La Ley de Transparencia andaluza se gesta en medio de la opacidad
Día 22/07/2013 - 09.08h
Los sindicatos rechazan la creación de la nueva agencia, que contará con un director y una comisión consultiva
Julio muñoz
Una de las apuestas fuertes del Gobierno andaluz para esta legislatura es la Ley de Transparencia Pública de Andalucía que pretende, en palabras de la consejera de Presidencia, Susana Díaz,
«recuperar la confianza del ciudadano en lo público». Pero el
anteproyecto de la nueva norma deja en el aire cuestiones como el coste
que supondrá su puesta en marcha. A esto se suma el riesgo de que lo que
se presupone que es un instrumento que debe estar regido por la
independencia se utilice como arma política y no sea todo lo efectivo
que se desearía.
La ley nace al mismo tiempo que el Ejecutivo central
desarrolla otra norma de carácter estatal que afecta al mismo ámbito, el
de la transparencia de las administraciones públicas. Esto puede
explicar la celeridad con la que se ha dado el visto bueno al
anteproyecto, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de junio. Pero el documento contiene aspectos poco precisos.
Dotación presupuestaria
Uno de ellos es la dotación presupuestaria con la que
contará la ley. En la memoria económica del anteproyecto se reconoce que
actividades que desarrollará la futura ley como la publicidad, el «fomento de la transparencia»
o el derecho de acceso a la información pública «pueden tener
repercusión económica». Sin embargo, la memoria económica matiza que la
mayoría de estas funciones «no supondrán aumento del gasto» ya que se
llevarán a cabo con los recursos materiales y personales de los que ya
dispone la Junta de Andalucía. En todo caso, el documento contempla que
aspectos como la formación podrán ser financiados a través de las
partidas generales de los presupuestos.
Pero la memoria económica ya no es tan clara cuando aborda
la creación de la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía, un órgano que contará con la figura de un director y con una
comisión consultiva. Para valorar el impacto económico de este órgano,
la memoria emplaza a la aprobación de sus Estatutos por el Consejo de Gobierno, lo cual se producirá una vez que se apruebe la ley, previsiblemente a finales de este año.
A día de hoy se desconoce cuánto supondrá para las arcas de
la Junta la puesta en marcha de esta agencia. Por eso sindicatos
sectoriales ya han dado la voz de alarma. Tanto CSI-F Andalucía como el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF)
han presentado sus alegaciones al anteproyecto de ley. Ambas entidades
rechazan de plano la creación de esta agencia que, según dicen,
incrementará la administración paralela de la Junta y supondrá un coste
que se puede ahorrar con el personal funcionario.
«No es de recibo que se cree una agencia o un observatorio para
cualquier tema cuando hay trabajadores públicos suficientemente
preparados», considera Francisco Iglesias, secretario de Acción Sindical
de CSI-F Andalucía.
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