Andalucía / administración pública
El extraño retorno de los asesores de empleo
Día 12/01/2014 - 08.18h
Los afectados denuncian por carta su contratación irregular y el impago de las nóminas
El retorno a sus puestos de trabajo de los asesores y
promotores de empleo no está siendo todo lo feliz que esperaban después
de que varios juzgados anularan sus despidos a finales de 2012 por parte
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) condenándolo a reincorporarlos.
Estos trabajadores, que protagonizaron sonadas protestas contra el
desmantelamiento de los servicios que utilizaban los desempleados para
actualizar su demanda o reclamar ayudas, han descubierto nada más
aterrizar que el organismo dependiente de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige José Sánchez Maldonado, les aplica el convenio de los trabajadores subrogados procedentes de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que ya está disuelta.
Este organismo aparece como extinguido desde mayo de 2011
de resultas de la reordenación del sector público, denominada por los
funcionarios como «ley del enchufismo». Los afectados, que suman cerca
de cincuenta en toda Andalucía, han denunciado en una carta dirigida al delegado provincial de Economía en Córdoba, José Ignacio Expósito,
que su reincorporación es «irregular», porque ésta no se ha producido
en las mismas condiciones que tenían cuando fueron despedidos, recogidas
en el VI convenio que rige para el personal laboral adscrito al SAE.
Se trata de una situación, cuando menos, anómala, puesto
que a todos los efectos figuran como trabajadores procedentes de una
fundación que ya no existe. Esto implica que sus nóminas las gestionan el departamento de recursos humanos de los antiguos «faffe». El código de cuenta de cotización empresarial es también el del personal absorbido del extinto ente instrumental.
La Faffe forma parte de la administración paralela de la Junta. Con su liquidación, los 1.556 trabajadores que tenía en nómina pasaron al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El traspaso fue anulado por una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA), decisión que fue corregida después por el
Tribunal Supremo.
No termina ahí el historial de agravios que desgranan los
trabajadores en la misiva, facilitada a ABC, que presentaron en el
Registro de la Delegación de Economía en Córdoba el pasado miércoles. El
SAE, que en 2013 envió al paro a 413 asesores y promotores de empleo,
tampoco está abonando nóminas a algunos de los reincorporados en las
provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Cádiz.
Uno de los afectados por los impagos denuncia en su carta que «a fecha
de hoy [por el miércoles pasado] no he cobrado aún mi nómina del mes de
diciembre de 2013». Argumenta que «el resto de compañeros de dicho
organismo (excepto los 14 trabajadores que hemos sido reincorporados por
sentencia judicial) han cobrado la misma en la segunda quincena de
dicho mes de diciembre, y a pesar de mis reiteradas preguntas no consigo
que nadie me dé una explicación» del retraso.
Este empleado fue contratado por el SAE en el mes de
diciembre después de que el Juzgado de lo Social número uno de Córdoba
declarara nulo su despido el 30 de junio pasado y condenara al servicio
público de empleo a abonarle los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cese. El organismo autonómico también adeuda a estos trabajadores los salarios de tramitación.
Los asesores denuncian un «trato desigual discriminatorio y
en algunos casos vejatorio», ya que no ha cobrado sus honorarios en su
centro de trabajo. La Junta atribuye el desmantelamiento de los servicios de empleo
a la reducción de transferencias procedentes del Estado y a la negativa
del Gobierno central a aprobar un plan especial de empleo como el de
Extremadura o Canarias.
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