Andalucía / Malversación de fondos
La Policía investiga el desvío de dinero a cuentas del expresidente de Invercaria
El juez ordena analizar los movimientos bancarios de los socios de la empresa de capital riesgo de la Junta en la compañía FIVA
Día 05/11/2012 - 08.12h
La Policía Nacional busca el rastro del dinero público del
«caso Invercaria» en cuentas corrientes vinculadas al expresidente de
esta empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía Tomás
Pérez-Sauquillo y a sus socios en la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía SL (FIVA).
El objetivo es determinar el posible desvío de 1,36
millones de euros que a lo largo de dos años (entre 2007 y 2008) FIVA SL
fue recibiendo de Invercaria y de la agencia pública IDEA
a través de sucesivas compras de acciones, préstamos, incentivos y una
extraña operación de ingeniería financiera que facilitó el canje de
acciones entre varios socios con dinero público. Creada en junio de 2007
para organizar ferias virtuales, FIVA carece en la actualidad de página
web y la que tuvo sólo funcionó unos meses. Este portal tecnológico fue
una de las aventuras empresariales más ruinosas en las que se embarcó
la sociedad pública de inversión y capital riesgo Invercaria, y
constituye una de las piezas clave en la doble investigación que llevan a
cabo el Juzgado 16 de Instrucción de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción sobre su participación en 34 proyectos.
El juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez
Casillas, da un impulso al caso autorizando al Grupo de Blanqueo de
Capitales de la Policía en Sevilla para que indague en las cuentas
ligadas a Invercaria y FIVA, después de Anticorrupción pidiera que se
investigara la supuesta malversación de caudales públicos en ambas empresas.
En una providencia dictada el pasado lunes, a la que ha tenido acceso ABC, el magistrado dirige oficios a tres entidades financieras (Caja
de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, BBVA y Caja General de Granada)
para que faciliten la copia de los expedientes completos de las cuentas
que tengan o hayan tenido abiertas, como titulares o autorizados, un
total de ocho sociedades, el exdirectivo de Invercaria y tres relevantes
empresarios que participaron en este fallido negocio.
El nombre propio más destacado es Francisco Barrionuevo, presidente de Novasoft,
laureado con la Medalla de Oro de Andalucía que le otorgó la Junta en
2004. La investigación se extiende a Corporación Gráfica para el
Desarrollo del Sector SA, Novasoft Corporación Empresarial, Novasoft
Equity Investments SL, Barainsa Group SL, Grupo Imagen SL e Innovaes
Formas de Comunicación, así como a su representante, Juan Antonio
Bardón, y a Francisco Carlos Gallardo Hill, dueño de Grupo Imagen SL,
con quien ayer ABC intentó contactar sin éxito. Anticorrupción pidió la
imputación de todos ellos y del empleado de Invercaria Antonio Nieto,
pero el juez de momento no ha accedido a esta solicitud.
El inspector jefe del Grupo V de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía señala en otro informe que «se han detectado cuentas»
asociadas a FIVA e Invercaria en las citadas entidades bancarias. El
juez también insta a la Intervención General del Estado a que designe a
dos técnicos que realizarán las funciones de peritos judiciales, como
sugirió el fiscal. Su cometido será examinar con lupa todos los
movimientos de capital relacionados con FIVA: facturas, libros de
cuentas y ayudas recibidas ejercicio a ejercicio.
Por último, el magistrado solicita a la Agencia Tributaria que
aporte a la Policía todos los datos que «se refieran a la actividad
económica desarrollada por los principales actores objeto de la
investigación». Con todos estos datos los instructores policiales
elaborarán un exhaustivo informe.
Si hay un proyecto que resume el descontrol reinante en la
gestión de Invercaria, ése fue FIVA. Le ocasionó unas pérdidas
(deterioros, en el argot contable) estimadas en 835.750 euros en 2009,
según una auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que destapó en
febrero pasado un cúmulo de irregularidades en
la sociedad: concesión discrecional de préstamos, incumplimiento de
normas de contratación, pagos irregulares a sus directivos y uso
injustificado de una tarjeta Visa por parte de Pérez-Sauquillo. A estas
anomalías se sumó luego la supuesta realización de informes sobre
empresas con fechas falseadas, como denunció el exdirectivo de la
empresa pública Cristóbal Cantos.
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