El decretazo del litoral entierra proyectos turísticos en toda Andalucía
El plan de protección del Gobierno andaluz deja en el aire inversiones y empleo en plena crisis
El decreto ley de medidas urgentes para la planificación urbanística de los ayuntamientosde la costa va a acabar de dar la puntilla a la actividad constructora
en la región y al poco empleo que aún podría generar. El Gobierno
andaluz sorprendió el martes pasado, incluso a sus propios técnicos,
aprobando un plan, que ha hecho saltar las alarmas entre los empresarios
del sector que compraron suelo urbanizable con el beneplácito de la
Administración regional y que ven ahora cómo sus proyectos están en el
aire.
En toa la costa de Huelva existen proyectos turísticos para
los que supondrá el enterramiento definitivo. Llaman la atención casos
como el de Punta Umbría. Allí, el Ayuntamiento,
gobernado por el PSOE, aprobó la construcción de un gran complejo
hotelero en unas parcelas ocupadas hasta ahora por un camping en la zona
de La Bota, dentro del paraje natural Marismas del Odiel. Coincide este
emplazamiento con el negocio de restauración del alcalde, el
restaurante del que es propietario el socialista Gonzalo Rodríguez
Nevado. Estos terrenos pasan a ser considerados ahora monte público de
especial protección, por lo que los desarrollos previstos por Punta Umbría Turística, SA, se quedan al margen de la ley.
En Cádiz, en cambio, la mayoría de los proyectos urbanísticos más polémicos del litoral gaditano se salva de esta nueva restricción de la Junta. En el caso del famoso desarrollo de Valdevaqueros,
uno de los que nacieron al amparo del PGOUde Tarifa de 1992, y que
sería uno de los que entran en el perfil protegido por este decreto de
la Junta, se salvará con solo unos ajustes. Valdevaqueros prevé la construcción de 1.423 plazas hoteleras y 350 viviendas. Este gran desarrollo cuenta ya con la aprobación del plan parcial y está próxima su aprobación definitiva, a pesar de la oposición de colectivos ecologistas.
En Almería la Junta se lanza piedras contra su propio tejado. El polémico decreto-ley deja en el aire el puerto seco proyectado en Níjar,
que fue presentado el 1 de diciembre de 2011 por la entonces consejera
de Ordenación del Territorio, Josefina Cruz. Se da la circunstancia de
que en esta misma localidad el decreto frena la construcción del colegio
público que el Gobierno andaluz había aprobado en la barriada de San
José. También está afectado el ambicioso proyecto de La Fabriquilla, que contempla la edificación de un hotel con 40 habitaciones y 150 viviendas en primera línea de playa.
Responsables municipales y expertos cifran en más de 10.000 los inmuebles del litoral malagueño que se pueden ver afectados por la nueva norma que incluye a 11 municipios de la provincia, aunque tendrá especial incidencia en la zona de la Axarquía.
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