Empleo obligó a su personal a retocar los informes del «fraude» de los ERE

Denuncian que el viceconsejero pidió suavizar alusiones a irregularidades. El PP cree que Griñán ordenó destruir papeles y la Junta estudia una querella

El equipo de empleados públicos de la Consejería de Empleo que realizó hace un año la investigación interna sobre los ERE fraudulentos tras estallar el escándalo recibió instrucciones precisas de retocar esos papeles antes de remitirlos a la juez que lleva el caso, Mercedes Alaya. Según revelaron a ABC fuentes de la citada Consejería, fue el propio viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, quien convocó al equipo de trabajadores para darle las directrices de cómo hacer ese trabajo. En primer lugar, les dejaron muy claro que debían limitarse a «buscar intrusos» sin ir más allá. Por ejemplo, no se les facilitó el acceso a la base de datos de la Seguridad Social, imprescindible para comprobar las vidas laborales de los prejubilados. Únicamente les encargaron que hicieran «un muestreo» y, además, les metieron mucha prisa.

Y, en segundo lugar, les dejaron claro que «suavizaran el lenguaje» evitando valoraciones y que «corrigieran» algunos verbos. Por ejemplo si apreciaban alguna vulneración legal, debían sustituirlo por un lenguaje «más aséptico» y limitarse a decir que «sorprende» o «llama la atención», según las mismas fuentes. «Nos dieron orden de retocar el informe y tuvimos que hacerlo», denunciaron varias personas que han permanecido hasta ahora calladas «por miedo a represalias».

Sin embargo, ayer el viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, replicó que es «radicalmente falso» que diera esas instrucciones y aseguró a ABC que se limitó a firmar la resolución para que se iniciara la investigación. «No hubo presiones, ni orientaciones de cómo tenían que hacerlo», apuntó.

Por otro lado, ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, reavivó la polémica sobre la destrucción de papeles de los ERE en la Consejería de Empleo durante un domingo, como avanzó ABC. El dirigente popular señaló directamente al propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su consejero de Empleo, Manuel Recio, por la destrucción de documentos comprometedores sobre el «fondo de reptiles», la partida 31-L que utilizaba la Consejería para pagar ayudas a empresas en crisis y despidos de trabajadores. En rueda de prensa, el dirigente popular se mostró «convencido» de que la eliminación de pruebas y falsificación de expedientes se llevó a cabo «por instrucciones» del mandatario andaluz. «Tenemos una convicción, pero no he afirmado», matizó después a preguntas de los periodistas. «Era un secreto a voces que se habían borrado documentos», indicó Sanz. Preguntó a Recio si estuvo en las instalaciones de la Consejería, junto a su viceconsejero, Justo Mañas, el domingo 21 de noviembre de 2010, cuando supuestamente se empleó la «trituradora». «Si es así y él estuvo cuando se estuvieron rompiendo papeles, debe dimitir al minuto».

El Gobierno andaluz envió ayer dos comunicados, primero, la Consejería de Empleo y, horas después, la de Presidencia, para desmentir «rotundamente» que «se hayan destruido documentos» relacionados con la investigación de las irregularidades y anunció que estudia acciones judiciales contra Sanz «por acusar al presidente de la Junta». Empleo, por su parte, negó que Recio o el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, «hayan consentido, presenciado y ordenado la destrucción de ningún documento» y atribuvó la denuncia del PP a una campaña de «difamación».