La Junta bloquea el servicio de teleasistencia a miles de dependientes y les recorta 113 millones de euros para mantener la confrontación

Rosario Soto denuncia que las delegaciones provinciales de Bienestar Social están paralizando la gestiones administrativas para que los usuarios puedan seguir recibiendo el servicio a partir del 1 de enero

La Junta está dejando de prestar servicios a los dependientes para poder culpar al gobierno de la Nación de sus propios recortes

La portavoz de Políticas Sociales del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Rosario Soto, denunció que la Junta de Andalucía, a través de las Delegaciones Provinciales de Bienestar Social, está bloqueando el acceso al servicio de teleasistencia a “miles” de dependientes andaluces, que podrían verse privados definitivamente de este servicio el próximo 1 de enero, fecha en la que expira el plazo para que las delegaciones trasladen los expedientes que provienen del convenio entre el Imserso y la FEMP, ya extinto, a la Ley de Dependencia, tal y como marca la legislación.

Según Soto, las delegaciones tienen “orden” de la Junta de “paralizar” la tramitación de estos certificados, lo que ha provocado que muchos Ayuntamientos se estén dirigiendo directamente a través de escritos a la Consejería de Bienestar Social para alertar del “peligro” que supone para los usuarios dejar de recibir este servicio. A juicio de la diputada y senadora popular, la intención de la Junta es poder “culpar falsamente” al Gobierno de España de recortes en política social que son competencia y responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Soto calificó de “cinismo extremo” el hecho de que la Junta eche mano de la confrontación para esconder sus recortes en políticas sociales. Así, recordó que en 2013 el “tijeretazo” en políticas de Dependencia de la Junta será de 113 millones de euros. De ellos, 70 millones son en programas propios de la administración autonómica; 27 millones provienen de la decisión de la Junta de reducir las ayudas a las familias con dependientes; y 16 millones de euros que proceden del aumento de la partida que el Gobierno destina a la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía, que ha pasado de 336 millones de euros en 2012 a 352 millones en 2013.

Además, reveló que el “bipartito” ya ha comunicado a las residencias de mayores la reducción de un 10 por ciento de las plazas concertadas; que se une a otro 10 por ciento en la bajada de sueldos de los trabajadores de la Agencia de Dependencia. Igualmente, dijo que la Junta ha disminuido en 55,3 millones las partidas para entidades sociales y en 38,4 millones para entidades locales, mientras que el Gobierno sólo las ha bajado en 1,1 millones y 7,6 millones, respectivamente.

Ha afirmado que la reducción del gasto social en los presupuestos de 2013 es de más de 777 millones de euros, un 21,5 por ciento menos, por lo que consideró que “el gobierno andaluz menoscaba la prestación de servicios de la Ley de Dependencia amparándose en el Gobierno de la Nación”, y que “cae en un grave error intentando culpabilizar al Gobierno de la nación para justificar sus recortes”.

Soto recordó además que “por ley” la atención a los dependientes está garantizada aunque aumente el número de usuarios, para lo que están contempladas modificaciones presupuestarias como la aprobada hace dos semanas por el Consejo de Ministros, que aumentaba la partida de Dependencia en 117 millones de euros