La juez de los ERE impone una fianza civil de casi 30 millones a Magdalena Álvarez
Alaya cree que participó en el procedimiento ilegal de subvenciones «a sabiendas de que se daban con absoluta discrecionalidad»
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de más de 29,5 millones de euros a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró mas de una década.
m. herce
Magdalena Álvarez
De este modo, la exconsejera de Economía y Hacienda de la
Junta y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones,
Magdalena Álvarez, tendrá que pagar una fianza civil de 29.568.129 euros
por su imputación en el caso de los ERE fraudulentos. La juez Mercedes
Alaya ha decidido imponerle esa fianza cinco meses después de que la exconsejera compareciera en el juzgado como imputada.
En un auto firmado este mismo miércoles,la instructora impone también medidas de responsabilidad civil al que fuera viceconsejero José Salgueiro, de 22.166.096 euros y al secretario general técnico de la consejería, Antonio Estepa otra fianza de 8.870.438 euros.
«Devolución del dinero que ha salido ilícitamente»
Según el contundente auto, en el que se explica con todo
detalles las imputaciones, la juez toma en consideración las ayudas
abonadas hasta el 31 de diciembre de 2003 que cuantifica en más de 177 millones de euros.
Por ello impone esta fianza por razón de sus competencias y
responsabilidad en los hechos que están siendo investigados que le
valieron a la exconsejera de Economia las imputaciones de dos delitos de
prevaricación y malversación de caudales públicos. La juez asegura que
resulta evidente que las medidas cautelares impuestas tienen la
finalidad de «la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía».
Alaya asegura que los inculpados, en virtud de sus cargos
durante el tiempo que prestaron servicios en la Consejería de Economía y
Hacienda serían promotores, en connivencia con otros, del procedimientoi legal de concesión de subvenciones sociolaborales
que se instaurarían en la administración autonómica desde el año 2000 y
que perduraría hasta el 2011. Dicho procedimento consistiría en dotar a
la consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación
legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones ya que
su finalidad era «financiar operaciones genéricas de lso entes o
empresas públicas». Y para ello con la necesaria habilitación
presupuestaria la Consejería de Empleo transfería al IFA los referidos
fondos para realizar los pagos a terceros ordenados por la cita
consejería.
«Vulneración flagrante del procedimiento legal»
La consecuencia era obvia, «no se tramitaban por esta expedientes de subvenciones
sino expedientes de transferencias de financiación al IFA con
vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido,
eludiendo los férreos requisitos legales de tramitacióny fiscalización
propios de las subvenciones públicas, mientras que para la tramitación
del expediente de transferencia de financiación solo era necesario
comprobar la existencia de crédito suficiente y adecuado y emiir la
orden de traspaso de pagos al IFA en virtud de un calendario de pagos
autorizado por la Dirección General de la Tesorería, basándose en estos
solos extremos la fiscalización del expediente».
La juez de los ERE considera que este procedimiento se adoptó con la autorización de los inculpados encargados
de la elaboración del presupuesto anual en virtud del interés de la
Junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas
sociolaborales pretendiéndose como finalidad «eludir el control de la
legalidad». Ademas Alaya insiste en que tanto Magdalena Alvarez como
Salgueiro y Estepa participaron en ese uso ilegal de fondos púbicos «a
sabiendas de que la concesión de subvenciones se concedería con absoluta discreconalidad
y de forma totalmente opaca». Y tambien incumpliendo los mas
elementales principios de actuacion de la adminstración consagrados en
el Estatuto de Autonomía.
Además según la juez Mercedes Alaya, el resultado fueron
unas leyes de presupuesto «frontalmente contrarias a gran parte del
ordenamiento jurídico a la Constitucion española y al Estatuto de autonomìa, además de a varias leyes autonómicas».
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