UN NUEVO FRACASO DE LOS SINDICATOS

Huelga general 14-N: Los sindicatos celebran una jornada fracasada

CC.OO. y UGT cifran el seguimiento de la huelga en un 77 por ciento. El consumo eléctrico es hasta ocho puntos mayor que en la pasada convocatoria. Hay 110 detenidos y más de 40 heridos (al menos 22 de ellos, policías)

abc / madrid

Día 14/11/2012 - 18.15h

jaime garcía

Un cajero en Madrid

El Gobierno habla de normalidad y de incidencia limitada en la huelga general de este 14-N mientras que los sindicatos señalan que es un éxito, aunque con un seguimiento menor que en la huelga del pasado 29 de marzo.

El Ejecutivo se apoya en el indicador del consumo eléctrico, que actualizado a las 12.30 es un 12,5% inferior al alcanzado a la misma hora del miércoles de la semana pasada y 8,6 puntos por debajo de la tasa registrada a esa misma hora en la anterior huelga general.

Un total estimado de 9,1 millones de trabajadores han secundado este miércoles la convocatoria de huelga general, según datos difundidos por CC.OO. y UGT. Esta cifra supone un descenso del 12,2% con respecto al seguimiento de la pasada huelga general, la del 29 de marzo, cuando 10.465.139 asalariados la secundaron.

Según informa la Policía a través de Twitter, hasta las 16:30 horas son 110 los detenidos por distintos incidentes en toda España, por delitos de coacciones, daños y desobedencia. Según los últimos datos disponibles han resultado heridas en diferentes altercados más de cuarenta personas, al menos 22 de ellos policías.

Aeropuertos

Un total de 188 operaciones de vuelo se han cancelado hasta las 9,30 horas en los aeropuertos españoles, si bien se han realizado con normalidad 294 operaciones. De las operaciones canceladas, 95 corresponden a aterrizajes y 93 a despegues, mientras que entre los 294 vuelos operados, 120 son llegadas y 174 salidas.

Transporte

El transporte de mercancías y viajeros por carretera opera con «casi total normalidad» en las primeros horas de la jornada de huelga general, salvo por algunos retrasos provocados por piquetes y la rotura de la luna de algún vehículo, según aseguran la patronal de camioneros CETM y de empresas de autobuses Asintra.

En tráfico de viajeros, la asociación del sector apuntó que los servicios mínimos se cumplen al 95%, «excepto en aquellas empresas en las que han registrado algunos incidentes por la acción de los piquetes informativos, que ha retrasado la salida de algunos autobuses».

Comunidad de Madrid

M.I. SERRANO/ T.G. RIVAS / A. DELGADO. MADRID. La jornada de huelga ha transcurrido con relativa tranquilidad en Madrid, excepto en la Puerta del Sol donde en estos momentos piquetes, comerciantes y Policía mantienen un enfrentamiento. Los manifestantes han tratado de impedir la apertura de comercios como Casa Diego o la pastelería La Mallorquina, que han requerido presencia policial en sus puertas para impedir que los piquetes entraran a los establecimientos.

En general, el comercio abrió en un 95% con normalidad, según la asociación La Viña. Los servicios mínimos de autobuses y Metro funcionaron incluso por encima de lo previsto: hasta un 10% más allá de lo anunciado, según la Comunidad de Madrid. 31 personas han resultado detenidas y cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía heridos. Dos de ellos, en la calle Villalobos, portaban dos artefactos explosivos formados por dos botellas de gasolina, tornillería y clavos y un dispositivo detonador formado por botellas de gas y un potente petardo. [Más información en Madrid]

Cataluña

E. A./M. J. C./À. G./J. G.BARCELONA. Bloqueos en los accesos a Barcelona, piquetes en algunas empresas y protestas sin incidentes destacables en el centro de la ciudad es el balance de las primeras horas de huelga en Cataluña, en las que la policía autonómica ha detenido a catorce personas por destrozos e incidentes.

El seguimiento del paro ha sido, según los sindicatos, «masivo» en la industria y la enseñanza, y menor en el comercio y la sanidad, aunque la Generalitat ha suavizado el impacto. En el corazón de Barcelona, grupos de piquetes han logrado prácticamente paralizar el comercio y, como es habitual en jornadas de huelga, plaza de Cataluña y paseo de Gràcia han sido el epicentro de la movilización. [Más información en Cataluña]

Andalucía

EP. La delegada del Gobierno en Andalucía ha cifrado por debajo del 50% la incidencia de la huelga general en la comunidad autónoma, que ha calificado como «baja o medio baja», durante las primeras horas de una jornada que se ha desarrollado «con normalidad» en términos generales, aunque se han registrado 11 detenidos, seis en la provincia de Sevilla, dos en Granada, dos en Córdoba y uno en Málaga, y siete heridos leves.

Seis de los detenidos lo han sido en Sevilla por el destrozo en inmuebles y cajeros automáticos; dos en Granada por tratar de impedir la entrada y salida de camiones en la factoría de Dhul; dos en Córdoba -uno de un piquete por fracturar el cristal de un autobús en Mercacórdoba y un segundo por intentar fracturar un vehículo particular-, y un último detenido en Málaga. [Más información en ABC de Sevilla]

Aragón

Y. A./R. P. ZARAGOZA. La huelga general ha logrado paralizar las grandes industrias de la Comunidad, sin embargo, tieneun escaso seguimiento en el tejido empresarial del conjunto de la región, en el pequeño comercio o en el sector de la banca. Las propias organizaciones sindicales han cifrado sólo en el 20% el seguimiento de los paros en la banca.

En fábricas como Opel y sus auxiliares, Valeo, Jonshon Controls, CAF, Balay, Pikolín o Saica, el seguimiento es masivo, rondando el cien por cien en la mayoría de ellas. Al igual que en el transporte. En Zaragoza, solo 82 autobuses urbanos cubren los servicios mínimos.

Además, las rutas que unen la capital con los pueblos de alrededor también han visto reducidas sus frecuencias por la huelga.Sin embargo, más allá de los casos concretos de las grandes industrias y del transporte público en Zaragoza capital, la incidencia general en el tejido empresarial aragonés ha sido muy reducida. [Más información en Aragón]

Asturias

EP. Cuatro huelguistas detenidos y siete agentes de la Policía Local heridos, de carácter leve, es el balance de los enfrentamientos que se han producido este miércoles en Gijón. Asimismo, una persona ha sido detenido después de que un piquete lanzase piedras y artefactos pirotécnicos contra una patrulla de la Guardia Civil, ya que uno de los cohetes llegó a entrar dentro del furgón policial, entre las localidades asturianas de Ujo y Mieres.

Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga general en Asturias en un 92%, por encima de la media nacional situada en el 80%. Para los secretarios generales en Asturias de CC.OO., Antonio Pino, de UGT, Justo Rodríguez Braga, y de USO, Francisco Baragaño, la convocatoria se está desarrollando de forma «masiva y ejemplar».

Baleares

ANTONI LIMONGI. PALMA. Manifestantes antisistema y agitadores independentistas han protagonizado este mediodía dos cargas policiales durante la jornada de huelga general. Dos personas han sido detenidas en una manifestación en las Avenidas de Palma, donde cerca de 300 personas han logrado cortar el tráfico en la céntrica vía.

Comercios abiertos, concentraciones en el centro de Palma, lluvia matinal y cumplimiento de los servicios mínimos pactados. Estas han sido las constantes de la huelga general en Baleares. El paro ha tenido un seguimiento generalizado en las empresas municipales de Palma: Emaya (limpieza) y Emt (transportes), que cumplen los servicios mínimos.

Desde primeras horas de la mañana grupos de piquetes han recorrido el centro para evitar la apertura de comercios, sin embargo muchos de ellos han permanecido abiertos. Numerosos turistas transitaban las calles más lejanas al centro. [Más información]

Canarias

B. S. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Con menos tráfico del habitual en las calles, aunque con algunas retenciones en los accesos de las ciudades por la escasez de transporte público, han amanecido sin incidentes las dos capitales canarias en este día de huelga general.

Mientras los puertos de Santa Cruz y Las Palmas iniciaron la jornada con actividad mínima, un piquete en la refinería Tenerife, de Cepsa, de unas 250 personas, ha sido de momento la manifestación más numerosa y que no presenta incidentes con la Policía esta vez, a diferencia de la anterior huelga general, en que se registró un violento choque. [Más información en Canarias]

Cantabria

EP. La huelga general tiene en Cantabria una respuesta similar a la desarrollada el pasado 29 de marzo ya que el seguimiento es, según los convocantes, del 85%, el mismo de la anterior convocatoria, si bien consideran que el paro se está produciendo con mayor intensidad.

La Delegación del Gobierno en Cantabria apunta que el seguimiento de la huelga está siendo «bajo» en la región, si bien coincide con los sindicatos en la normalidad con que se está desarrollando el paro, que se ha saldado hasta las dos de la tarde con dos detenidos. El resto de incidencias, ninguna de gran significación, han sido cortes de tráfico en carriles de entrada a Santander y en algunas de sus vías principales, así como también en Torrelavega.

Castilla y León

ABC. El 90% de los trabajadores del sector minero ha secundado la huelga general en León, mientras que el seguimiento ha sido desigual por parte de las principales empresas con sede en la Comunidad oscilando entre el cien por cien de las fábricas de medicamentos de Cyndea (Ólvega) y Antibióticos (León) y el 25% del Grupo Siro en Venta de Baños. Algunas, como Campofrío, en Ólvega, ha amanecido cerrada. [Más información en Castilla y León]

Castilla-La Mancha

ABC. Los sindicatos CC.OO. y UGT hablan de seguimiento mayoritario de la huelga general en el turno de noche de los polígonos industriales de Castilla-La Mancha y de ausencia de incidentes y cumplimiento de los servicios mínimos acordados en el transporte público urbano que ya ha comenzado a salir.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha destacado que la huelga se desarrolla con «muchísima normalidad» en la región y habla de seguimiento «casi irrelevante». Según ha informado a Efe el secretario general de la Cecam, Félix Peinado, los primeros datos que tienen indican que el seguimiento de la segunda huelga general es «menor, si cabe», que en la del pasado mes de marzo, que ya entonces tacharon de «fracaso». [Más información en Toledo]

Comunidad Valenciana

A. C. VALENCIA. La patronal autonómica Cierval cifra en el 4,5% el porcentaje de empresas en las que la huelga general ha tenido incidencia, tras haber realizado una «pormenorizada ronda de seguimiento».

El seguimiento escaso, la normalidad y la ausencia de incidentes, han sido la tónica general durante las primeras horas de huelga entre las empresas. Tan sólo se han registrado aislados incidentes en polígonos industriales de Alicante y Valencia y puntuales actos vandálicos en cajeros automáticos y oficinas de entidades financieras. [Más información en Comunidad Valenciana]

Extremadura

EP. La jornada se desarrolla en Extremadura con normalidad y ausencia de incidentes, y con cifras de seguimiento dispares según se atienda a las facilitadas por los convocantes, o por las administraciones.

Los sindicatos convocantes no han ofrecido una cifra definitiva de seguimiento de la huelga, aunque sí han avanzado que será «mayor» que otras ocasiones, aunque su incidencia está siendo «desigual» según sectores. Según las cifras ofrecidas por el consejero de Administración Pública extremeño, Pedro Nevado-Batalla, el seguimiento alcanza una media del 17,8% en la administración regional.

Galicia

D. G. SANTIAGO. Alrededor de las 12 horas han arrancado en las principales ciudades las manifestaciones promovidas por los sindicatos para esta jornada de huelga. Un día de paro que se desarrolló con normalidad en la comunidad gallega al margen de algunos indicentes menores como la detención de un sindicalistas en el Polígono a primera hora de la mañana, y que ha sido acusado de atentado contra la autoridad, o la quema de contenedores y neumáticos para dificultar los accesos a algunas áreas industriales.

La Xunta ha cifrado en un 25% el seguimiento de la huelga en la Administración autonómica y sus organismos dependientes, según informa en un comunicado la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza con datos a las 10 horas. Asimismo, añade que los servicios mínimos se están cumpliendo «en su totalidad» y destaca la ausencia de incidentes de relevancia. [Más información en Galicia]

La Rioja

EFE. La huelga general transcurre en La Rioja con normalidad, secundada por un 75% según los sindicatos y por un 10% según la FER, y en la que destaca un piquete informativo de unas 200 personas que recorre el centro de Logroño, que ha protagonizado un enfrentamiento con la Policía ante Caja Rioja.

Este enfrentamiento, en el que no se han registrado heridos, se ha producido hacia las 7:30 horas de hoy, ante la sede central de Caja Rioja, integrada en Bankia, después de que los miembros del piquete cortaran el tráfico de la calle Miguel Villanueva durante unos 20 minutos.

Murcia

EP. Los sindicatos han considerado «masivo» el paro en la comunidad murciana mientras que la delegación del Gobierno ha hablado de «incidencia baja» en todos los sectores. La jornada se ha saldado, hasta el momento, con tres detenidos que intentaban auxiliar a una cuarta persona, que ha sufrido heridas de diversa consideración al recibir golpes en la cara por parte de la Policía.

Además, se ha producido un enfrentamiento a mediodía entre manifestantes y antidisturbios de la Policía Nacional en las calles del centro de Murcia, que ha desembocado en un forcejeo.

Navarra

EP. La jornada se desarrolla en Navarra con normalidad y sin incidentes de consideración, en una convocatoria que está siendo secundada de forma «masiva», según los sindicatos, que cifran el seguimiento en más del 70%, y de forma «minoritaria», según los empresarios, que lo cifran en el 16%.

La Confederación de Empresarios de Navarra reconoce un paro del 84% en la fábrica automovilística, pero rebaja al 16% la media de seguimiento en el Metal. Tanto la Delegación del Gobierno en Navarra como el Gobierno de Navarra han coincidido en reseñar que la jornada se está desarrollando sin incidentes y con normalidad.

País Vasco

EFE. Miles de personas han participado en las manifestaciones celebradas en las tres capitales vascas con motivo de la huelga general contra los recortes convocada por CC.OO., UGT, USO y otras centrales minoritarias como ESK o CGT y CNT.

El Gobierno vasco ha estimado en 4,48% el seguimiento medio en la Administración Pública dependiente de la Comunidad autónoma vasca y en un 10% en el sector privado. [Más información]

Zoido lleva al Parlamento el drama de los desahucios y ofrece a Griñán un pacto para dar soluciones a los afectados

Mientras PSOE e IU cerraban el Parlamento por huelga, los parlamentarios del PP han estado trabajando en la Cámara y debatiendo las iniciativas que irán al Pleno de mañana

PSOE e IU deberán ''retratar'' sus posiciones al votar una moción que el PP defenderá mañana en el Pleno del Parlamento

Pide a la Junta que ponga a disposición de las familias desahuciadas las vivienda desocupadas que tiene la Empresa Pública de Suelo Andaluz

La iniciativa podría haber salido adelante hoy de no haber sido retrasado el Pleno con motivo de la huelga general

El presidente del PP andaluz considera un "retroceso democrático" el "cierre" del Parlamento y denuncia el "entreguismo" de Griñán al "radicalismo" de IU

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El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha presentado hoy la iniciativa que el Grupo Popular defenderá mañana en el Pleno del Parlamento andaluz, un paquete de medidas para luchar contra el drama de los desahucios que deberá someterse a votación, con lo que PSOE e IU deberán 'retratar' su postura. Además, recordó su ofrecimiento al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de un pacto entre las distintas fuerzas políticas que a través de "líneas de diálogo" ofrezca soluciones a los afectados.

Zoido, quien ha presidido una reunión del Grupo Parlamentario Popular, recordó que la iniciativa podría haberse aprobado hoy de no haberse retrasado el Pleno del Parlamento con motivo de la huelga general, algo que consideró un "retroceso democrático" fruto del "entreguismo" de Griñán al "radicalismo" de IU.

El presidente del PP andaluz se mostró partidario de "completar" desde Andalucía las modificaciones legales que pueda realizarse a nivel nacional y abordar individualmente cada caso de desahucio, como ya están haciendo algunos Ayuntamientos en la comunidad, como el de Sevilla, del que es alcalde. También abogó por que la Junta medie para que las entidades financieras establezcan líneas de crédito, así como a tomar como acciones fundamentales el alquiler, la rehabilitación o el impulso de la promoción de vivienda social.

Entre las medidas que recoge la iniciativa del PP andaluz se pide que la Empresa Pública de Suelo (EPSA) ponga a disposición de las familias afectadas por procesos de desahucio viviendas desocupadas de las 70.000 de las que dispone. Por otra parte, el PP apuesta por que Andalucía garantice un marco de ayudas al alquiler propio, en función de la renta y capacidad económica, dirigido a determinados colectivos con ingresos limitados.

También apuesta por contemplar una línea de ayudas financieras (préstamo-aval) destinada a familias que tienen abierto proceso de negociación con entidades financieras para el mantenimiento de su vivienda o promover una mesa de diálogo y negociación con la recién creada Plataforma en Defensa de la Construcción en Andalucía. Además, el PP cree necesario aprobar un calendario de pago de la deuda e impagos que el Sector Público Andaluz tiene con promotores, adquirentes de vivienda protegida y beneficiarios del programa de fomento del alquiler.

En el marco del nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, las líneas de acción que el PP considera prioritarias son: la adecuación de los objetivos de vivienda protegida en venta y en alquiler a las necesidades reales de vivienda de los andaluces; la rehabilitación del parque de vivienda social en desuso y en malas condiciones de habitabilidad y la dirigida a las zonas más desfavorecidas de nuestra Comunidad Autónoma, especialmente con planes de erradicación del chabolismo y de la infravivienda; la aprobación de un Plan de Accesibilidad Residencial, fundamental para atender las necesidades de las personas mayores y con movilidad reducida, con el objeto de no hacer prisioneras a estas personas de sus propias viviendas.

Rojas se pregunta ''a qué se debe tanto silencio de IU y a cambio de qué''

Carlos Rojas en un momento de la rueda de prensa que ofreció hoy en el Parlamento andaluz.

Pide a Valderas que explique por qué "guardia silencio", ya que antes "tenía un discurso de oposición y ahora cambia de postura"

Critica que IU "ha pactado su silencio con el PSOE ante los recortes de la Junta y que experimentan las propias consejerías que gestiona"

Informa de que en el programa de Memoria Democrática "casi uno de cada cuatro euros se destinan a pagar sueldos y dietas de dos cargos políticos de IU"

Pide al bipartito que "provincialice" las inversiones del Presupuesto para 2013

Se pregunta si los dirigentes de IU "se benefician de privilegios como condonación de créditos y aplazamiento" de los mismos

Exige a Valderas que explique las cuentas de IU "con total transparencia"

El PP lleva el jueves a Pleno una iniciativa instando al Gobierno andaluz a poner en marcha un paquete de medidas de transparencia para que los ciudadanos sepan "dónde y cómo se gasta cada euro público"

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El portavoz del GP en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, preguntó hoy a IU "si hay algo en el pacto de gobierno" con el PSOE que desconocen los andaluces y a qué "se debe tanto silencio de IU" que "antes tenía un discurso de oposición y ahora cambia de postura", citando como ejemplo el fraude de "los ERE", toda vez que exigió al vicepresidente y consejero de Administración Públicas de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, que explique "por qué guarda silencio y a cambio de qué".

Durante una rueda de prensa en la Cámara autonómica, Rojas añadió que IU "ha pactado su silencio con el PSOE ante los recortes de la Junta de Andalucía y que experimentan" las propias consejerías gestionadas por la coalición de izquierdas, refiriéndose a Turismo y Comercio, Fomento y Administraciones Públicas.

En este sentido, explicó que la Junta recorta el área de Turismo para 2013 en un 40,35 por ciento, es decir, 59,2 millones respecto al ejercicio 2012, mientras que Comercio baja en un 31,9 lo que suponen 6,5 millones menos.

También sufren recortes las partidas destinadas a la Consejería de Administraciones Públicas en un 6%, es decir, 10,25 millones de euros, mientras que la política de Vivienda enmarcada en Fomento disminuye en 315 millones, es decir, un 71% del total acumulado desde 2009 hasta 2013.

Por otro lado el Plan de Cooperación Municipal contará con 145 millones menos, al bajar un 13,4% respecto a 2012.

De la partida presupuestaria destinada a los consistorios andaluces, criticó que el Gobierno andaluz "mantiene" el Fondo de participación en los tributos de la comunidad en los 480 millones para 2013, es decir, la misma cantidad asignada para 2012, e "incumplimiento el calendario establecido en el artículo 4 de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, que fija que para 2013 este fondo debería ascender a 540 millones y así alcanzar los 600 millones en 2014", añadió.

Respecto al programa presupuestario específico de la Memoria Democrática y que también gestiona IU en la Administración autonómica, Carlos Rojas informó de que "casi uno de cada cuatro euros se destinan a pagar sueldos y dietas de dos cargos políticos de IU", y agregó que "se gastan en sueldos el equivalente al 51% de lo que destinan a recuperar la memoria de las víctimas", es decir, "140.100 euros en sueldos y 275.000 en recuperación de la memoria", por lo que se preguntó si "son necesarios dos cargos políticos para gestionar poco más de 485.00 euros".

Asimismo, criticó que el bipartito no provincializa las inversiones para "ocultarnos" si el Presupuesto para 2013 "cumple o no con la cohesión territorial", si bien opinó que al PP le parece "grave que no se provincialicen las inversiones porque supone un claro retroceso".

Por todo lo anteriormente expuesto, Carlos Rojas se preguntó si los dirigentes de IU "se benefician de privilegios como condonación de créditos y aplazamiento" de los mismos, al tiempo que exigió a Valderas que explique "las cuentas" de su organización política "con total transparencia".

PNL DE TRANSPARENCIA

Al hilo de esto, el portavoz del GP anunció que su formación llevará el próximo jueves al Pleno una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno andaluz a poner en marcha un paquete de medidas de transparencia en el seno de la Administración para que los ciudadanos sepan "dónde y cómo se gasta cada euro público" frente a la "opacidad" que "desde hace 30 años gobierna en Andalucía".

Los populares pretenden con esta iniciativa parlamentaria que el Consejo de Gobierno remita a la Cámara un Proyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública, "como instrumento de transparencia, de compromiso con principios éticos que rijan la actuación de los responsables públicos, de obligaciones de buen gobierno y que contemple las consecuencias políticas derivadas de su incumplimiento, entre otros aspectos", explicó Rojas.

Asimismo, creen necesario "hacer públicas la retribuciones dinerarias y en especie percibidas anualmente por los altos cargos, asimilados, y máximos responsables de las agencias, consorcios y entidades instrumentales del sector público andaluz, así como las indemnizaciones percibidas, en su caso, adicionalmente en concepto de vivienda y traslado de domicilio"; así como "las asignaciones económicas o cesantías de ex altos cargos de la Junta de Andalucía reguladas en la Ley 3/2005, de 8 de abril, así como la adecuación del régimen económico de las personas que ejercen funciones de alta dirección y del resto del personal directivo de las entidades del sector público".

Implantar un sistema retributivo sin margen para la discrecionalidad y la opacidad, fijando anualmente y con criterios objetivos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía los complementos o pluses de productividad de altos cargos y del personal eventual, e informar periódicamente al Parlamento de Andalucía a través de la Consejería competente en materia de Recursos Humanos y Función Pública de las personas beneficiadas y cuantía de dichos complementos o incentivos al rendimiento.

En la PNL solicitan incluir las relaciones de puestos de trabajo y en el anexo de personal del proyecto de presupuesto de Andalucía el detalle respecto al número de personal de confianza y/o asesoramiento especial, con desglose por secciones y servicios; así como dar cuenta al Parlamento de las asistencias técnicas a través de contrataciones laborales por parte de agencias y entidades instrumentales del sector público, de manera que haya transparencia respecto de las actividades realizadas a través de dichas asistencias.

En otro punto, el PP andaluz solicita reforzar y mejorar el régimen de incompatibilidades y obligaciones de los diputados, altos cargos de la Administración y asimilados, en relación a la publicación de sus declaraciones de IRPF; las asignaciones y gastos provenientes de sus formaciones políticas; la relación de sus familiares directos con la Administración Pública y Cajas de Ahorro y sus fundaciones y el régimen de incompatibilidades tras el cese o relevo; así como cumplir con el compromiso de aprobar de manera urgente un Reglamento que desarrolle las modificaciones establecidas en la Ley 3/2005, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, haciendo de inmediato efectiva la obligación de los altos cargos de informar sobre las relaciones contractuales de sus familiares directos con la Administración Autonómica.

En definitiva, según indicó el portavoz parlamentario del GP, "esta iniciativa persigue la transparencia del gobierno frente a la opacidad actual, además de dar ejemplo y no solo predicar con la palabra", concluyó.

El bipartito recorta 588 millones de euros en Educación y 223 en infraestructuras y equipamientos educativos

Marifran Carazo y Arancha Martín durante la rueda de prensa en la sede del PP andaluz

Carazo afirma que el recorte total en el presupuesto del 2011 ascendió a 385 millones de euros

"Si comparamos el grado de ejecución del presupuesto de 2012 con el del 2011 a 30 de septiembre éste tiene una menor ejecución de un 6,3%"

Asegura que la gestión de la Educación en Andalucía es un auténtico "polvorín" ante lo que le exigió al Gobierno bipartito un compromiso firme y un impulso con la Educación pública

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La portavoz de Educación del Partido Popular andaluz, Marifran Carazo, denunció hoy que los presupuestos de la Junta de Andalucía en materia de Educación para el año 2013 suponen un recorte con respecto al ejercicio anterior de un 9,35% lo que conlleva un total de 588 millones de euros menos, al mismo tiempo que criticó que las inversiones en infraestructuras y en equipamientos educativos han sufrido un recorte de 223 millones de euros, un 40% de los recursos que la Junta presupuestaba en ejercicios anteriores.

"Hay que llamarle la atención a la Junta porque el 40% de las infraestructuras educativas en Andalucía necesitan de ampliaciones y de reformas urgentes. Un plan fracasado detrás de otro...primero fue el plan mejor escuela, luego el aula 2000 y luego el plan ola", añadió.

Carazo, que afirmó que no valen excusas ni que el Gobierno bipartito responsabilice al Gobierno de Rajoy de todos sus males, explicó que el presupuesto del 2011 ya nacía con un recorte importante de 218,7 millones de euros con respecto al 2010, a lo que se sumó el recorte adicional que llevó a cabo el Gobierno andaluz de 110,7 millones de euros y un segundo recorte que es el que resultó de no ejecutar lo presupuestado y que ascendió en el 2011 en 55,8 millones de euros, lo que supuso un recorte total de 385 millones de euros.

Asimismo, afirmó que "si comparamos el grado de ejecución del presupuesto actual de 2012 con el del 2011 a 30 de septiembre éste tiene una menor ejecución de un 6,3%".

Además, indicó que este año no se podrán suprimir las aulas prefabricadas que existen en más de doscientos centros educativos por lo que consideró que "si no se cuenta con equipamientos educativos de calidad no se puede hablar de una apuesta por la Educación pública".

"Parece que el Gobierno andaluz ha renunciado a renovar nuestras infraestructuras. Griñán dijo que este presupuesto era para no cerrar colegios pero mucho nos tememos que con esta reducción tan importante en la inversión muchos centros tengan que cerrar sus puertas parcial o totalmente", aseveró.

Carazo afirmó que la concentración de las escuelas infantiles en el día de hoy es un ejemplo más de la nefasta gestión de la Educación en Andalucía así como del fracaso del modelo educativo y destacó que esto demuestra una falta de confianza por parte de las guarderías hacia el Gobierno andaluz aunque recordó que esta situación no es nueva, ya que ve como ésta se repite desde hace un año con impagos y retrasos.

También aseguró que ya son dos los años consecutivos en los que la educación infantil comienza en Andalucía en una situación "in extremis" e instó a la Junta a resolver esta situación de forma urgente por ser la única responsable de la gestión del modelo actual.

Finalmente, apuntó que hoy han estallado las escuelas infantiles y las guarderías pero afirmó que la gestión de la Educación en Andalucía es un auténtico "polvorín" ante lo que le exigió al Gobierno bipartito un compromiso firme y un impulso con la Educación pública y que devuelva la normalidad y acabe con la incertidumbre que existe porque, según dijo, "de otra forma no se puede garantizar una Educación pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades entre los jóvenes andaluces".

Juan Bueno: “Lo que le fastidia al PSOE es que Rajoy haya sido el primer presidente y Zoido el primer alcalde en enfrentarse a los desahucios”

• El Presidente del PP de Sevilla lamenta que en lugar de apoyar una decisión tan importante para 600 familias sevillanas, el PSOE vuelva a utilizar la política de confrontación

Juan F. Bueno Navarro

El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha lamentado la reacción del PSOE ante la decisión de Zoido de paralizar los expedientes de desahucios de 600 familias sevillanas que “solo responde a que, una vez más, el paso adelante del PP ha puesto en evidencia la inacción del PSOE en este tema”.

Bueno ha manifestado que “Juan Ignacio Zoido y el Ayuntamiento de Sevilla han dado un paso adelante para atender y solucionar este problema, un paso adelante que, sin duda, aliviará a las 600 familias sevillanos que se encuentran actualmente en riesgo de desahucio”.

“Sin embargo, es una gran irresponsabilidad que haya habido dirigentes socialistas que, en lugar de apoyar y felicitar por la toma de decisiones como la llevada a cabo por Zoido se enroque de nuevo en su política de confrontación aunque sea a costa de un tema tan sensible como es la situación de estas familias”.

Los que tendrían que haber dicho mucho sobre la situación de los desahucios y sin embargo no ha hecho absolutamente nada en años, es la Junta de Andalucía y el PSOE andaluz que ahora intentan atacar la iniciativa del Juan Ignacio Zoido ante la evidencia y la vergüenza de su nula capacidad para solucionar el problema”.

El presidente del PP sevillano ha asegurado que “es muy triste que el que hoy es el principal cliente de los bancos andaluces, el señor Griñán y la Junta de Andalucía, que debe más de 3.700 millones, se dedique a criticar una decisión de Zoido cuando no hemos visto ni un dirigente del PSOE que haya llevado a cabo este tipo de actuación”.

“El único problema que ha tenido el PSOE ante esta iniciativa es que, una vez más, el PP se ha adelantado en la toma de decisiones valientes y eficaces para solucionar los problemas de los ciudadanos”.

“Zoido no votó en contra de una moción sobre los desahucios en el ayuntamiento sevillano, Zoido votó y apoyó la iniciativa de Rajoy de impulsar el Código de Buenas Prácticas que se acababa de aprobar y que estaba destinada a solucionar este problema. Hoy la decisión de Zoido solo confirma ese objetivo y deja claro que para el Partido Popular la situación de los desahuciados siempre ha sido una prioridad”.

Según Bueno, “lo que le pesa al PSOE es que Rajoy ha sido el primer presidente que ha decidido enfrentarse y solucionar este problema. Ya lo hizo cuando aprobó el Código de Buenas Prácticas y lo ha hecho ahora impulsando nuevas iniciativas para completar la intención de aquel código. Y ha sido ahora, Zoido, el primer alcalde que ha dado un paso adelante y ha paralizado estos expedientes de desahucios”

El PP acude a la Diputación en la jornada de huelga para cumplir un día más con su compromiso con la provincia

• Eloy Carmona: “Mientras se celebra una huelga política que no está pensada para defender a los trabajadores, nuestro partido trabaja en la provincia por todos los sevillanos”
• Los populares lamentan que la confrontación social y política que están haciendo PSOE e IU contribuyen a la destrucción de empleo en la provincia y a la frustración general de los ciudadanos

Los diputados del PP en la Diputación de Sevilla han acudido hoy a la institución provincial para “trabajar un día por los intereses de la provincia” y “cumplir con el compromiso que adquirimos con los sevillanos cuando fuimos elegidos representantes públicos de esta tierra y su gente”.

El secretario general del PP de Sevilla y portavoz popular en la Diputación provincial, Eloy Carmona, ha señalado que “mientras se celebra una huelga política que no está pensada para defender a los trabajadores, sino para utilizarlos para atacar al Gobierno del PP, nuestro partido trabaja en la provincia por todos los sevillanos”.

En esta línea, Carmona ha destacado que “la huelga de hoy enmascara una confrontación política que ataca a los intereses generales de los sevillanos y todos los españoles, perjudicando la imagen de nuestro país en el exterior, generando pérdidas y destruyendo empleo”.

“Del mismo modo que esta huelga política, alejada de los intereses de los trabajadores, está afectando a nuestro país está también perjudicando a nuestra provincia, más cuando muchos representantes públicos del PSOE e IU están utilizando a los sevillanos como ariete contra el Gobierno de la Nación”.

“La crispación social y política que los sindicatos del PSOE e IU están generando sólo está alejando a los inversores de nuestra provincia, con la destrucción de empleo que esto conlleva y las dificultades para nuestra recuperación económica, así como la división y los enfrentamientos entre los trabajadores, hundiendo a nuestros comerciantes y autónomos en un solo día, afectando a infinidad de sevillanos en su movilidad y economía, y provocando una frustración generalizada en la sociedad”.

Carmona ha señalado que “desde que el PP tomó las riendas de un país que los socialistas dejan al borde de la quiebra y a punto de desmantelarse como estado de bienestar social, el PSOE y sus secuaces han intentado parar el camino hacia arriba que duramente está haciendo nuestro país por la herencia recibida”.

“Al igual que el resto de españoles, nuestra provincia debe caminar hacia delante con el esfuerzo aunado de todos, porque de lo contrario solo estaríamos contribuyendo a estancar la situación actual”.

Andalucía / CASO ERE

El juez investiga nuevos delitos de cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales

Decreta el secreto del sumario para investigar a nuevas personas que no estaban imputadas hasta ahora a petición de la Guardia Civil

MERCEDES BENÍTEZabcdesevilla / sevilla

Día 08/11/2012 - 11.10h

rocío ruz

El juez Iván Escalera

 

La investigación de los ERE sube un peldaño más. El juez sustituto de instrucción seis, Iván Escalera, ha decretado el secreto del sumario de la investigacón de los ERE fraudulentos porque hay indicios de nuevos delitos de cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

La decisión de decretar secretas las actuaciones se produce después de que así lo haya solicitado la Guardia Civil para practicar nuevas diligencias "sobre personas físicas y juridicas no imputadas" que considera que deben ser esclarecidas en las diligencias de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía.

El auto, firmado ayer, basa esta decisión en que se considera "imprescindible adoptar esta medida en este momento" a la vista de los hechos puestos de manifiesto por la UCO de unos hechos que, aunque no revela, dice, que si tuvieran publicidad podrían quedar "desvirtuados". Por ello el magistrado considera necesario el secreto total de las actuaciones porque los hechos son "indiciariamente constitutivos de nuevos ilícitos penales de cohecho, asociacion ilícita y blanqueo de capitales. Y considera que si se diera publicidad a esas diligencias que debe practicar la Guardia Civil podrían llevar a alguna parte a "manipulación, perdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba" anulando así la acción policial y judicial. Hasta ahora hay 69 imputados en la trama, entre ellos el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustin Barberá y los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. También empresarios, mediadores y abogados.

El secreto se decreta por espacio de un mes para que la Guardia Civil complete las investigaciones iniciadas y se produce mientras la titular del juzgado, Mercedes Alaya sigue de baja por cefaleas aunque ya ha salido de la clínica sevillana donde permanecía hospitalizada. Ademas fuentes judiciales han asegurado que la Guardia Civil esta practicando hoy mismo un registro en unas oficinas fuera de Andalucía.

El PP apuesta por un pacto político que frene la escalada de desahucios

El PP apuesta por un pacto político que frene la escalada de desahucios

Rueda de prensa de Alfonso Alonso tras la Junta de Portavoces

Alfonso Alonso confía en que "haya más espacio" para el diálogo sobre desahucios abierto con el PSOE y el resto de grupos que propicie nuevos acuerdos políticos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, ensalzó hoy el trabajo iniciado por el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar la escalada de desahucios que este año se ha disparado un 20% a través de un acuerdo político con la oposición, pues "el momento para paliar las consecuencias que la crisis tiene socialmente es ahora, mientras se sientan las bases de la recuperación económica y se vuelve a crear empleo".

En rueda de prensa en el Congreso tras reunirse la Junta de Portavoces, el portavoz popular se refirió al mandato recibido del presidente Rajoy para proteger "de una manera eficaz" a los deudores hipotecarios que puedan perder su primera y única vivienda puesto que, recalcó, esto acreditará la utilidad de la política.

Ante la participación del PSOE y de otros grupos de la oposición en este cometido, Alonso confió en que "haya más espacio" para el diálogo que se ha abierto sobre desahucios -y que mañana se sustanciará en una reunión entre la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y la socialista Elena Valenciano-, dado que su formación "siempre estará abierta al diálogo si las propuestas planteadas coinciden con preocupaciones sociales y buscan soluciones prácticas y eficaces a un problema concreto".

Alonso echó la vista atrás para recordar que fue su partido el primero en plantear la necesidad de legislar para proteger a los deudores hipotecarios, algo que se hizo efectivo en el mes de marzo con un cambio legislativo, y mostró la disposición de su grupo para dar más pasos adelante al respecto de "un problema que se viene arrastrando desde 2007 con más de 350.000 desahucios" y a alcanzar acuerdos sobre otras preocupaciones a través de un diálogo "fértil y que dé frutos", permitiendo que el resto de grupos "se sientan protagonistas".

Preguntado sobre la posible resolución inminente del Tribunal Constitucional (TC) al respecto del matrimonio gay, Alonso confió en que cuando la sentencia se haga pública "este asunto quede resuelto y pacífico", toda vez que manifestó su alegría porque al fin haya una resolución.

Cuestionado también por el euro por receta, señaló que se trata de una medida "injusta porque es un doble pago y no es buena solución; estamos en contra del euro por receta en Cataluña y también en Madrid", y sobre la tragedia del pasado fin de semana en el Madrid Arena, el portavoz popular trasladó sus condolencias a las familias de las cuatro víctimas y pidió confianza en el Ayuntamiento de Madrid, que ha emprendido una investigación para esclarecer las causas.

Griñán y Chaves ''convivieron con un sistema corrupto" y son "los principales responsables políticos'' del escándalo de los ERE

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, junto al resto de los diputados popular en la Comisión de Investigación de los ERE

Rojas avanza las conclusiones del PP en la Comisión de Investigación de los ERE, que piden también la dimisión de Aguayo, Ávila y 12 ex altos cargos de la Junta

El PP considera probado que durante años funcionó "una trama que otorgó ayudas fraudulentas de la que se beneficiaron los propios miembros del gobierno andaluz, amigos y familiares afines al Gobierno y al Partido Socialista"

Concluye que el escándalo "no era cosa de tres o cuatro golfos" y destaca "el caso omiso que hizo el gobierno andaluz de las alarmas que detectaron el fraude"

Exigirá responsabilidades al presidente de la Cámara de Cuentas si antes del viernes no remite a la Comisión de Investigación el expediente completo sobre las ayudas sociolaborales de la Junta

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El Partido Popular considera que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el ex presidente Manuel Chaves son los "principales responsables políticos" del escándalo de los ERE. Así lo señalan las conclusiones que el PP andaluz presentará a la comisión de investigación parlamentaria que hoy avanzó el portavoz, Carlos Rojas. Rojas afirmó que "no hay espacio para la duda" sobre que Chaves y Griñán "convivieron durante años con un sistema totalmente corrupto." Agregó que queda "probado que la Presidencia de la Junta conoció y amparó por conveniencia política la concesión de ayudas públicas otorgadas sin ley y de forma arbitraria y fraudulenta", por lo que ambos "tienen que asumir su responsabilidad política".

El portavoz popular señaló que en sus conclusiones el PP pide la dimisión de ambos y de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de otros doce ex altos cargos de la Administración autonómica entre 2011 y 2010, como son los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; los ex viceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler; la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y el ex consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.

En este sentido, Rojas dejó claro que el PP "estará en contra de cualquier conclusión que no incluya a Chaves y a Griñán", ya que consideró inverosímil que desconocieran los hechos tras los reiterados informes de auditoría de la Intervención General.

INSTRUMENTO ILEGAL, ARBITRARIO Y OPACO

Además, en las conclusiones del PP andaluz se considera como "hechos probados" que en el seno del Gobierno andaluz "se articuló un instrumento ilegal, arbitrario y opaco de ayudas del que se han derivado numerosas ilegalidades y un menoscabo de fondos públicos evidente" y que durante los años investigados funcionó "una trama que otorgó ayudas fraudulentas y de la que se beneficiaron los propios miembros del gobierno andaluz, amigos y familiares afines al Gobierno y al Partido Socialista, empresarios próximos al poder, despachos de abogados, mediadores, compañías de seguros, comisionistas, quienes recibieron cuantiosas subvenciones y comisiones concedidas sin norma y sin control".

El PP también concluye que este escándalo "no era cosa de tres o cuatro golfos" y que, "habida cuenta del dilatado tiempo en que funcionó este mecanismo de reparto de dinero público y el caso omiso que hizo el gobierno andaluz de las alarmas que detectaron el fraude, desde el Ejecutivo se ideó, se toleró y se tapó una forma de proceder claramente ilegal" porque hasta 2011 no se aprobó una norma que regulara las ayudas sociolaborales con requisitos, plazos y normas de control.

Rojas recordó que a pesar de que en 15 ocasiones la Intervención General "dio cuenta fehacientemente a las Consejerías de Empleo, Innovación Ciencia y Empresa y Economía y Hacienda de las ilegalidades detectadas", este sistema de concesión de ayudas continuó "sin que nadie pusiera remedio". Añadió que las ayudas concedidas, "además de ilegales, son nulas de pleno derecho como así lo ha confirmado el propio Gobierno Andaluz a través de las resoluciones masivas aprobadas por la Consejería de Empleo declarando la nulidad de todas las subvenciones del programa 31L".

En sus conclusiones, el PP también exigirá responsabilidades al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, si antes del viernes no remite a la Comisión de Investigación el expediente completo sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta y solicitado por la comisión de investigación. Agregó que detrás de la falta de colaboración por parte de la Cámara de Cuentas existe una "clara intencionalidad política."

Por último, el portavoz popular pidió que Izquierda Unida demuestre su coherencia exigiendo la dimisión de Griñán y que "no se desmarquen" en las conclusiones de la actitud demostrada durante los interrogatorios al presidente y al ex presidente de la Junta.

Andalucía / Entrevista a manuel Gómez

«La corrupción de los ERE pudo desmantelarse en 24 horas con una orden verbal»

En una entrevista en ABC, el interventor general de la Junta entre 2000 y 2010 desmonta el falso mito de que Empleo ni Griñán pudieron frenar el sistema ilegal de los ERE

antonio r. VEGA / sevilla

Día 07/11/2012 - 10.32h

J. M. SERRANO

Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía, en la comisión de los ERE el pasado 28 de agosto

 

Quien fuera interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, argumenta que el Gobierno andaluz pudo frenar, tras recibir sus auditorías alertando de serias irregularidades, el sistema ilegal de propició el fraude en las ayudas a empresas y prejubilados durante una década. "Hubiera bastado una orden verbal de los órganos superiores de la Consejería de Empleo para que todo el tinglado de corrupción se hubiera desmantelado en 24 horas", afirma categórico el alto funcionario. En este sentido, recuerda que el consejero de Empleo, por entonces Antonio Fernández, "recibió un informe de la Intervención comunicándole que en la Dirección General de Trabajo se estaban tramitando subvenciones que, de modo generalizado, podían ser nulas de pleno derecho".

En una entrevista en exclusiva a ABC, Manuel Gómez denuncia que está siendo objeto de una campaña de "tergiversación" de sus declaraciones ante la comisión de investigación del caso de los ERE el pasado agosto que atribuye a cargos del PSOE, IU y la Junta para salvaguardar a otros responsables políticos. De ahí que remitiera un informe complementario el pasado miércoles a la comisión de los ERE que desdeñaron desde IU y PSOE. Advierte de que con el sistema que se diseñó para el programa de los ERE, conocido como 31L o "fondo de reptiles", impedía su fiscalización previa. "El juicio jurídico que merecen las subvenciones es aún más grave que tildarlas de ilegales. Son nulas. No lo digo yo, lo dice el Consejo Consultivo de Andalucía, el TSJA y ¡agárrese!, lo dice la propia Consejería de Empleo, es decir, la Junta de Andalucía, que inició la declaración de nulidad masiva de todas las subvenciones del programa 31L", argumenta.

"La Intervención fue excluida deliberadamente de la fiscalización previa de las subvenciones precisamente por los mismos que ahora le reprochan que no ejerciera esos supuestos poderes prodigiosos, que son sólo imaginarios". "El control de la Intervención, respecto de estas subvenciones, se limitó a auditar la labor de mandatario de pago de la agencia IFA/IDEA (entidad pagadora de las ayudas que le ordenaba la Consejería de Empleo). En materia de auditoría, la Intervención no tiene ninguna facultad coercitiva ni suspensiva. Ninguna", aclaró.

Gómez, por último, cuestionó que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004/09), no actuara para frenar las irregularidades "siquiera por razones de oportunidad", aunque no esté obligado a hacerlo "legalmente", dado que la gestión del programa 31L provocó un déficit presupuestario que afectaba a su Consejería. "Decir que el consejero de Hacienda no actuó porque no recibió un informe de actuación no es ni siquiera un subterfugio, es una pamplina", advierte. También censura que desde el PSOE se argumente que el interventor no tomara más medidas para frenar las irregularidades tras realizar un informe especial "no previsto en ninguna norma", cuando ni desde Empleo ni desde Hacienda se actuó. Sobre el consejero de Hacienda, señala que "la ley no le impone una respuesta preceptiva ante las auditorías, pero eso no significaba que se limitara a archivar" los informes que le llegaban de la Intervención general.

Andalucía / política

El Gobierno central ve a la Administración de la Junta «mastodóntica»

La delegada en Andalucía, Carmen Crespo, se pregunta si las medidas de austeridad de Griñán son suficientes

abc / sevilla

Día 07/11/2012 - 10.56h

felipe guzmán

Carmen Crespo, delegada del Gobierno en Andalucia

 

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha asegurado hoy que la Junta debe plantearse si las medidas de austeridad que ha puesto en marcha hasta el momento son "suficientes" para que su administración "mastodóntica" pueda afrontar el pago a proveedores y "hacer sostenibles sus servicios públicos".

Crespo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, durante la que ha puesto en valor la decisión del Gobierno de prorrogar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2013 tras haber "ayudado muchísimo" a Andalucía con 6.300 millones de liquidez durante el presente ejercicio.

La máxima representante del Gobierno en Andalucía ha explicado que la prórroga del FLA tiene objetivo ofrecer "un año más para que las comunidades autónomas tengan las posibilidades económicas que no tienen hasta el momento porque no pueden emitir deuda y que la compre el mercado", por lo que ha apuntado que "si las comunidades se ponen manos a la obra como el Estado a hacer reformas, ver cómo es su administración y hacer sostenible sus servicios públicos tendremos menos tiempo del FLA porque ellas mismas tendrán posibilidades económicas de seguir adelante". "De lo contrario el Gobierno tendrá que ayudar como ya está ayudando muchísimo a Andalucía, no sólo con el FLA sino con el plan de apoyo a proveedores y mucha liquidez que le está dando a la comunidad, con 6.300 millones" en este ejercicio, ha subrayado

Crespo, que ha indicado que aún no hay fijada la cantidad con que estará dotado el FLA para 2013, pero existe un "diálogo constante sobre todas las posibilidades para adecuar la cantidad y la fórmula". También ha destacado el "mejor tono" y el "mayor entendimiento" en las relaciones Junta-Gobierno tras la Conferencia de Presidentes, ya que ha criticado que "hasta entonces la Junta estaba instalada en una confrontación muy perjudicial para los andaluces, echando la culpa de todo al Gobierno de la Nación sin asumir responsabilidades sobre sus muchísimas competencias".

Preguntada por la posibilidad de una nueva distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, Crespo ha defendido que "la Administración del Estado es muchísimo más austera que las comunidades autónomas, es un Gobierno absolutamente austero en su fórmula presupuestaria y en su día a día económico".

En su opinión, "las comunidades autónomas, en nuestro caso la Junta de Andalucía, tienen que plantearse si realmente con esta administración mastodóntica que tienen es suficiente las medidas que ha puesto en marcha o no y si así pueden pagar a proveedores y tienen la posibilidad de hacer sostenibles sus servicios públicos".

Andalucía

El expresidente de Invercaria solo ha devuelto 1.900 de los 24.000 euros empleados en comidas

La Junta dice que el gasto «no es aceptable desde la perspectiva ética ni estética»

josé cejudo / sevilla

Día 07/11/2012 - 08.26h

Sauquillo, junto a Laura Gómiz

 

Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta que está siendo investigada por presuntas irregularidades, solo ha devuelto a las arcas de la Administración andaluza 1.900 euros, por gastos no justificados, del total de 24.262 que este alto directivo cargó en 2009 a la tarjeta de crédito de la sociedad por las facturas de los almuerzos y cenas que compartía con empresarios en algunos de los restaurantes más conocidos y caros de Sevilla, Cádiz, Córdoba o Madrid, extremo, este último, que denunció el lunes el secretario general del PP-A, José Luis Sanz.

De la devolución de los 1.900 euros ha informado este martes en rueda de prensa el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, quien ha señalado que el asunto de las comidas del expresidente de Invercaria no es nuevo. "Desde el Gobierno -ha dicho- entendemos que es un gasto que no es aceptable desde una perspectiva ética ni estética". No obstante, consideró que desde el punto de vista legal "tiene todos los requisitos. Se ha justificado ante la Cámara de Cuentas que estos gastos son de representación de la propia actividad del presidente, aportando comprobantes de pagos y verificando la correspondencia".

Según Vázquez, fue la propia Invercaria la que una vez analizados los datos, y cotejados los gastos, se le reclamó los que no estaban debidamente justificados. Y en cualquier caso, ha añadido, "lo que no podemos permitir es la estrategia de mentiras y tergiversación que está poniendo sobre la mesa el Partido Popular".

Sobre las investigaciones judiciales y policiales que se realizan en las cuentas bancarias de Pérez-Sauquillo y sus socios privados en la empresa de ferias virtuales FIVA, el portavoz de la Junta ha indicado que "si hay alguna ilegalidad, que la investigue la Justicia.

Y desde el Gobierno andaluz, colaboración absoluta. Es un asunto que está en el ámbito judicial, de los tribunales, y tienen que ser ellos los que deben continuar con la investigación. Y ya veremos -ha subrayado- cuál es la conclusión final".

''Sablazo'' de Griñán a la sanidad pública andaluza

La vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Ana Corredera

Salud sufre un recorte de casi 1.000 millones de euros en los Presupuestos de la Junta para 2013

Corredera denuncia el "doble lenguaje" del gobierno de Griñán: la Junta paga a hospitales privados 243 millones de euros para conciertos

Critica los "impagos" y las "facturas guardadas en los cajones", que tampoco podrán afrontarse con estos presupuestos

"Año negro" para la sanidad andaluza por la mala gestión de la Junta: despidos y cierre de centros de Salud

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La vicesecretaria de Organización del PP andaluz y portavoz de Salud en el Parlamento, Ana Corredera, denunció hoy el "sablazo a la sanidad pública" que supone la merma de 945 millones de euros de los fondos destinados a Salud en los Presupuestos de la Junta para 2013. Un dato que, a su juicio, demuestra el "doble lenguaje" del gobierno andaluz, al que "se le llena la boca" al defender la sanidad pública, pero presentan unos "presupuestos antisociales", diseñados para "callar bocas" y "mantener sillones", en referencia a los socios de gobierno de IU.

Corredera hizo un repaso por los principales programas que han sufrido recortes en los presupuestos de Salud para 2013, entre los que destacó el millón de euros de menos de la partida para el programa de Trasplantes, un 11 por ciento menos; o de cuatro millones, un 14,6 por ciento, del programa de Salud Pública; un recorte similar al que han experimentado otras partidas como Atención Sanitaria, Hemoterapia o Planificación.

Parte del "falso progresismo" denunciado por la dirigente popular son los conciertos que está realizando la Consejería de Salud con hospitales privados, de manera que en la comunidad hay 17 hospitales privados concertados con la Junta frente a 29 públicos. De hecho estos presupuestos contemplan 243 millones de euros para pagos a hospitales concertados o para la realización de 438.000 hemodiálisis o de 213.000 resonancias en centros privados andaluces.

Además, Corredera apuntó que con estos presupuestos no se podrá hacer frente a muchas infraestructuras sanitarias prometidas e incluso será imposible finalizar algunas ya empezadas. Tampoco "se sabe como se hará frente a la deuda" que mantiene la Consejería de Salud con las empresas farmacéuticas, a las que deben más de 700 millones de euros, una deuda que, según indicó, se sumaría a las "facturas guardadas en los cajones" que tiene el SAS y que deberían haber abonado con el dinero para el pago a proveedores que la Junta ha recibido del gobierno de Rajoy. Unos pagos que, según explicó la vicesecretaria del PP andaluz, "no se están asumiendo", ya que el cierre contable se ha vuelto a adelantar este año al mes de octubre, cuando la mayoría de facturas se saldan a final de año.

Ana Corredera prosiguió diciendo que a estos recortes hay que sumar la falta de ahorro en altos cargos y cargos de confianza. En cuanto a los primeros, la portavoz de Salud del PP andaluz afirmó que, según los datos que maneja el PP, muchos están siendo "recolocados" y no se están eliminando, como sí asegura la Junta. En cuanto a los cargos de confianza, se mantienen los 4.000 cargos de libre designación que se adscriben al SAS.

Corredera comparó estas cifras con los "recortes" en política de personal, que está sufriendo despidos masivos -120 en Córdoba o 90 en Almería-; y recortes del 25 por ciento en la jornada laboral y el sueldo. En lo que denominó como un "año negro para la sanidad andaluza", se refirió también al cierre de los centros de salud andaluces durante todas las tardes y todos los sábados; o a los "chanchullos" en las listas de espera, que como consecuencia de una "gestión que deja mucho que desear" están incrementándose junto a una bajada en la calidad de la prestación.

"Estamos endeudados hasta las pestañas y cada día pagaremos en Andalucía diez millones de euros para deuda e intereses; nos hemos endeudado tanto que ya no queda dinero para nada", concluyó la dirigente del PP andaluz, quien incidió en que esta situación se produce a pesar de que la Junta ya ha recibido más de 6.000 millones de euros del gobierno de Rajoy, "el que más ha ayudado a Andalucía". "Hay que saber gestionar los fondos propios" apuntó.

El PP exigirá en todos los ayuntamientos que la Junta rectifique su maltrato a la provincia de Sevilla

• Los populares reivindican unos presupuestos acordes con las necesidades de Sevilla y una compensación por el castigo sufrido durante años
• El presidente y el secretario general del PP sevillano mantienen una reunión con los cargos electos

El PP de Sevilla ha acordado reivindicar en todos los ayuntamientos y administraciones públicas competentes la rectificación de la Junta de Andalucía en sus presupuestos para la provincia sevillana, “para que ponga fin al castigo que llevan dado a Sevilla desde hace años y rectifiquen estos nuevos presupuestos que son un nuevo insulto para los sevillanos que perpetúa el maltrato de los socialistas a la provincia”.

Así lo han acordado los populares tras la reunión mantenida por el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, y el secretario general, Eloy Carmona, con los cargos electos por la circunscripción de la provincia y vicesecretarios del PP sevillano.

El secretario general ha aseverado que los presupuestos de la Junta “pretenden encubrir el oscurantismo, las promesas incumplidas y la nefasta gestión del PSOE e IU al frente del Gobierno andaluz, que con estas cuentas para 2013 sólo van a traer más paro y estancamiento a la provincia de Sevilla”.

“El bipartito de los perdedores hacen perder a la provincia de Sevilla las inversiones que los sevillanos necesitan y se merecen mientras destina el dinero de todos los andaluces a los lacayos del PSOE e IU. Mucho dinero para una administración sobredimensionada y ninguno para los sevillanos”.

Carmona ha lamentado que con estos presupuestos “no se va a poder dar el impulso económico que necesita nuestra provincia”, entre otras razones, porque “890 millones de euros van a ir a las macrodeudas de años y años de derroches y abusos por parte de quienes todavía gobiernan Andalucía”.

“Desde el PP siempre vamos a defender que las administraciones públicas están para servir a los ciudadanos y no para endeudarlos, como hace la Junta de Andalucía año tras año con sus presupuestos. Por eso, vamos a exigir en todos los ayuntamientos que PSOE e IU pongan fin a esa política que no beneficia a ningún sevillano y empiecen a trabajar por el bien común”.

El PP exige a Griñán una disculpa a todos los sevillanos tras la sentencia de Mercasevilla

 

Juan F. Bueno Navarro

El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, tras darse a conocer la sentencia de Mercasevilla, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía una “disculpa a todos los sevillanos”, ya que “defendió en su momento al que era un alto cargo suyo, el exdelegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y que hoy está condenado por cohecho”.

Bueno ha indicado que la “rapidez” que asegura tuvo Griñan defendiendo a Rivas en su momento “se echa ahora en falta para trasladar disculpas a todos los sevillanos”. “Griñán, como responsable también del PSOE-A, debe de ponerse de una vez ya del lado de la justicia porque con este caso comenzó a desmantelarse la trama de corrupción más importante de Andalucía”.

Así, insta a Griñán a que deje de “mirar para otro lado y ponerse por una vez del lado de la justicia y asumir las responsabilidades que les corresponde”. “Fue en un gobierno socialista con altos cargos con el que sucedió todo esto”.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al pago de una multa de 600.000 euros, que en caso de impago sería sustituida por un año de cárcel, y 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público al exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas y a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce por solicitar una ‘mordida’ de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo.

Andalucía / educación

La Junta contrata a empresas privadas para gestionar colegios

Paga más de 4,5 millones por tareas que pueden realizar los funcionarios de la Consejería

josé cejudo / sevilla

Día 06/11/2012 - 09.05h

EFE

La Consejería de Educación ha contratado en los últimos meses trabajos externos en todas las provincias andaluzas a un ente de la «administración paralela», que a su vez hace de intermediario ante empresas privadas, para la realización de una serie de servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de centros públicos por importe superior a los 4,5 millones de euros, circunstancia que ha sido denunciada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, al entender que con tales decisiones se ha marginado a los empleados públicos. Después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (dependiente de la Consejería de Hacienda) paralizara cautelarmente el contrato suscrito en la provincia de Córdoba, la central sindical ha solicitado al mismo órgano arbitral la suspensión de los restantes y ha exigido que se depuren las correspondientes responsabilidades.

José Manuel Mateo, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha dirigido un escrito al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en el que denuncia que actualmente se encuentran en fase de licitación y adjudicación un total de siete expedientes de contratación, que han recaído en el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, uno de los múltiples instrumentos de la denominada «administración paralela» de la Junta.

Recuerda el presidente del Sindicato que después de una anterior protesta ante el Tribunal, al detectarse una primera licitación en la provincia de Córdoba, el contrato quedó paralizado de forma cautelar. Ahora, la intención de la central sindical es que el mismo órgano arbitral bloquee el proceso en toda Andalucía.

En el caso de Córdoba, el importe del contrato para realizar servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, ascendía a 957.493,20 euros. El de Málaga, a 684.840 euros; Granada, 530.400; Almería, 585.000; Huelva, 224.640; Jaén, 447.720; Sevilla, 644.280, y Cádiz, 546.000. En total, más de cuatro millones y medio de euros.

Para gestionar los fondos la Consejería, según el Sindicato de Funcionarios, contrata al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que a su vez adjudica los trabajos definitivamente, en la mayoría de los casos, en empresas privadas.

Son mayormente labores relacionadas con la gestión económica de los centros educativos, pero también vinculadas a cuestiones tales como preinscripciones, matriculaciones y grabación de datos personales de los alumnos, algo que en opinión del Sindicato es una responsabilidad exclusiva de los funcionarios. De hecho, en el escrito presentado por el presidente del SAF, José Manuel Mateo, éste reclama la anulación de los contratos y que las atribuciones de los mismos recaigan en el personal funcionario de carrera.

Igualmente, pide que se remitan las actuaciones a los órganos correspondientes para dirimir «las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido los titulares de los órganos administrativos que correspondan por la externalización improcedente de servicios».

A juicio del SAF, ello podría suponer, en contra de la legalidad, una atribución directa o indirecta de potestades a personal ajeno a la función pública».