UGT usó sus empresas estatales para duplicar las comisiones de los ERE

Las mediadoras de los Expedientes fraudulentos andaluces pagaban a las federaciones y luego a sociedades inscritas en Madrid por trabajos ficticios

efe

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, durante una rueda de prensa

El rastro que han dejado los pagos de 7,6 millones de euros a los sindicatos por su «participación» en los ERE fraudulentos de Andalucía evidencia que UGT cobró dos veces por los mismos Expedientes de Regulación de Empleo. Por un lado se llevaban comisiones las federaciones del sector correspondiente a la empresa que acometía los despidos y, simultáneamente, aparecían tres sociedades cien por cien propiedad de UGT estatal (Temiqui, ASP e ITG), domiciliadas en Madrid, que también cobraban.

La Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que para percibir esos pagos se emitieron facturas falsas: las sociedades del sindicato que encabeza Cándido Méndez cobraban por servicios que, por ley, no les correspondían.

La ruta del dinero presuntamente malversado siempre era la misma. La Junta de Andalucía entregaba las subvenciones a las empresas mediadoras, las aseguradores Uniter y Vitalia. Éstas, para asegurarse la aprobación de los despidos y las prejubilaciones, entregaban a los sindicatos una comisión que iba del 0,5 hasta el 2 por ciento del total del Expediente de Regulación de Empleo. Los dirigentes sindicales y los de las mediadoras acordaban el modo de pago y ahí es donde aparecen las duplicidades.

Entre las decenas de transferencias destapadas por la Guardia Civil son significativas las realizadas por Vitalia entre 2006 y 2008. Un claro ejemplo es el traspaso de 11.618,79 euros a la Federación Regional de MCA (Metal, Construcción y Afines) de UGT el 16 de enero de 2006. Tres meses después, desde la misma cuenta de Vitalia salen 27.965,97 euros hacia la empresa ITG (Industria de Técnica y Gestión S.L.). ITG es una sociedad domiciliada en la sexta planta del emblemático edificio de la UGT en Madrid (Avenida América 25). El cien por cien de sus acciones pertenecen a la Federación Estatal de Metal, Construcción Afines. Es decir, cobra UGT en Andalucía y una sociedad de la misma federación de UGT lo hace en Madrid.

El 16 de junio de 2006, la Federación Regional de MCA se lleva otros 44.541,09 euros; el 20 de julio, sólo un mes después, ITG percibe de la misma cuenta 26.203,41 euros.

Transferecias simultáneas

El esquema se repite una y otra vez. La Federación de Industria (FIA-UGT) percibió de Vitalia el 30 de marzo de 2006 una transferencia de 91.093,12 euros. Poco después surgen pagos a la mercantil Temiqui, cien por cien controlada por esa misma federación estatal, hoy denominada FITAG (Industria y Trabajadores Agrarios). Así, Temiqui recibe giros de 29.718,74 euros en octubre de 2006; 5.167,63 en noviembre; 20.768,64 en abril de 2007 y 10.994,34 en mayo de ese año.

El presidente de Temiqui es un dirigente estatal, Antonio Deusa, secretario general de la FITAG. La juez Mercedes Alaya estudia imputarlo después de que la Guardia Civil le solicitara que lo cite a declarar sobre estos pagos (también por haber recibido regalos de las mediadoras). Un informe incluido en el sumario sostiene que Temiqui cobró del grupo Vitalia 439.072,33 euros, que se suman a los 188.752,90 que le abonó la otra mediadora, Uniter, todo con origen en subvenciones de la Junta de Andalucía. Entre los detenidos por los ERE está el dirigente de la FITAG en Cádiz Salvador Mera, que fue consejero de Temiqui. Esta firma cobró de las mediadoras Vitalia y Uniter un total de 627.825,23 euros por su «participación» en los ERE.

Los movimientos de dos cuentas de Vitalia también reflejan pagos de Vitalia a la Federación Agroalimentaria de UGT (FTA), que pertenece a la citada FITAG que maneja a Temiqui. La Guardia Civil es contundente respecto a los fondos que se llevó Temiqui. Esta empresa facturaba «asesoramiento», pero en realidad estaba enmascarando «gastos del sindicato en las concentraciones y asambleas», por lo que «se podría interferir que las facturas sean falsas», sostiene la UCO, como adelantó ABC.

Entre Temiqui, ITG y ASP Correduría de Seguros (participada por UGT) se embolsaron dos millones de euros en comisiones. En el caso de ITG, la Guardia Civil está investigando un desfase de casi 600.000 euros: la empresa «ugetista» declaró a Hacienda haber percibido 444.365,14 euros del grupo Uniter, pero las transferencias cotejadas por los investigadores ascienden a 1.041.970,04 euros.

En el caso del ERE de la empresa Pickman-La Cartuja vuelve a llamar la atención que haya una transferencia de 1.800 euros a la Federación de MCA de UGT y otros 1.800 a Temiqui.

En el fondo, las mediadoras abonaban comisiones para que el sindicato aprobara los ERE. Una testigo aseguró a la Guardia Civil que había que abonar las «mordidas» porque «si un sindicato dice que no se hace (el ERE), no se hace».

La estrategia de Cándido Méndez pivota sobre la «independencia» de las federaciones regionales, pero lo hechos son irrefutables: empresas propiedad de ese sindicato cobraban de los ERE fraudulentos. Por si esto fuera poco, el responsable de Uniter, José González Mata, imputado por la juez Alaya, declaró en el Parlamento andaluz que «casi el cien por cien, el 80 por ciento de mis negociaciones son con los sindicatos CC.OO. y UGT siempre en Madrid».

Los ERE investigados por la Guardia Civil no sólo son fradulentos por los millones de euros de la Junta que se fueron en «sobrecomisiones», sino también porque en las prejubilaciones se incluía a familiares y amigos que jamás habían trabajado en esas empresas. El encargado del fraude era el ugetista Juan Lanzas, en cuyo domicilio había billetes como «para asar una vaca», según el testimonio de su propia madre.

El entramado de UGT

ABC ya publicó en enero de 2012 que UGT maneja un entramado de empresas que suma 90 millones de euros en activos. El sindicato tiene prohibido por ley realizar actividades con ánimo de lucro: por eso crea sociedades mercantiles. No existe un balance de grupo consolidado -como el que presentan los grupos empresariales- que permita controlar la totalidad de los activos de la organización que encabeza Cándido Méndez.

Las abundantes irregularidades de los fondos de los ERE también afectan de lleno a Comisiones Obreras. El sindicato de Fernández Toxo también utilizó empresas estatales para cobrar comisiones, al tiempo que se han descubierto cuatro pólizas de los ERE cuyas comisiones se abonaban a CC.OO. en Andalucía y en Madrid.