Cabezera

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domingo, 9 de septiembre de 2012

El bipartito rechazó las soluciones a los desahucios para hacerlas suyas meses después


Martínez critica el "corta y pega" de Cortés y "su incapacidad para aceptar una iniciativa por el mero hecho de llevar el sello del PP"
Lamenta que muchas familias andaluzas sufran desahucios cuando en el mes de mayo el PP presentó una PNL con las mismas iniciativas que hoy ha anunciado la consejera de Vivienda
Denuncia que "el sectarismo ideológico" de PSOE e IU "les hace incapaces de aceptar la ayuda del PP para plantarle cara a la crisis sin preocuparle el bienestar de los andaluces"
El PP llevará al próximo Pleno una moción registrada el pasado 3 de julio y en la que vuelve a recoger la PNL registrada el 14 de mayo y rechaza por el bipartito el día 23 del mismo mes en Pleno

La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Alicia Martínez, ha denunciado que las medidas anunciadas hoy por consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, para frenar los desahucios y las ejecuciones hipotecarias son "un corta y pega" de las iniciativas recogidas en una proposición no de ley (PNL) que los populares registraron el pasado 14 de mayo y que fue rechazada por PSOE e IU el día 23 del mismo mes en Pleno, al tiempo que ha lamentado que "el sectarismo ideológico" de PSOE e IU "les hace incapaces de aceptar la ayuda del PP para plantarle cara a la crisis sin preocuparle el bienestar de los andaluces".
Asimismo, Martínez ha anunciado que el PP también tiene previsto llevar al próximo Pleno una moción registrada desde el pasado 3 de julio y que vuelve a recoger las actuaciones y medidas de protección y ayuda a las familias sin recursos con deudas hipotecarias y a los desahucios de su vivienda habitual, por lo que pidió a PSOE a IU que voten a favor de "las soluciones que ahora hacen suyas cuando hace tres meses las rechazaron en la Cámara autonómica".
PROPOSICION NO DE LEY EN PLENO, relativa a: ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y AYUDA A LAS FAMILIAS SIN RECURSOS CON DEUDAS HIPOTECARIAS Y A LAS DESAHUCIADAS DE SU VIVIENDA HABITUAL , que el PP registró el 14 de mayo de 2012 y llevó al Pleno del 23 de mayo.
Una de las más graves consecuencias de la crisis económica y de la destrucción de puestos de trabajo que padecemos ha sido, sin duda, la imposibilidad de miles de familias para hacer frente al préstamo hipotecario solicitado para la compra de su vivienda habitual o al alquiler de su residencia habitual.
Desde el 2008 se han presentado 63.458 ejecuciones hipotecarias en Andalucía, casi el 20% del total de las presentadas en España (323.481), siendo la Comunidad Autónoma donde más ejecuciones hipotecarias se han producido en el 2011 y en el periodo 2008-2011.
El actual Gobierno de la Nación, consciente de este grave problema tiene efectos dramáticos para aquellas familias que debido a su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias, aprobó, en menos de tres meses desde la asunción de esta responsabilidad, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
En esta norma se incluyen medidas tanto para evitar la pérdida de la vivienda por las personas en riesgo de exclusión social como para limitar los efectos de la ejecución hipotecaria sobre el deudor hipotecario en la situación antes citada.
Algunas de las medidas adoptadas han supuesto la modificación de normas legales y otras han surgido del acuerdo entre el Gobierno y las entidades de crédito, como el Código de Buenas Prácticas, que incluye entre sus distintas fases la dación en pago y que en menos de un mes ya había sido respaldado y asumido por más de 88 bancos y cajas de ahorros, la práctica totalidad del mercado financiero.
La situación de muchas familias españolas es lo suficientemente alarmante como para que este Gobierno de la Nación no haya querido esperar más tiempo para tomar las medidas necesarias y ofrecer soluciones rápidas y eficientes a un problema que preocupa especialmente.
Pero, independientemente de que el Gobierno de la Nación haya decidido abordar con prontitud este grave problema, la Junta de Andalucía, no puede abstraerse de la búsqueda de soluciones y de la puesta en marcha de medidas de protección y ayuda a las familias andaluzas.
Durante la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario Popular Andaluz exigió en numerosas ocasiones que este grave problema constituyera una preocupación prioritaria para el Gobierno andaluz y la puesta en marcha de medidas para garantizar la protección y ayuda necesaria a las familias andaluzas afectadas.
El Artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda, que incluye el establecimiento de prioridades y objetivos en materia de vivienda y la promoción pública de viviendas.
El Grupo Parlamentario Popular Andaluz considera que la Administración Autonómica debe prestar un mejor servicio en materia de asesoramiento y mediación, poner la vivienda protegida y el parque de vivienda social en alquiler de la Junta de Andalucia a disposición de estas familias y tomar las medidas necesarias para contemplar la dación en pago en los acuerdos resultantes de la ejecución de la política pública de vivienda.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Popular Andaluz presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Articular un Servicio de Asesoramiento en el ámbito de la Consejería competente que lleve a cabo actuaciones para prestar ayuda a los andaluces y andaluzas en situaciones de impago de obligaciones hipotecarias y a la hora de de contratar un préstamo hipotecario, facilitándoles la información necesaria para que éstos puedan adoptar una decisión adecuada a su situación y circunstancias.
2. Establecer un Servicio de Mediación en el ámbito de la Consejería competente para mediar con las Entidades Financieras en los casos de incumplimiento de obligaciones hipotecarias sobre vivienda habitual por parte de familias andaluzas afectadas por la crisis económica.
3. Priorizar en su política de vivienda de alquiler protegido y del parque de vivienda social de la Junta de Andalucía la atención a aquellas familias andaluzas que como consecuencia de una ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler hayan perdido su vivienda habitual y hayan quedado en grave riesgo de exclusión social.
4. Establecer, en el marco del convenio de colaboración financiera con las entidades de crédito para financiar actuaciones protegibles en materia de vivienda, un procedimiento de recompra de las viviendas protegidas concedidas al amparo de este convenio por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinadas situaciones de morosidad sobrevenida que conlleven la pérdida de su vivienda habitual.
MOCIÓN registrada el pasado 3 de julio y que irá al próximo Pleno
El Grupo Parlamentario Popular Andaluz, al amparo de lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN consecuencia de la Interpelación con número de expediente 9-12/I-000004 y relativa a Política General en materia de Vivienda.
1. El Parlamento de Andalucía acuerda la necesidad de impulsar una política de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada a todos los andaluces, centrada en ofrecer soluciones a aquellos que no tienen acceso a la misma, a quienes necesitan adecuarla funcionalmente y a los que corren el riesgo de perderla.
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
2. Aprobar, de forma urgente, un Plan de Vivienda en Alquiler que contenga las siguientes medidas:
2.1. Optimizar el uso del parque de vivienda social en alquiler de la Junta de Andalucía mediante la aprobación de unas normas directoras de acceso, uso y gestión y de unos programas de conservación y mantenimiento y de control e inspección del mismo para garantizar a sus beneficiarios una vivienda digna y adecuada y una legítima ocupación de las mismas por parte de éstos y que ninguna vivienda de titularidad de la Administración Autonómica no cumpla la función social a la que está destinada por estar vacía o desocupada o no estar en condiciones para ser habitada.
2.2. Aprobar un programa, con plazos concretos, para la revisión del alquiler de las viviendas de promoción pública de la Administración de la Junta de Andalucía en función de la renta de los andaluces y andaluzas.
2.3. Triplicar el parque de viviendas de alquiler especificado en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, con modificación de los objetivos establecidos.
2.4. Regular nuevas modalidades como el alquiler compartido en el ámbito de las políticas públicas de vivienda.
2.5. Negociar con los operadores privados del sector de la construcción residencial la puesta a disposición de las políticas públicas de vivienda de promociones de vivienda a precios asequibles en función de la renta de los ciudadanos y un plan de impulso de promociones de vivienda protegida en arrendamiento o en alquiler con opción a compra.
2.6. Aprobar un calendario de pago de las ayudas pendientes de abono por parte de la Administración de la Junta de Andalucía relativas al programa de fomento del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda en alquiler de determinados colectivos con ingresos limitados.
2.7. Garantizar una adecuada gestión, con recursos propios de la Administración Autonómica, de las ayudas a inquilinos de la Junta de Andalucía con el objeto de erradicar los retrasos en la concesión y pago de estas subvenciones que ponen en entredicho la finalidad de las mismas.
3. Priorizar las políticas de rehabilitación que permitan ofrecer una vivienda digna y adecuada a la población de los zonas más desfavorecidas de nuestra Comunidad Autónoma, adecuar funcionalmente las viviendas a las necesidades de las personas mayores y abaratar su coste energético.
4. Aprobar un Plan de Accesibilidad Residencial, que contenga un cronograma de fechas y compromisos presupuestarios para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, especialmente la relativa a la instalación de ascensores.
5. Establecer un Plan de Erradicación del Chabolismo y la Infravivienda que incluya un calendario de cumplimiento y actuaciones y programas de específicos de inclusión social y rehabilitación.
6. Impulsar la aprobación de un Acuerdo-Marco de colaboración con las corporaciones locales en materia de financiación de las políticas públicas de vivienda conforme a la normativa vigente con el objeto de dotar a éstas de los medios necesarios para su cumplimiento.
7. Articular un procedimiento de participación de representantes de los distintos Grupos Parlamentarios con presencia en la Cámara en el grupo de trabajo para la redacción del próximo Plan de Vivienda Andaluz.
8. Aprobar un plan de medidas para auxiliar a las familias que debido a su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias y poner la vivienda protegida y social de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía a disposición de estas familias, que incluya las siguientes medidas:
8.1. Articular un Servicio de Asesoramiento dentro de la Administración de la Junta de Andalucía que lleve a cabo actuaciones para prestar ayuda a los andaluces y andaluzas a la hora de de contratar un préstamo hipotecario facilitándoles la información necesaria para que éstos puedan adoptar una decisión adaptada a su situación y circunstancias.
8.2. Establecer un Servicio de Mediación dentro de la Administración de la Junta de Andalucía para mediar con las Entidades Financieras en los casos de incumplimiento de obligaciones hipotecarias sobre vivienda habitual por parte de familias andaluzas afectadas por la crisis económica.
8.3. Priorizar en su política de vivienda de alquiler protegido la atención a aquellas familias andaluzas que como consecuencia de una ejecución hipotecaria hayan perdido su vivienda habitual y hayan quedado en grave riesgo de exclusión social.
8.4. Establecer, en el marco del convenio de colaboración financiera con las entidades de crédito para financiar actuaciones protegibles en materia de vivienda, un procedimiento de recompra de las viviendas protegidas concedidas al amparo de este convenio por parte de la Administración de la Junta de Andalucía en determinadas situaciones de morosidad sobrevenida que conlleven la pérdida de su vivienda habitu

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