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Carmen Martínez Aguayo: la guardiana en apuros

ANTONIO R. VEGA / sevilla

Día 25/04/2013 - 11.40h

Su inmolación para salvar a Griñán en el caso de los ERE, las meteduras de pata y los negocios de su marido ponen a Aguayo, mano derecha del presidente, contra las cuerdas

JUAN FLORES

La consejera Carmen Martínez Aguayo, este miércoles en el Parlamento andaluz

La Thatcher del Gobierno andaluz no es de hierro. El asedio del caso de los ERE y los dudosos negocios como «asesor urbanístico» de su marido con un alcalde condenado por corrupción han colocado contra las cuerdas a la mano derecha del presidente, José Antonio Griñán. La rígida y obstinada determinación de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo (Madrid, 1953), le granjeó el apodo de «Dama de Hierro» entre los sindicatos, donde no goza precisamente de mucha simpatía. Los funcionarios le declararon la guerra cuando impuso en 2011 la polémica reordenación del gigantesco aparato burocrático de la Junta.

Calderón

 

 

Con la difunta primera ministra británica comparte un origen humilde (su padre empezó de pintor de brocha gorda) y una disposición natural a despertar sentimientos polarizados. Odiada por los funcionarios, adorada por Griñán. Con Aguayo no hay término medio. Compone junto a Antonio Ávila la guardia pretoriana del presidente, el círculo de su máxima confianza desde la etapa en que Griñán llegó a la Consejería de Economía y Hacienda en 2004 y la nombró viceconsejera de Hacienda.

«Yo recibí los informes y nunca se los dí a Griñán», dijo para exculparlo

Desde que saltó el escándalo de los ERE, la consejera «tecnócrata» se ha convertido también en su ángel de la guarda, el pararrayos en el que descargó sus responsabilidades. Con tal de salvar a Griñán del fuego cruzado al que le sometieron el PP e IU en la anterior legislatura, Aguayo no dudó en hacerse el harakiri político con una confesión tan desconcertante que en cualquier país nórdico o germano habría precipitado la presentación de su renuncia «ipso facto». «Yo recibí los informes y nunca se lo comenté», reconoció Aguayo sobre las contundentes advertencias del interventor, dirigidas a Griñán, contra el sistema de ayudas a prejubilados. En aquella rueda de prensa posó al lado de un carrito de supermercado cargado de archivadores. «¿Alguien piensa que yo me leo todo eso?», dijo los periodistas. Pero, no sólo ejerció de «archivera», su comprometedora firma figura en la orden de cesión al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas de una parcela, regalada a su vez a Ángel Rodríguez de la Borbolla para montar una fábrica con ayudas de los ERE que nunca existió. Para completar el círculo, en un ataque de franqueza, Aguayo proclamó ante las cámaras que los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández tienen responsabilidad política «sin duda», haciendo saltar por los aires el férreo guión del PSOE en el caso.

Su marido fue denunciado por cohecho y tráfico de influencias

Cuando aún no se han apagado los rescoldos de la tensión interna que provocaron sus declaraciones entre los «chavistas» y «griñanistas», irrumpe en la escena su marido, Manuel Caramé, que es «asesor urbanístico autorizado», según la titulación otorgada por su esposa. Las hemerotecas han venido a recordarle que el equipo del PSOE en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), para el que trabajaba como técnico, lo denunció por cohecho y tráfico de influencias al pactar con un constructor una comisión de 10 millones por recalificar unos suelos. Este turbio episodio ocurrió antes de conocerla a ella. El concejal de Urbanismo tuvo que dimitir por este asunto en 1994. Pero ésta no es una opción que se le haya pasado por la cabeza a Aguayo, que ha hecho de la resistencia su religión.