Andalucía / irregularidades
Invercaria prestó 300.000 euros de dinero público a una empresa con dos folios a boli
Día 03/05/2013 - 07.55h
La sociedad de la Junta de Andalucía financió a Fumapa SL en 2008 a sabiendas de que la documentación era «insuficiente»
Dos folios con anotaciones manuscritas sobre los activos de
la empresa y cuentas hechas a mano. Este material tan rudimentario le
bastó a Invercaria para conceder un préstamo de 300.000 euros el 23 de julio de 2008 a la empresa Fumapa SL, que fabricaba piezas para la factoría automovilística Santana Motor en
Linares, que la Junta, su propietaria, cerró en febrero de 2011. Fumapa
SL, especializada en la fabricación de piezas y utillajes en el sector
de la automoción, corrió una suerte pareja a la de su principal cliente.
De resultas de esta ruinosa operación, Invercaria,
la empresa de la Junta de Andalucía dedicada a respaldar proyectos
mediante el capital riesgo, perdió el dinero que había prestado a la sociedad ubicada en La Carolina (Jaén), municipio donde fue alcalde Francisco Vallejo (PSOE), entonces consejero de Innovación y de quien dependía la empresa pública.
Un informe interno de Invercaria, sin firma y fechado dos meses antes de formalizarse el préstamo, alertó de que la documentación aportada por Fumapa era «limitada e insuficiente». Aun así, la sociedad pública autorizó la operación.
Fumapa SL es un caso paradigmático del descontrol que reinó
desde 2005 hasta 2010 en la empresa de capital riesgo, que está siendo
investigada por el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla y acumula ya siete imputados. Entre ellos está el expresidente de la sociedad durante esta etapa, Tomás Pérez-Sauquillo, acusado de malversación y falsedad. El máximo responsable actual de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, admitió en sendos escritos enviados al juez que instruye el caso que hasta 2010 no había norma para decidir las inversiones y préstamos millonarios, como adelantó ayer ABC. Fumapa SL es el vivo ejemplo de este «modus operandi», muy similar al que funcionaba con el polémico fondo de los ERE, que se prolongó durante cuatro años y medio.
El expediente sobre la fábrica carolinense aportado por la sociedad pública al juez Juan Gutiérrez Casillas se
limita a dos folios manuscritos donde se anotan las compras y proyectos
realizados por la sociedad desde 2005 hasta 2008, la fecha en la que
solicita el préstamo. Tales datos son recabados durante una reunión que
mantienen en Sevilla Pérez-Sauquillo y responsables de la fábrica el 8 de abril de 2008.
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