Andalucía
Enchufismo: daños colaterales
A
diferencia de otras regiones, la Junta se niega a asumir 6 millones en
sueldos de los promotores de empleo, pero gasta 37,7 millones en
formación para los exempleados de la Faffe
Desde
la presentación del plan de ajuste, con el que ha disminuido en 2.700
millones de su presupuesto, la Junta repite como un mantra que los
recortes que hace los hace porque no tiene más remedio y que son culpa
del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta afirmación, sin embargo, se
contradice con la definición misma de Gobierno autonómico, pues desde
que comenzó la descentralización administrativa hace ahora treinta años,
las comunidades son las que deciden en sus cuentas dónde se gastan sus
recursos.
Esta
contradicción se aprecia en los recortes que, por ejemplo, ha aplicado
la Junta al sueldo de los funcionarios y que no son generalizados en las
diecisiete comunidades. Pero quizás se aprecie con mayor intensidad en
el conflicto abierto de los promotores de empleo, donde vuelve a
aparecer la sospecha del «enchufismo», aunque aquí como daño colateral.
Los
promotores de empleo son puesto laboral creado en 2011 por el Gobierno
de Zapatero, ante el incremento del paro, para facilitar la mediación
entre trabajadores y empresas, y cuya contratación estaba previsto que
finalizaría en diciembre de 2012. En España hay unos 1.500, de los
cuales algo más de 400 están en Andalucía.
Los
nuevos Presupuestos Generales del Estado han adelantado el final de la
contratación de estos profesionales a junio de este año, motivo por el
cual otras comunidades, como Extremadura, Cataluña, Cantabria, Aragón y
Castilla-La Mancha han decido asumir su coste. Bien es cierto que
algunas como Extremadura cuentan con un plan especial de Empleo del
Gobierno, que permitirá continuar la contratación de estos profesionales
hasta la fecha prevista y que la Junta ha reclamado a Rajoy un plan de
similares características. Sin embargo, el coste de los sueldos de los
algo más de 400 promotores de empleo asciende a seis millones de euros,
una cifra muy inferior, señalan desde este colectivo, a los 37,7
millones que tiene previsto gastar la Junta en formar a trabajadores de
la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La formación
que van a recibir los 1.500 exempleados de la Faffe asumidos por el SAE
es sobre el sistema informático de información laboral Hermes,
precisamente el que utilizan cada día en su trabajo estos promotores de
empleo.
Los
representantes de los funcionarios han definido a la Faffe como uno de
los entes de la administración paralela con mayor volumen de
«enchufados». En ese sentido, señalan que a diferencia de los
extrabajadores de la Faffe, los promotores de empleo son laborales que
han debido superar unas pruebas regidas por los principios de mérito y
capacidad para acceder a su puesto de trabajo.
Por
esta y otras razones, los más de 400 promotores de empleo han planteado
movilizaciones contra la Junta -la más reciente el pasado jueves ante
el Parlamento- para que mantenga los contratos hasta el próximo 31 de
diciembre. Hasta ahora, el consejero de Economía, Antonio Ávila, solo se
ha comprometido a contratarlos tres meses más a partir de junio, aunque
reduciendo su jornada a la mitad. Esto supone que cobrarán la mitad de
su sueldo y que su futura prestación de desempleo también se resentirá.
«Están yendo contra los más débiles», señala una de estas empleadas, y
lo hacen con «la permisividad de IU».
Los
promotores de empleo estaban contratados, fundamentalmente, para
gestionar el plan «Prepara», destinados a parados que hubieran agotado
su prestación por desempleo. Estos percibían una ayuda de 400 euros, a
cambio de recibir formación. Los promotores tramitaban el expediente y
derivaban a los desempleados a Andalucía Orienta. Además, estos
profesionales realizaban tareas rutinarias en el SAE, ante el aumento de
la carga de trabajo por el crecimiento del desempleo a causa de la
crisis.
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