Andalucía / educación

La Junta contrata a empresas privadas para gestionar colegios

Paga más de 4,5 millones por tareas que pueden realizar los funcionarios de la Consejería

josé cejudo / sevilla

Día 06/11/2012 - 09.05h

EFE

La Consejería de Educación ha contratado en los últimos meses trabajos externos en todas las provincias andaluzas a un ente de la «administración paralela», que a su vez hace de intermediario ante empresas privadas, para la realización de una serie de servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de centros públicos por importe superior a los 4,5 millones de euros, circunstancia que ha sido denunciada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, al entender que con tales decisiones se ha marginado a los empleados públicos. Después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (dependiente de la Consejería de Hacienda) paralizara cautelarmente el contrato suscrito en la provincia de Córdoba, la central sindical ha solicitado al mismo órgano arbitral la suspensión de los restantes y ha exigido que se depuren las correspondientes responsabilidades.

José Manuel Mateo, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha dirigido un escrito al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en el que denuncia que actualmente se encuentran en fase de licitación y adjudicación un total de siete expedientes de contratación, que han recaído en el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, uno de los múltiples instrumentos de la denominada «administración paralela» de la Junta.

Recuerda el presidente del Sindicato que después de una anterior protesta ante el Tribunal, al detectarse una primera licitación en la provincia de Córdoba, el contrato quedó paralizado de forma cautelar. Ahora, la intención de la central sindical es que el mismo órgano arbitral bloquee el proceso en toda Andalucía.

En el caso de Córdoba, el importe del contrato para realizar servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, ascendía a 957.493,20 euros. El de Málaga, a 684.840 euros; Granada, 530.400; Almería, 585.000; Huelva, 224.640; Jaén, 447.720; Sevilla, 644.280, y Cádiz, 546.000. En total, más de cuatro millones y medio de euros.

Para gestionar los fondos la Consejería, según el Sindicato de Funcionarios, contrata al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que a su vez adjudica los trabajos definitivamente, en la mayoría de los casos, en empresas privadas.

Son mayormente labores relacionadas con la gestión económica de los centros educativos, pero también vinculadas a cuestiones tales como preinscripciones, matriculaciones y grabación de datos personales de los alumnos, algo que en opinión del Sindicato es una responsabilidad exclusiva de los funcionarios. De hecho, en el escrito presentado por el presidente del SAF, José Manuel Mateo, éste reclama la anulación de los contratos y que las atribuciones de los mismos recaigan en el personal funcionario de carrera.

Igualmente, pide que se remitan las actuaciones a los órganos correspondientes para dirimir «las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido los titulares de los órganos administrativos que correspondan por la externalización improcedente de servicios».

A juicio del SAF, ello podría suponer, en contra de la legalidad, una atribución directa o indirecta de potestades a personal ajeno a la función pública».