Una dirección general con tres imputados penales
Los tres últimos directores de Trabajo de la Junta están acusados de varios delitos y uno de ellos, de momento, ya está en prisión
Día 04/07/2012 - 08.21h
ABC
Desde hace más de trece años, la Dirección General de Trabajo de
la Junta de Andalucía ha servido para todo tipo de gestiones menos para
el fomento del empleo y las relaciones laborales, así como la gestión
de las ayudas sociolaborales que eran precisamente las funciones que
tenía encomendadas.
Los tres últimos directores generales que han pasado por este despacho están ahora imputados de diversos delitos penales por los que se enfrentan no sólo al fin de sus carreras políticas,
sino también a penas de cárcel por una gestión fraudulenta de unas
ayudas que tenían que ir a parar al bolsillo de quienes perdían su
empleo pero que se utilizaron para otros fines, como el enriquecimiento
personal de altos cargos, el abono de indemnizaciones a intrusos o
incluso la compra de cocaína.
Hasta
tal punto se ha convertido en una Dirección General maldita que el
nuevo Gobierno andaluz ha decidido eliminarla de su organigrama. Y para
encontrar un ocupante ha tenido que aumentar su rango y ha pasado a ser
la Secretaría General de Empleo, que ahora ocupa Antonio González Martín.
Hasta tal punto genera rechazo
la Dirección General de Trabajo, que ni en la propia Junta de Andalucía
ni entre las empresas en apuros o con regulaciones de empleo hay quien
diga públicamente que estuvo en los despachos de la Dirección General,
ni siquiera en sus pasillos.
Por el momento, el director general que puso en marcha toda la maquinaria fraudulenta, Francisco Javier Guerrero,
que ocupó el cargo entre 1999 y 2008, está en la cárcel en prisión
provisional a la espera de que la juez concluya la instrucción del caso y
tome una decisión al respecto. Aunque su situación es complicada no
sólo por las cuestiones procesales,
sino porque se ha convertido en el chivo expiatorio y en el único
culpable de este entramado a ojos de la Junta de Andalucía, que pretende
cortar aquí el nivel de responsabilidades políticas.
Pero lo cierto es que su sucesor, Juan Márquez,
nombrado por Manuel Chaves y que ocupó la Dirección General de 2008
hasta 2010, también está imputado de varios delitos por el fraude en la
gestión de la partida presupuestaria 31L destinada
a las ayudas sociolaborales para empresas en apuros. Y el último
director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera,
ya nombrado por el presidente José Antonio Griñán, también tendrá que
declarar delante de la juez Alaya como imputado por mantener un
procedimiento que era fraudulento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario