la ampliación del secreto sobre esta parte de las actuaciones. Así, las pesquisas de la investigación se centran en conocer el ciclo que siguió el dinero.

Ese ciclo, según fuentes judiciales, era el siguiente:la Junta de Andalucía daba las subvenciones o las ayudas a las empresas, pero casi siempre lo hacía a través de mediadoras que cobraban las conocidas «sobrecomisiones». Esas mediadoras contactaban con los despachos de abogados (hay varios letrados de dos conocidos bufetes imputados) y simulaban un negocio con estas mediadoras. Luego entregaban talones que normalmente eran cobrados por testaferros u hombres de paja, o a través de empresas pantalla. Estos datos concuerdan con un auto dictado por el exjuez sustituto Iván Escalera el pasado octubre (antes de decretar el secreto sumarial), en el que se ordenaba investigar «empresas pantalla» que podían dedicarse a «introducir en el circuito financiero» dinero procedente de las comisiones ilegales.

De hecho, en ese auto el juez daba orden de pedir a varias entidades bancarias información sobre determinados productos financieros y que se informe «del origen y titularidad de los cheques presentados al cobro en las citadas entidades bancarias por las mismas personas físicas relacionadas con empresas pantalla» para aclarar el destino de los fondos públicos.

Un oficio de la Guardia Civil advertía de que se sigue la pista de casi dos millones de euros procedentes de esas sobrecomisiones, que fueron supuestamente blanqueados por Juan Lanzas.Un dinero que era cobrado en cheques por dos supuestos testaferros, Eduardo Leal y Juan Francisco Algarín. De hecho, la UCO incluyó en uno de sus últimos informes una larga lista de cheques que habían sido cobrados por estos dos personajes entre los años 2003 y 2006. El primero presentó al cobro cheques por valor de casi 1,5 millones de euros. Hubo días en que cobró talones de 215.000 euros y otros, de cantidades menores (de 100.000, de más de 75.000, de 18.000....). Los más pequeños que presentó al cobro no bajaron de 12.258 euros.

Lo mismo ocurrió con Algarín, que también fue el destinatario de más 363.000 euros que recibió igualmente en talones de distintas cantidades por el mismo método. Los dos mantuvieron esas relaciones económicas con los despachos de abogados a través de sus empresas, Arado Mensajería S.L. y Estudios Agenciales, dos firmas de mensajería que apenas tuvieron actividad. Por tanto, se desconoce en concepto de qué cobraban tales cantidades y a quién iba a parar el dinero. Y ahí es donde radica la sospecha de los investigadores acerca de que esos «hombres de paja» podrían haberse quedado con una mínima parte del dinero y entregar el resto a los exaltos cargos.

Además, hay otro indicio sospechoso que cuadra con esa investigación. Y es que el propio chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo (más conocido como el chófer de la coca), admitió ante la juez que había acudido en varias ocasiones a Madrid a recoger sobres de dinero. Uno de esos sobres lo describió como «un sobre grande de dos dedos de grosor» que había recibido de uno de los directivos de Vitalia. Con esos mimbres no es de extrañar que los investigadores estén siguiendo la pista de cual fue el destino final de esas grandes cantidades de dinero y si pudieron volver a los exaltos cargos imputados.