Andalucía
El exdirector de Trabajo Daniel Rivera declara el miércoles como imputado por los ERE
La juez Mercedes Alaya ha realizado una ampliación de su imputación
Día 07/07/2012 - 12.48h
La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tomará declaración como imputado este miércoles al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, sucesor al frente de este departamento de Juan Márquez, que esta misma semana quedó en libertad
imputado por los delitos continuados de prevaricación, malversación,
falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos.
Por
medio de una providencia, consultada por Europa Press, la juez de
Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar
este miércoles a Daniel Alberto Rivera y el próximo día 27 de julio al
exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Además de Márquez, este
viernes compareció ante la juez la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, quien se acogió a su derecho a no declarar.
En
un auto dictado el pasado mes de junio, la magistrada señaló que, tras
el atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección
General de Trabajo, "comienzan a consolidarse las bases de la presente
causa", precisando que, del atestado, "la parte verdaderamente novedosa
es la referida a la época que se abre en la Consejería tras el cese de
Guerrero, al que seguirían Márquez y Rivera".
Respecto
a Rivera, la magistrada realiza una ampliación de su imputación y dice
que, "pese al conocimiento que tendría" por las explicaciones que le
proporcionó Rofa acerca "de las irregularidades derivadas de la
aplicación del procedimiento específico, utilizó el mismo procedimiento
de concesión de ayudas públicas a través de transferencias de
financiación cuyo pago era materializado por esta vía por IDEA, si bien
mediante un nuevo diseño jurídico".
Así, cita la orden "dictada el 27 de abril de 2010 por el consejero de Empleo, Manuel Recio",
con la que "se seguía con la misma ausencia en el trámite de concesión,
la fiscalización previa del gasto y por supuesto el control del destino
de las ayudas, además de la omisión del resto de los requisitos del
exigente sistema de subvenciones", y añade que, además, esta orden "no
había pasado el filtro de la autorización del Consejo de Gobierno".
Rivera y las ayudas «ilegítimas»
"Además
de lo anterior y con carácter no menos relevante", Rivera "acordó con
el Consorcio de Compensación de Seguros, conociendo indiciariamente la
existencia de intrusos de determinadas pólizas de Fortia y tras la
quiebra de dicha aseguradora, pagar la deuda de varias pólizas
investigadas" por la Dirección General de Trabajo, "comprometiendo el
uso de fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas".
A
ello se une que, "como ocurriera con Márquez, dio continuidad a las
actuaciones presuntamente irregulares de Guerrero", añade la juez Alaya,
que concluye diciendo que "todo lo anterior se expone sin perjuicio de
que puedan estimarse de modo indiciario responsabilidades de otros
cargos de la Consejería de Empleo, de la Consejería de Innovación o de IDEA conforme se vaya examinando mayor documentación".
En
el auto de su imputación, la juez argumentaba que, dentro de la
investigación en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que
Márquez "ordenó" los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de
21 de diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los
relativos a la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26 extrabajadores"
de la empresa, "expresando en sus respectivas resoluciones que obra en
la Dirección General 'el expediente completo de tramitación de la
ayuda'".
Según
la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que los
trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir
fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor", y critica
que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total
ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o
protocolo de colaboración; sólo existe solicitud para la ayuda de
175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa,
resuelta por Daniel Rivera".
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