Una ex alto cargo de Empleo admite que solo las empresas cercanas al poder obtenían subvenciones
La juez Mercedes Alaya ha preguntado a la imputada si cree que el presidente de la Junta conocía el sistema de ayudas de los ERE
La imputada en el caso de los ERE Lourdes Medina, que fuera secretaria general técnica de la Consejería de Empleo entre 2008 y 2012 admitió este miércoles ante la juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE fraudulentos que solo las empresas «que
estaban mas cerca de la administración o de sus intermediarios,
incluidos los sindicatos, eran las que se beneficiaban de ayudas». Lo reconoció durante su declaración ante la instructora según el acta de la comparecencia a la que ha tenido acceso ABC.
Pero la instructora del sumario también hizo a la ex alto cargo preguntas de gran calado. Así según el acta, le preguntó: «¿Cree que el viceconsejero, y más tarde consejero de Presidencia, el presidente de la Junta y el resto de miembros del Consejo de Gobiermo sabían del nuevo sistema de concesión de ayudas porque no se trataba de una conversación de pasillo sino de un tema de importancia para intervenir en la economia andaluza?». La imputada dijo que creía que nadie lo conocía.
Alaya, que imputó tres delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delito a Medina Varo,
asegura que la ex alto cargo fue una de las impulsoras del sistema de
concesión de ayudas sociolaborales en la que se prescindió hasta abril
del 2011 del procedimiento legal. Un sistema que, según la juez, perduró
durante une decada y que desde el comienzo fue «absolutamente discrecional repartiéndose
millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical
bien para supuestas inversiones que no se controlaba, bien para la
prejubilicación de sus trabajadores».
Un sistema que, según Alaya, siendo presuntamente ilegal, degeneró en mayores desviaciones a través de múltlipes subvenciones concedidas a empresas sin actividad creadas para percibir tales ayuda o bien subvenciones individuales «para personas cercanas a los circulos de poder
o para aquellas que eran introducidas dentro de las polizas de
prejubilación de trabajadores sin haber pertenecido nunca a las mismas o
contratadas fraudulentamente muy poco tiempo antes de la aprobación del
ERE para beneficiarse de la renta de prejubilación que financiaba la
Junta de Andalucia».
Financiación sin control como política económica
Esa financiación sin control pasaría a ser desde el año 2000 uno de los intrumentos de la politica económica de la Junta de Andalucía.
Además, según la juez, el procedimiento no era una mera decisión formal
sino que era «de fondo pues el uso de las tranferencias de financiación
implicaba una ausencia absoluta y radical del procedimiento».
Además según la juez, la imputada debió tener conocimiento
de la subvenciones a las empresas del señor Trujillo (el chófer de
Guerrero) y que eran «para uso personal de este mismo». y tamben de las múltiples subvenciones a empresas de la Sierra Norte de Sevilla del entramado de José Enrique Rosendo y empresas que se constituyeron poco antes de recibir las subvenciones careciendo la mayoría de actividad y de trabajadores.
Igualmente la juez la imputa por tener conocimiento de la
encomienda de gestión de l 27 de abril de 2010 con la que solo se
pretendía «un cambio de denominación para mantener el sistema idéntico».
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