Andalucía / CASO ERE
La defensa de los imputados de los ERE abre la brecha entre PSOE e IU
Día 10/07/2013 - 14.51h
Susana Díaz afirma que sólo se pagará la defensa de aquellos que resulten inocentes, mientras que Diego Valderas asegura que «por coherencia» no se hará
Las
declaraciones del portavoz del gobierno acerca de la defensa por parte
de la Junta de los altos cargos imputados en el caso de los expedientes
de regulación (ERE) fraudulentos ha provocado la primera escisión en el
seno del Consejo de Gobiernos. De un lado, Susana Díaz, consejera de la Presidencia y de Igualdad de la Junta de Andalucía, se ha mostrado partidaria de la medida aunque ha concretado que sería para aquellos que «resultaran inocentes». Por su parte, Diego Valderas,
vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y
Relaciones Institucionales, ha declarado que, «por coherencia», la Junta
no se hará cargo de la defensa de ningún imputado en los ERE.
Díaz, que ha inaugurado este miércoles el Centro de Ingeniería e Innovación Aerospacial en La Rinconada, ha afirmado que «lo razonable y lo lógico» sería que el Gobierno autonómico abonara la defensa jurídica de aquellos altos cargos de la administración que «resultaran inocentes» al final del proceso que la jueza Mercedes Alaya tiene
abierto por el caso de los ERE irregulares. En declaraciones a los
periodistas, la consejera ha señalado que serán «los servicios jurídicos
los que tienen que responder individualmente en cada caso».
La consejera socialista se ha pronunciado así sobre la referencia que este martes hizo tras el Consejo de Gobierno el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, a la existencia de una norma que regula la asistencia jurídica a las «autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía».
Valderas niega, por «coherencia» la defensa de la Junta
Por otro lado, , Diego Valderas, ha querido dejar claro que la Junta «no se va a hacer cargo de ninguna defensa» de
altos cargos imputados en el caso de los ERE, ni de manera directa ni
indirecta, y ha recordado además que la administración autonómica es
acusación, lo que supone una «cierta incompatibilidad desde el punto de vista de político» que no permite que se haga cargo de esa defensa.
Valderas se ha mostrado incluso convencido de que nadie va a solicitar la defensa de la Junta,
aunque tuviese derecho, y de que «la coherencia del propio Consejo de
Gobierno le lleva a no tener ninguna previsión de actuar con fondos
públicos en la defensa de nadie». «Estoy convencido de que la Junta, por
propia coherencia, no puede entrar en ese camino», ha señalado el
vicepresidente de la Junta.
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