Cabezera

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viernes, 2 de agosto de 2013

La sombra de la imputación por los ERE amarga las vacaciones a Griñán y Chaves

La sombra de la imputación por los ERE amarga las vacaciones a Griñán y Chaves


El presidente andaluz, José Antonio Griñán (izda), conversa con su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. (EFE) 
El presidente andaluz, José Antonio Griñán (izda), conversa con su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. (EFE)

Espada de Damocles. José Antonio Griñán y Manuel Chaves no van a dormir tranquilos al menos la primera quincena de agosto. Saben que en cualquier momento la juez Mercedes Alaya puede pedir la imputación en el caso de los ERE falsos. Sólo Alaya sabe el día que lo hará y puede que no sea este mismo mes, sino en septiembre o en octubre, tras tomar declaración a imputados relevantes como la exconsejera y ex ministra Magdalena Álvarez. Lo que ya nadie duda es que Chaves y Griñán (que anunció su marcha por razones personales y para no tener que dimitir tras una posible acusación de Alaya) serán imputados.
Aunque de manera oficial Alaya se toma vacaciones a partir de hoy, fuentes judiciales consultadas por El Confidencial confirman que la magistrada cuenta con medios en el juzgado para emitir un escrito para solicitar al Tribunal Supremo la imputación en la primera quincena de agosto. “En la segunda quincena ya es mucho más difícil, porque los funcionarios que están a su cargo cogerán unos días de descanso”, añaden estas mismas fuentes.
El PSOE-A ya ha dado por amortizada la imputación de Griñán y no se ha pronunciado por la probable de Chaves. Es más, el partido en Andalucía, en boca de su vicesecretario general, Mario Jiménez, sostiene que esta misma semana se procederá a la imputación y desea que el caso llegue ya cuanto antes al Tribunal Supremo, una instancia judicial que los socialistas andaluces ven mucho más fiable que la instrucción de Alaya, sobre todo, tras los casos de José Blanco y Jaume Matas.
Las polémicas declaraciones del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, sobre la presunta “imparcialidad” de la juez han enturbiado aún más la difícil relación de la Junta de Andalucía con la magistrada sevillana. Y aunque el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, haya respaldado al exfiscal De Llera al resaltar el “respeto a la libertad de expresión” del consejero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al titular de Justicia de la Junta que se abstenga de efectuar comentarios sobre la labor de la juez.
La juez Alaya a su llegada a los Juzgados de Sevilla. (EFE) 
Lera ya protagonizó otra polémica en 2012 cuando ironizó sobre la capacidad de trabajo de la instructora de los ERE falsos. “Como consejero respeto a las decisiones de la juez Alaya, aunque como jurista no las comparta; trabaja mucho, muchísimo, no sé de dónde saca tiempo para estudiar tantas cosas como estudia. Y confío mucho en ella, porque es muy trabajadora; lleva para adelante varios casos muy complejos. Y encima sigue guapa”.
Alaya contra Mohedano
Al margen de la polémica, la juez prosigue su trabajo. Alaya notificó ayer al mediodía a la partes un auto en el que impedía que el abogado José María Mohedano pudiera defender a dos imputados. Mohedano es representante legal de Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia de la Junta y ex director general de Presupuestos; y de Buenaventura Aguilera, sucesor de Lozano. “Esta es una decisión nueva y gravemente vulneradora del derecho a la defensa y a la libre elección del abogado en el proceso penal”, indicó Mohedano en declaraciones a El Confidencial. “Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso alguna sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla”, añade el letrado madrileño, que denuncia la “corruptela procesal” de Alaya.
Mohedano interpuso un recurso ante la juez insistiendo en la “vulneración del derecho a la libre elección del abogado a que conduce esta decisión de la Juez que se sustenta paradójicamente en la necesidad de garantizar el derecho a un proceso justo y sin dilaciones”. “En realidad”, añade Mohedano, “toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que precisamente lo que puede producir las dilaciones indebidas es precisamente que las distintas partes litiguen bajo distintas defensas y por eso y para evitar esas dilaciones se les ha obligado en ocasiones a litigar bajo una misma defensa y representación”.

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