Andalucía / junta de andalucía
La investigación sobre el fraude de ayudas a discapacitados seguirá en tres provincias
Día 03/02/2013 - 01.11h
La Consejería de Empleo concedió 1,38 millones de euros en subvenciones a la empresa MKF, investigada por la Justicia
El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha archivado parcialmente la causa abierta contra la empresa Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), que estaba siendo investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Junta Andalucía, pero instando a investigar a los jueces de las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el
magistrado Basilio Miguel García, acuerda el sobreseimiento provisional
con respecto del delito de subvenciones públicas investigado en lo que
se refiere a la provincia de Granada, después de que la Consejería de
Empleo informara al Juzgado de que MKF «no ha recibido en sus oficinas en Granada ninguna cantidad en concepto de subvención o incentivo a la contratación con carácter indefinido en los años 2008, 2009 y 2010».
Sin embargo, acuerda continuar la instrucción sobre un
delito contra el derecho de los trabajadores presuntamente cometido en
Granada, y resuelve remitir las diligencias a los juzgados decanos de
Málaga, Sevilla y Jaén «por la existencia de indicios de delitos de defraudación de subvenciones públicas en cada una de dichas capitales, en relación a las otorgadas en los años 2008, 2009 y 2010 a la sociedad».
De hecho, en un informe elaborado por la Consejería de Empleo al
respecto y aportado a la investigación judicial, al que también ha
tenido acceso Europa Press, la Administración Autonómica concreta que en
esos tres años se concedieron a la empresa un total de 1,38 millones de euros en ayudas en las provincias de Jaén y Sevilla (680.044,20 euros en 2008, 627.634,13 en 2009 y 76.563,35 en 2010).
Fue la Fiscalía Superior de Andalucía la
que incoó diligencias el 6 de junio del de 2011, tras lo que el Juzgado
de Granada inició la investigación al recibir un decreto en el que el
Ministerio Público consideraba que MKF podría haber incurrido, cuando
menos indiciariamente, en «graves irregularidades».
De hecho, y después de la investigación llevada a cabo por
la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el fiscal
superior, Jesús García Calderón,
concluía que los hechos, denunciados en su día por el sindicato de CCOO
y un conjunto de trabajadores de la empresa, podrían ser constitutivos
de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los
derechos de los trabajadores, o de falsedad en documento público, según
constaba en el decreto al que en su día tuvo acceso Europa Press.
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