El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, junto al
resto de los diputados popular en la Comisión de Investigación de los
ERE
Rojas avanza las conclusiones del PP en la Comisión de Investigación de
los ERE, que piden también la dimisión de Aguayo, Ávila y 12 ex altos
cargos de la Junta
El PP considera probado que durante años funcionó "una trama que otorgó
ayudas fraudulentas de la que se beneficiaron los propios miembros del
gobierno andaluz, amigos y familiares afines al Gobierno y al Partido
Socialista"
Concluye que el escándalo "no era cosa de tres o cuatro golfos" y
destaca "el caso omiso que hizo el gobierno andaluz de las alarmas que
detectaron el fraude"
Exigirá responsabilidades al presidente de la Cámara de Cuentas si
antes del viernes no remite a la Comisión de Investigación el expediente
completo sobre las ayudas sociolaborales de la Junta
El Partido Popular considera que el presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán, y el ex presidente Manuel Chaves son los
"principales responsables políticos" del escándalo de los ERE. Así lo
señalan las conclusiones que el PP andaluz presentará a la comisión de
investigación parlamentaria que hoy avanzó el portavoz, Carlos Rojas.
Rojas afirmó que "no hay espacio para la duda" sobre que Chaves y Griñán
"convivieron durante años con un sistema totalmente corrupto." Agregó
que queda "probado que la Presidencia de la Junta conoció y amparó por
conveniencia política la concesión de ayudas públicas otorgadas sin ley y
de forma arbitraria y fraudulenta", por lo que ambos "tienen que asumir
su responsabilidad política".
El portavoz popular señaló que en sus conclusiones el PP pide la
dimisión de ambos y de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo;
del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila,
y de otros doce ex altos cargos de la Administración autonómica entre
2011 y 2010, como son los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera,
Antonio Fernández y Manuel Recio; los ex viceconsejeros de Empleo
Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores de la Dirección General
de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; los
ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler; la ex
consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y el ex consejero de
la Presidencia, Gaspar Zarrías.
En este sentido, Rojas dejó claro que el PP "estará en contra de
cualquier conclusión que no incluya a Chaves y a Griñán", ya que
consideró inverosímil que desconocieran los hechos tras los reiterados
informes de auditoría de la Intervención General.
INSTRUMENTO ILEGAL, ARBITRARIO Y OPACO
Además, en las conclusiones del PP andaluz se considera como "hechos
probados" que en el seno del Gobierno andaluz "se articuló un
instrumento ilegal, arbitrario y opaco de ayudas del que se han derivado
numerosas ilegalidades y un menoscabo de fondos públicos evidente" y
que durante los años investigados funcionó "una trama que otorgó ayudas
fraudulentas y de la que se beneficiaron los propios miembros del
gobierno andaluz, amigos y familiares afines al Gobierno y al Partido
Socialista, empresarios próximos al poder, despachos de abogados,
mediadores, compañías de seguros, comisionistas, quienes recibieron
cuantiosas subvenciones y comisiones concedidas sin norma y sin
control".
El PP también concluye que este escándalo "no era cosa de tres o cuatro
golfos" y que, "habida cuenta del dilatado tiempo en que funcionó este
mecanismo de reparto de dinero público y el caso omiso que hizo el
gobierno andaluz de las alarmas que detectaron el fraude, desde el
Ejecutivo se ideó, se toleró y se tapó una forma de proceder claramente
ilegal" porque hasta 2011 no se aprobó una norma que regulara las ayudas
sociolaborales con requisitos, plazos y normas de control.
Rojas recordó que a pesar de que en 15 ocasiones la Intervención
General "dio cuenta fehacientemente a las Consejerías de Empleo,
Innovación Ciencia y Empresa y Economía y Hacienda de las ilegalidades
detectadas", este sistema de concesión de ayudas continuó "sin que nadie
pusiera remedio". Añadió que las ayudas concedidas, "además de
ilegales, son nulas de pleno derecho como así lo ha confirmado el propio
Gobierno Andaluz a través de las resoluciones masivas aprobadas por la
Consejería de Empleo declarando la nulidad de todas las subvenciones del
programa 31L".
En sus conclusiones, el PP también exigirá responsabilidades al
presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, si antes del viernes
no remite a la Comisión de Investigación el expediente completo sobre
las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta y solicitado por la
comisión de investigación. Agregó que detrás de la falta de colaboración
por parte de la Cámara de Cuentas existe una "clara intencionalidad
política."
Por último, el portavoz popular pidió que Izquierda Unida demuestre su
coherencia exigiendo la dimisión de Griñán y que "no se desmarquen" en
las conclusiones de la actitud demostrada durante los interrogatorios al
presidente y al ex presidente de la Junta.
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