El PP valora
positivamente la Reforma de la Administración Local para el buen funcionamiento
del los servicios sociales
- Patricia del Pozo: “Con la reforma se consigue mayor ahorro con mejores servicios bajo la premisa una administración una competencia”
- “Debemos vigilar para que la Junta cumpla con su cometido y ofrezca unos servicios sociales ajustados a las necesidades de la provincia”
- Por primera vez, se garantizará por Ley la financiación de estos servicios
El Partido Popular de Sevilla ha defendido la
importancia de la Reforma de la Administración Local para el buen
funcionamiento de los servicios sociales así como para ofrecer un servicio de
calidad a los usuarios cumpliendo, además, con el objetivo una administración
una competencia.
La parlamentaria del PP por Sevilla, Patricia del
Pozo, ha afirmado que “con esta Reforma se aclaran de una vez las competencias
que corresponden a los ayuntamientos, debiendo la Comunidad Autónoma asumir
todo lo referente a Servicios Sociales. Por primera vez se garantiza el coste
financiero de estos servicios y se ofrecen varias posibilidades en caso de que
la Comunidad no quiera asumirlos en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de la Ley”.
Del Pozo ha visitado a los usuarios del Centro
Ocupacional de Minusválidos ‘Siete Millas’ en Lora del Río. Esta visita ha estado
motivada “por la campaña de desprestigio y miedo llevada por el PSOE local a
esta asociación tras advertirles en innumerables ocasiones que con la Reforma
iban a quedar desprotegidos y sin servicio”.
“Cuando la nueva Ley entre en vigor, la Junta tendrá
un año para asumir las competencias en materia de servicios sociales que
prestan muchos de los ayuntamientos sevillanos. Si no lo hace, pasarán a ser
prestados por los ayuntamientos con cargo a financiación autonómica. Por tanto,
esta ordenación de las competencias no va a perjudicar en absoluto a los
dependientes o asociaciones y centros de minusválidos sino todo lo contrario,
que una misma administración sea la que ofrezca todo el servicio supone una
mayor especialización y mayor calidad en la atención”.
“Se acabó esa práctica tan habitual en Andalucía de
que los ayuntamientos se ven obligados a prestar servicios que no les
corresponden sin que la Junta les traspase la financiación oportuna. A partir
de ahora, si la Junta no asume la competencia y tampoco paga al Ayuntamiento la
prestación del servicio, será el Gobierno de la Nación el que retendrá de sus
transferencias ese dinero a la Junta y lo ingresará directamente al
Ayuntamiento”.
“Para años sucesivos, la Reforma ofrece también a los
ayuntamientos la posibilidad de conveniar estos servicios con la Junta de
Andalucía, con la misma garantía de pago por parte del Estado en caso de
incumplimiento. Y, finalmente, la nueva Ley también permitirá que los
ayuntamientos que así lo decidan puedan mantener esta competencia como impropia
y que gestionen los servicios sociales por sí solos si financieramente pueden
asumirlo y son eficientes”
La parlamentaria sevillana también ha afirmado que
“Desde el PP estamos y estaremos en alerta para garantizar que la Junta cumpla
con su deber de prestar unos servicios sociales de calidad y unos servicios
sociales ajustados a las necesidades de la provincia, porque es precisamente
esta administración la responsable de dar cobertura a los sevillanos en materia
de servicios sociales”.
Finalmente, Del Pozo ha recordado que, “aunque todos
sabemos que los ayuntamientos y los colectivos sociales llevan años gestionando
estos servicios, ahora casi insostenibles por la falta reiterada de pago por
parte de la Junta, esperamos que en esta ocasión la Junta sí cumpla con su
obligación de asumirlos. Y, si no lo hace, que al menos cumpla con su
obligación de pagarlos a los ayuntamientos”.
Con la reforma, “el servicio será de mayor calidad y
la Junta estará obligada a ofrecer el servicio ya sea en la gestión o en el
pago ya que con la reforma del PP si no se asumen los servicios y tampoco se
cumple con la obligación de pago, será el Estado el que por primera vez
garantizará el cobro a los ayuntamientos reteniendo a la Junta el dinero de las
transferencias e ingresándoselo a los consistorios”
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