Andalucía / recortes
La Junta despide a sus empleados con la reforma laboral que criticó
Día 20/12/2012 - 08.28h
Echa a indefinidos del Servicio Andaluz de Empleo con veinte días por año trabajado, al igual que los sindicatos UGT y CC.OO
El PSOE e IU se manifestaron en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PP, pero no tienen ningún reparo moral en aplicarla para echar a sus trabajadores. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
ha comunicado por carta a asesores laborales que trabajan para este
organismo que les pagará veinte días por año trabajado con un límite
máximo de 12 meses. El finiquito ascenderá a poco más de 5.600 euros en el caso de la mayoría de trabajadores
que entraron en la agencia autonómica en 2008. Los despidos afectan a
826 personas (aunque sólo 65 tienen reconocida por los juzgados la
situación de indefinidos). De ellos, unos 400 dejaron el SAE en el mes
de noviembre y el resto lo hará el próximo 31 de diciembre.
El Gobierno andaluz los pondrá en la calle con la indemnización mínima estipulada en la norma aprobada en el Congreso por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para
contratos indefinidos en el caso de los despidos procedentes: veinte
días. Pero aún más barato le va a salir a la Junta despedir a promotores y asesores
que tienen contratos por obras y servicios, a los que no reconoce su
situación de indefinidos a pesar del aluvión de sentencias judiciales
que anulan sus despidos y condenan al SAE por «fraude de ley». A estos empleados sólo les pagará ocho días por año, en torno a 2.256 euros, después de que el Gobierno central haya
agotado el programa estatal con el que financiaba sus contratos y la
Junta se haya negado a costearlos, como han hecho otras comunidades
autónomas.
ABC ha tenido acceso a una carta de despido remitida a una de las trabajadoras laborales indefinidas,
en las que el servicio público de empleo le comunica que aplicará el
apartado más duro de la denostada reforma laboral. «Se pone en este acto
a su disposición la indemnización legalmente establecida de 20 días de salario por año de servicio en la empresa», se justifica el órgano dependiente de la Consejería de Empleo (en manos del socialista Antonio Ávila) en la carta de despido fechada el 28 de noviembre.
Las ideas del Gobierno andaluz van por un lado y los hechos van por otro. Sin ir más lejos, el pasado 3 de mayo el coordinador general de IUCA y actual vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, aseguró en el pleno de investidura como presidente de José Antonio Griñán que
«no aplicará» en la Junta las medidas laborales del Ejecutivo del PP.
«Hay que declararnos en rebeldía ante la reforma laboral. No podemos
aplicarla llegado el momento a los empleados laborales». Griñán, por su
parte, criticó el abaratamiento de los despidos comparándolo con la
precariedad laboral propia del «Tercer Mundo».
Tanto el PSOE como Izquierda Unida votaron en marzo contra la reforma de la ministra Fátima Báñez. Valderas y la secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz,
actual consejera de Presidencia, no dudaron incluso en ponerse detrás
de las pancartas en las manifestaciones contra la huelga general el 29
de marzo convocadas por UGT y CC.OO en Sevilla.
Paradójicamente, los mismos sindicatos organizadores del
paro, que caldearon con protestas la víspera de las elecciones
autonómicas, preparan ERE para sus plantillas en Andalucía que aplicarán
los términos más agresivos de la norma laboral. Comisiones Obreras ha echado a 26 trabajadores con
los 20 días de indemnización por año que marca la nueva reforma laboral
tan protestada en la calle y ultima un ERE que aún está por definir a
cuántos trabajadores afectará.
Despidos sindicales
UGT-A ha presentado un expediente de empleo, de despido
colectivo, que afecta a un total de 163 trabajadores, de los que 130
trabajadores de toda Andalucía son del Programa Orienta,
que son empleados fijos discontinuos, y otros 33 son trabajadores de
estructura, esto es, que se dedican a la actividad normal del sindicato.
Por otro lado, UGT-A ha presentado un ERTE, que afecta a 46 trabajadores de estructura de toda la Comunidad, también por causas económicas.ha anunciado uno para 163 trabajadores alegando «motivos económicos».
El sindicato que dirige Manuel Pastrana «ha
propuesto 20 días por año para los trabajadores» del servicio de
orientación laboral, programa que se financiaba con subvenciones de la
Junta, y «30 días para los de estructura». Además de la «discriminación»
que supone, los afectados denuncian los impagos de la Consejería de Empleo.
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