«Que no quede ni rastro», ordenaron en Empleo tras destruir papeles de ERE
Trabajadores de la Consejería fueron exhortados a recoger hasta las botellas de agua y vasos que usaron el domingo 20 de noviembre de 2011
Día 27/02/2012 - 08.03h
El pasado 26 de enero, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre septiembre de 1999 y abril de 2008, Francisco Javier Guerrero, confirmaba a la Guardia Civil una información que ya habían proporcionado otros testigos e imputados del caso del fraude de los ERE: alguien se afanó en destruir documentos cuando se destapó el pastel, en plena investigación judicial. Guerrero declaró textualmente: «Hasta abril de 2008 los expedientes iban completos» para añadir que tiene «conocimiento por funcionarios que no quiere identificar de que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla».
Los investigadores no descartan que se trate de una maniobra de Guerrero para eludir responsabilidades —está imputado por delitos contra la Hacienda Pública—. Pero no es el único que apunta a esta «trituradora», oficial o no, ese aspecto está por dilucidar, que podrían haber puesto en marcha altos cargos de la Junta andaluza. Sus responsables lo niegan y hablan de maniobras de difamación.
No obstante, según ha podido saber ABC, los investigadores cuentan con detalles de cómo, cuándo y dónde se produjo esa eliminación de documentos. Fue el fin de semana del 19 y 20 de noviembre de 2011, en dependencias de la Consejería de Empleo en Sevilla. Esos días, personal laboral de la Junta fue convocado para un trabajo extraordinario por parte de sus jefes. Se pidió discreción total y por supuesto que no quedara ni rastro.
Algunas de esas personas ya han declarado ante la Guardia Civil, unas como testigos y otras como imputadas, y han explicado que se les indicó que «recogieran vasos, botellas de agua y cualquier rastro de que hubiera habido gente en esas dependencias» durante el fin de semana para que nadie advirtiera de la actividad anómala cuando regresaran el lunes al trabajo.
Según fuentes de la investigación, algunos de los trabajadores a quienes se ha preguntado por este asunto se han limitado a asentir y confirmar con la cabeza —«hay que tener en cuenta que peligra su empleo», subrayan—, pero otros han aportado más datos que ayudan a completar la pieza. Es el caso de una imputada por la juez Alaya, María José R. V., quien aseguró que la maniobra de obstrucción, en efecto, se había producido.
Sin embargo, este testimonio clave de la asesora técnica que estuvo a las órdenes directas de dos directores generales de Trabajo no se ha aportado aún a la instrucción porque sigue dando resultados que están permitiendo construir nuevos bloques de investigación.
«Yo no voy a confirmar ni a desmentir porque como comprenderá no tengo en la cabeza la agenda de trabajo de los consejeros», señaló la consejera de la Presidencia de la Junta, Mar Moreno, sobre las informaciones que sitúan al consejero de Empleo, Manuel Recio, y al viceconsejero, Justo Mañas, en la sede de este departamento el domingo en el que supuestamente se destruyeron documentos sobre los ERE irregulares.
Empleo, a través de un comunicado remitido el pasado 21 de febrero, aseguró que «es absolutamente falso que el consejero de Empleo, Manuel Recio, o el director general de Trabajo, Daniel Rivera, hayan consentido, presenciado u ordenado la destrucción de ningún documento en relación a los expedientes de regulación de empleo o ayudas a empresas».
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