Imputadas formalmente dos directoras generales denunciadas por funcionarios
Están acusadas de no facilitar información sobre los contratos en la «administración paralela» de la Junta
El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha dictado un auto para imputar formalmente a las directoras generales de Recursos Humanos y Función Pública y de Planificación y Organización de los Servicios Públicos denunciadas, a raíz de la denuncia, vía penal, presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF),
y tras constatarse la negativa de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública a facilitar información de efectivos reales,
dotación de vacantes de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y
contratación de externos en la denominada «Administración paralela».
El Juzgado cita a los dos altos cargos «al objeto de darles traslado de la denuncia y ser informadas de sus derechos.
En esa comparecencia una vez realizado lo anterior, se fijará
definitivamente día y hora para que las mismas sean oídas como
imputadas».
Es el segundo auto dictado por este Juzgado que insiste en que los hechos denunciados presentan «los mínimos indicios de actuación ilícita penalmente reprobable que
debe ser comprobada por este instructor», ya que SAF ha alegado »una
serie reiterada de sentencias y resoluciones judiciales que se han
reflejado en sus escritos y que se dice incumplidas o no tenidas en
cuenta por las denunciadas en relación a las peticiones del sindicato».
«Por eso –continúa el magistrado- es procesalmente
pertinente imputar formalmente a las dos denunciadas, para que tras ser
instruidas de sus derechos y con asistencia jurídica precisa, puedan ser
oídas en declaración para que puedan dar una explicación sobre su actuación en relación al contenido de la denuncia presentada».
La denuncia penal, resalta el sindicato en un comunicado,
es el resultado del «peregrinaje de solicitudes presentadas por SAF
durante años, en ocasiones a las propias directoras generales denunciadas. Escritos
donde se pedía información básica e imprescindible para defender los
derechos de los funcionarios. La mayoría de estas peticiones, adjuntadas
a la denuncia, no han tenido respuesta», subraya.
Según la asesoría jurídica del SAF. ambas directoras generales estaban «técnicamnte» imputadas con anterioridad,
pero faltaba un trámite definitivo. En las diligencias previas el
Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento de la denuncia, si bien el
juez no ha tenido en cuenta este planteamiento del fiscal.
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