Andalucía / fraude en empleo

La contabilidad oculta de los ERE apunta a Griñán

antonio R. VEGAabcdesevilla / sevilla

Día 06/02/2013 - 11.48h

Un escrito de Guerrero revela que acordó por teléfono el abono de 72 millones con la directora de Tesorería de la Consejería de Economía

juan josé úbeda

Guerrero (a la izquierda) junto a su abogado acude a los juzgados de Sevilla en octubre pasado

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero llevaba su propia contabilidad secreta sobre las ayudas a ERE fraudulentos pagados con fondos públicas. A través de anotaciones manuscritas registraba las entradas y salidas de dinero para entregar gran parte de los 522 millones de euros que llegó a repartir entre prejubilados de empresas donde nunca trabajaron, sociedades en crisis (muchas de ellas gestionadas por excargos socialistas) y ayuntamientos en manos del PSOE. Durante los ocho años en los que Guerrero manejó el fondo de los ERE, desde 2001 a 2008, el principal imputado en el caso de las prejubilaciones trucadas, que investiga el juzgado de instrucción número seis de Sevilla, gastaba y gastaba sin ninguna tasa ni control. Actuaba, además, con el beneplácito de la Consejería de Economía y Hacienda cuando al frente de la misma se encontraba José Antonio Griñán (2004/09), que ordenó los pagos que este comprometió sin tener cobertura suficiente en los presupuestos de la Junta.

Un revelador borrador manuscrito de Guerrero al que ha tenido acceso ABC pone de manifiesto que el equipo del actual presidente andaluz no sólo conocía el modo caótico con el que el rumboso exalto cargo de la Consejería de Empleo comprometía fondos con las empresas, prejubilados y aseguradoras, sino que Hacienda pactó con él en mayo de 2005 un calendario para librar las ayudas.

Acuerdo «telefónico»

En el encabezamiento de su escrito, fechado el 23 de mayo de 2005, figura como futuro remitente Juan Vela Quiroga, por entonces director de Administración y Finanzas de IDEA, la agencia autonómica encargada de abonar las ayudas que concedía Guerrero. Nada más empezar, según el borrador, el exdirector de Trabajo le comunica que hay un acuerdo verbal y telefónico con la Consejería de Griñán para dar luz verde a los pagos. Lo expone así: «Tras conversación telefónica mantenida en el día de hoy con Julia Núñez (directora general de Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda), hemos quedado en el siguiente calendario de pagos de los OP (órdenes de pago) de esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a IDEA».

A continuación, Guerrero enumera las órdenes de pago con su fecha de libramiento. Abarcan desde el 24 de mayo de 2005 hasta el 10 de enero de 2006. Y le añade, al final, 6,95 millones adicionales, no se sabe en concepto de qué, con el apunte «Enero/2006. Diferencia». De acuerdo con su nota manuscrita, el desembolso total que habría pactado con Hacienda asciende a 72,26 millones de euros.

El escrito desmonta la tesis construida por el Gobierno andaluz para eximir de responsabilidad política al actual presidente, puesto que su equipo estaría al corriente del agujero económico que los desmanes de Guerrero dejaron en la tesorería de la agencia pagadora. Como consecuencia de ello, algunas ayudas se tuvieron que abonar en ejercicios posteriores.

De hecho, la Intervención General de la Junta descubrió que en una auditoría a la que sometió las cuentas de IDEA en 2004 que Guerrero había contraído obligaciones de pagos con terceros que superaban los créditos disponibles en 38,3 millones de euros. Griñán desoyó las advertencias del interventor general Manuel Gómez por este descontrol, pero, sin embargo, reaccionó ante este desfase presupuestario aumentando de forma sucesiva los fondos que administraba de forma arbitraria el principal imputado en el caso de los ERE, señalado por la Junta como culpable máximo del fraude.

En un escrito de 65 páginas enviado a los diputados de la comisión parlamentaria que investigó el escándalo el pasado verano, el alto funcionario acusó a Griñán de «cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria». Las fuertes tensiones que la gestión de Guerrero creaba en la caja pagadora fueron debatidas hasta en dos ocasiones en los consejos de IDEA donde se sentaron altos cargos de los gobiernos de Manuel Chaves y Griñán.

Consciente del bloqueo que sufren las prejubilaciones que él mismo ha comprometido, Guerrero, en el borrador del escrito que planea remitir al responsable de la agencia IDEA, apremia a éste a librar el dinero de inmediato. «Como bien sabe —continúa su escrito— es muy urgente (el subrayado es suyo) el mismo día 24-5-05 resolver ciertos problemas de pago de prejubilaciones, ya que cualquier retraso originará impagos de las mismas en su fecha, así como retraso en el pago del convenio especial con la Seguridad Social». Por ello «ruego atiendas los siguientes pagos», dice tras anotar ayudas pendientes y una cuantía que casi siempre coincide con una cifra redonda. La factura ronda los 16,2 millones de euros que se sumarían a los 72,26 ya citados. Entre los ERE que enumera hay algunos que contenían a falsos trabajadores beneficiados con fondos, como los de la Faja Pirítica de Huelva, Egmasa o Dhul, así como una empresa fantasma montada por el exchófer de Guerrero, Iniciativas Turísticas de Sierra Morena, quien declaró que se gastó hasta 25.000 euros del dinero concedido en cocaína para él y su jefe.